Elecciones 2025: ¿Qué implica que haya un candidato a presidente en Carondelet?

Luego de una agitada época en la que ningún presidente ecuatoriano lograba culminar su mandato, el régimen del ahora expresidente Rafael Correa, condenado por el caso Sobornos, llegó como un periodo de aparente tranquilidad y estabilidad que se prolongó por diez años.

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Durante esa década, en la que Correa logró reelegirse en dos ocasiones, el país fue testigo de los claroscuros, e incluso abusos, que puede implicar tener un candidato que gobierna como presidente desde el Palacio de Carondelet, advierte el político y excandidato presidencial César Montúfar.

Guardando las distancias del caso, pues apenas tiene seis meses en el poder, la posible postulación del presidente Daniel Noboa a las elecciones de 2025 motiva a observar el caso de Correa en retrospectiva, para intentar marcar la cancha entre el trabajo de un mandatario y los intereses de un candidato, sostiene Montúfar.

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Entre los varios riesgos que para él implica tener un presidente candidato está el borroso límite entre un acto de gobierno y uno proselitista. “Todas las actividades, políticas y actuaciones se inscriben en un marco electoral. Es decir, no se sabe si es un presidente gobernando o en campaña”.

En el caso particular de Noboa, el consultor político Gustavo Isch, exsecretario de Comunicación, anota que todo su mandato está siendo un acto de campaña electoral, sobre todo porque en varias ocasiones el presidente ha dicho que su proyección era para 2025 y ha mostrado su intención por seguir.

Ejemplo de ello, dice Isch, es el informe a la nación del pasado 24 de mayo, en el que el presidente Daniel Noboa trazó la narrativa del resto de su periodo, que muy probablemente servirá como base para su eventual campaña electoral en los comicios presidenciales de febrero de 2025.

Más allá de ser una indelicadeza, para Montúfar la mezcla de los actos gubernamentales con los proselitistas también implica un mal uso de los recursos públicos. “No solo hay que verlo como el uso de bienes o de funcionarios públicos, sino de posibles actos de corrupción, como lo demostró el caso Sobornos”.

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Isch y Montúfar coinciden en que la principal consecuencia de este escenario es que el presidente candidato termina teniendo una ventaja sobre el resto de aspirantes, irrespetando el principio de igualdad de condiciones, el cual debería ser garantizado por la autoridad electoral.

Sin embargo, el excandidato presidencial reconoce que este es solo un caso del conjunto de circunstancias que sobrepasan las capacidades del Consejo Nacional Electoral, ya que “no está constituido para estos retos” y sus acciones se ven limitadas en tiempos en que el ejercicio de la política ha cambiado.

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Esta otra arista, la falta de control a los abusos que puede cometer un presidente candidato, acarrea el peligro de caer en un régimen que acude al populismo y al autoritarismo para validarse, analiza el consultor político y exsecretario de Comunicación.

Ante este escenario, Montúfar considera que a la ciudadanía solo le queda apelar a la integridad de quien estando en el poder decide lanzarse a la carrera electoral sin abusar de su condición de ventaja.

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