Elecciones 2025: Candidatos apuntan a más eficiencia en el gasto estatal

Desde septiembre EXPRESO busca que los candidatos presidenciales respondan en torno a temas que deberán manejar en caso de triunfar en las elecciones de febrero de 2025. En esta ocasión les consultamos qué medidas adoptaría cada uno para reducir el hueco fiscal: ¿acudir a multilaterales, reducir el número de empleados en el sector público o ambas? Y les pedimos que argumenten sus opciones.

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En esta ocasión, siete de los 16 candidatos contestaron. Uno de ellos, Jorge Escala, de Unidad Popular, señala que él pedirá una moratoria de la deuda a los multilaterales. Y en eso coincide con Jimmy Jairala, de Centro Democrático, quien en varias ocasiones subraya la necesidad de buscar un reperfilamiento de la deuda. Además, el profesor Escala confirma que no despedirá a servidores públicos. Para él, lo prioritario será conseguir recursos cobrando las deudas en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI), entre otros impuestos.

Acceder a financiamiento de multilaterales

Andrea González, por Sociedad Patriótica, en la orilla opuesta, no descarta hablar con los multilaterales. Pero ella habla de la reducción de trámites burocráticos para inversionistas.

Por su parte, Carlos Rabascall, presidenciable por Izquierda Democrática, le apostaría a la optimización y eficiencia en el gasto público. Por ejemplo, propone simplificación y digitalización de algunos trámites, además de reformas tributarias y fortalecimiento del empleo.

Henry Cucalón, de Construye, es partidario de transparentar el uso de los recursos públicos, lo que incluye al Gobierno central, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), IESS y empresas públicas. También habla de reformas estructurales.

Jan Topic, de SUMA, y Francesco Tabacchi, de CREO, también irían por la reducción del gasto estatal, sin que eso implique tocar los recursos para sectores como educación, salud y seguridad. No ven prudente solicitar más préstamos para cubrir gasto corriente.

Para el economista Santiago García, los candidatos deberían estar preocupados por la caída de la producción nacional, que obviamente provocará una variación en las posibilidades reales de recaudación tributaria, por el impacto de los cortes de energía eléctrica que enfrenta el país desde septiembre. “Aún no podemos afirmarlo, pues no hay datos disponibles, pero hay una tendencia de caída del Producto Interno Bruto (PIB). Ya en el segundo trimestre la cifra fue negativa”, anota.

Por eso, García cree que el hueco fiscal seguramente superará los 3.000 millones pronosticados por el ministro Juan Carlos Vega. No obstante, el economista recuerda que estaba previsto recibir financiamiento internacional, vía multilaterales. Con ese escenario, el Estado tendrá que mantener el endeudamiento frente al Biess, que debe seguir colocando recursos para cubrir esos huecos.

“No queda otra opción que mantener la misma estrategia, pero no soy tan optimista como el ministro. No solo es el IVA, sino las recaudaciones por importaciones y el Impuesto a la Renta”, sostiene.

Con la crisis que vive Ecuador, el economista Santiago García comenta que le gustaría escuchar planteamientos en firme de los candidatos para levantar una economía en recesión. Específicamente sobre políticas de reactivación productiva, de apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

“Preocupa mucho, por ejemplo, que en este momento cerca de dos millones de ecuatorianos enfrenten inseguridad alimentaria. Claramente no hay capacidad de compra y se ha perdido empleo, los informales han reducido sus niveles de ingreso, no hay energía eléctrica”.

En mayo pasado, profesores del Colegio de Economía de la Universidad San Francisco de Quito recordaron que el déficit en el Presupuesto General del Estado (PGE) superó los 5.373 millones de dólares en 2023. Es decir el 4,5 % del PIB.

En un país con una declaratoria de conflicto armado interno, así como problemas asociados al impacto del fenómeno de El Niño y el mandato popular de cierre de operaciones petroleras en el Yasuní, los docentes de la USFQ propusieron que se trabaje en una meta de reducción del 30 % en nombramientos y contratos ocasionales, excluyendo puestos sensibles: profesionales de la salud, profesores, militares, policías, entre otros. Así se conseguiría un ahorro estimado de 442,7 millones de dólares.

Para la economista Nancy Medina, de la Universidad Central, las alternativas tradicionales son vender las empresas públicas y reducir empleos. Pero ella cree que lo que hace falta es una reingeniería del sector público, pues sí existe excesiva burocracia. Al igual que los candidatos, subraya que no se debe tocar a educadores ni fuerza pública.

Un punto clave en el que el próximo gobernante debería trabajar, según Medina, es el fortalecimiento de la economía circular y solidaria, para disminuir la dependencia de recursos externos; así como mejorar la distribución de ingresos y empleos a través de cooperativas y empresas comunitarias. “Los emprendedores requieren capacitarse. Se puede trabajar con los GAD y facultades de Economía”.

También se debe diversificar la economía, invirtiendo en el turismo ecológico, en las industrias creativas y en el sector de servicios, para tener ingresos adicionales y reducir vulnerabilidades frente a la fluctuación de los precios internacionales del petróleo, advierte Medina.

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