El Gobierno pone ‘en jaque’ al voto obligado

Eliminación “de facto” del voto obligatorio o medida para evitar más contagios. El anuncio de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, de que se analiza suprimir el certificado de votación como requisito para hacer trámites y los $ 40 de multa por no sufragar, provocó ayer reacciones y un debate en torno a la propuesta.

En una entrevista con la cadena Ecuavisa, Romo señaló que con esto se buscaría evitar la obligatoriedad de que las personas salgan a votar en las elecciones generales de febrero próximo y eviten aglomeraciones que podrían generar contagios de COVID-19.

Aunque luego llegó la aclaración: “La obligatoriedad del sufragio se encuentra en la Constitución; lo que se analiza es eliminar, a propósito de la pandemia, la multa y la papeleta de votación como requisito en trámites. Así, quien prefiera evitar un riesgo de aglomeración estaría en libertad de no asistir”, escribió en sus redes la funcionaria.

Una declaración inadecuada para el consejero electoral Luis Verdesoto, quien cree que la idea de eliminar la multa y la papeleta es un “subterfugio” para indirectamente eliminar la obligatoriedad del voto y, por lo tanto, su universalidad.

El camino legal para aplicar una medida de ese tipo tampoco parece sencilla. “Se debió plantear como una reforma constitucional. Alguna vez lo que se hizo es eliminar la multa, pero no el proceso, pero la Contraloría exige que se sostengan esos ingresos por multas. Cualquier cambio en ese sentido requiere una reforma sustantiva de la Constitución”, señaló Verdesoto.

Una visión distinta tiene el expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, quien considera que en el momento que vive el país y el mundo sería una medida racional porque, de todas maneras, la votación obligatoria en las próximas elecciones se verá mermada ante el temor de los ciudadanos de contagiarse con COVID-19.

“El Código de la Democracia ya establece las causales de justificación para quienes no ejercieron el voto obligatorio, que se podrían extender a todas las personas que corren algún riesgo en su vida si se llegan a contagiar con coronavirus. Depende de una resolución emitida por el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ante un escenario que es incierto para febrero”, manifestó Aguinaga.

El académico y analista político Arturo Moscoso cree que la propuesta de Romo conduce “de facto” a la eliminación del voto obligatorio lo cual, en el momento actual, con partidos políticos debilitados, un CNE con baja credibilidad y la pandemia del coronavirus, genera un serio riesgo de duplicar o triplicar el ausentismo.

“No es sencillo aplicar esta propuesta, pero si se llegara a hacer, el ausentismo será alto y tendremos autoridades electas con poca legitimidad y se podrían activar las maquinarias clientelares electorales”, señaló el analista.

Los tres expertos consultados coinciden en que se debe más bien trabajar en otras medidas de bioseguridad que den confianza a los electores. El organismo electoral busca, por ejemplo, aumentar el número de recintos.

Propuesta

El Ejecutivo es de la idea de que se aumenten dos horas para votar el 7 de febrero, en las elecciones de presidente y asambleístas, entre otros.