Asamblea Nacional
El domingo 9 de febrero, el país elegirá al nuevo pleno del Palacio Legislativo. Este estará conformado por 151 legisladores.René Fraga

Elecciones Ecuador 2025: ¿Qué fines los llevan a la Asamblea?

EXPRESO conversó con candidatos del PSC, CREO, ADN y Construye sobre sus proyectos. En YouTube dicen a quiénes fiscalizarían

Para los candidatos que conversaron con EXPRESO, la transformación que mucha gente reclama a la Asamblea Nacional empieza desde su voto. A diferencia de otros periodos, en esta ocasión este organismo contará con 151 legisladores.

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Nathaly Pernett, postulante al Legislativo por el distrito 1 de Pichincha por el PSC, es enfática al señalar que para mejorar la calidad y la percepción que existe de la Asamblea, “necesitamos tener cuadros que tengan capacidad, trayectoria y que conozcan las leyes”, y que trabajen, añade, porque “Ecuador no necesita pagar a 151 quejones que vivan como reyes”.

Con ella concuerda Andrés Castillo, candidato a la Asamblea por el distrito 1 de Pichincha por ADN, quien expresa que primero se debe votar bien y para ello aconseja que los electores investiguen los antecedentes de los grupos políticos, así como de sus postulantes. Además, que no escojan a personas que “no tienen ni la competencia, ni las facultades, ni las experticias para llegar a la Asamblea Nacional”.

Adicional a ello, Jorge Peñafiel, de Construye, quien aspira a una curul en la Asamblea por el distrito 1 de Pichincha, dice que es “fundamental devolverle la autoridad a la Asamblea Nacional para seleccionar a las autoridades de control y eliminar, por tanto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”. Sostiene que de esta forma se genera estabilidad política. También, que quien se candidatice a esta función del Estado tenga “un nivel mínimo de experiencia y de capacidad para tramitar proyectos de ley”.

Ana Belén Cordero, carta de CREO a la Asamblea por el distrito 1 de Pichincha, considera que los integrantes de esta entidad deben tener la capacidad de llegar a consensos y a diálogos para brindar gobernabilidad.

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PREGUNTA: Mencione tres proyectos que va a promover de llegar a la Asamblea.

Ana Belén Cordero, candidata a la Asamblea por Pichincha, distrito 1, por CREO

“Las propuestas nacen de la gente”

  1. Seguridad. La inseguridad está muy fuerte en las provincias de la Costa: Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas; pero ahora Pichincha también está tomada por la inseguridad, porque las bandas se pelean los territorios. Lastimosamente existen jueces de bolsillo que no son funcionarios públicos, sino que traicionan a la patria. Se requiere una reforma al Código Orgánico Integral Penal para que estos jueces corruptos sean condenados a cadena perpetua.
  2. Energía solar. Después de haber vivido una crisis energética, que dejó al país casi con 14 horas sin luz, sabemos que no podemos depender de la energía hidroeléctrica. Para ello propondremos una normativa que obligue a que las instituciones públicas coloquen en sus techos paneles solares; y que los proyectos privados, urbanizaciones, edificaciones, casas y demás tengan un incentivo: exoneración de que el 15 y 30 % de la construcción sea para áreas verdes o recreacionales. Para ello se reformará el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
  3. Liderazgo. Sabemos que la ciudad capital ha carecido en los últimos años de liderazgo político fuerte e importante, porque lastimosamente muchos políticos aquí en la capital se acomodan al poder de turno, por lo que se necesita de esos cuadros y que a su vez sean formados. Eso se debe demostrar con trabajo sensato en la Asamblea, realizando aportes de fiscalización.

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Nathaly Pernett, candidata a la Asamblea por Pichincha, distrito 1, por PSC

“No es cuestión de cantidad, es calidad”

  1. Vida política. Propongo una reforma al Código de la Democracia para exigir que antes de una postulación para cualquier cargo de elección popular, se deba militar al menos un año en el partido político que lo patrocine; así podrá comprender los principios de la tienda política. De esta forma, se evitaría una sábana de candidatos, disminuiría el transfuguismo político, es decir el camisetazo, se mejoraría la calidad de la representación y se erradicaría a los partidos de arriendo.
  2. Educación. En cuanto a la ley de alianzas público-privadas, soy una firme defensora del encadenamiento productivo del país. Considero que se deben facilitar las alianzas público-privadas para que los servicios públicos, como la educación, sigan siendo un servicio público, pero que su infraestructura pueda contar con una alianza público-privada para que mejore y se vuelva competitivo. Hoy es un privilegio, porque la educación pública hoy tiene pésima calidad y el Estado ha demostrado ser un nefasto administrador.
  3. Materia laboral. Hay que seguir trabajando por la actualización en materia laboral. Nadie contrata para despedir, nadie se pone un negocio para fracasar. En consecuencia, necesitamos figuras que nos permitan tener una mayor formalidad. Caso contrario, de aquí a menos de 15 años seremos después jubilados informales. Por ello se debe ganar con todos los beneficios de ley de la jornada completa y que esta se divida para las horas de trabajo.

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Jorge Peñafiel, candidato a la Asamblea, distrito 1 de Pichincha, Construye

“Esto debe ser útil para la sociedad”

  1. Deporte. Hay que hacer una reforma al esquema del deporte relacionado al dopaje. En Ecuador no existe ningún tipo de normativa dirigida a todos los deportes, que controle, maneje y establezca parámetros para el control del dopaje a nivel nacional, de acuerdo con la normativa internacional y la Organización Mundial de la Salud. Con esto se genera un control que sirva para todos y que de alguna manera beneficie la competitividad que tiene el país en el deporte.
  2. Control de juegos virtuales. Hay que crear una ley para el control de la ludopatía en menores de edad, debido a que actualmente a través de las plataformas digitales los menores de edad pueden acceder a apuestas, a juegos de azar, en plataformas nacionales e internacionales, que se infiltran a través de juegos, sin ningún tipo de control. Estas prácticas, en Ecuador, están prohibidas para cualquier tipo de edad.
  3. Bienes patrimoniales. Actualmente la norma impide que los bienes patrimoniales, controlados por el Estado, puedan ser explotados económicamente por los privados. En los grandes centros históricos del mundo, estos son cafeterías, restaurantes, museos. Actualmente, nuestros centros históricos están abandonados, no existe ningún tipo de inversión y, peor aún, de interés de los privados para poder explotar estos bienes. Proponemos que se abran estos espacios para que puedan ser explotados de una manera amplia y que sean útiles para el Estado.

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Andrés Castillo, candidato a la Asamblea por Pichincha, distrito 1, por ADN 

“Una reingeniería en materia penal”

  1. Régimen penitenciario. De acuerdo con la Constitución, las cárceles tienen que ser centros de rehabilitación, es decir que busquen que la persona que ingrese salga rehabilitada con un oficio. Hay personas que pueden ser delincuentes, como el que te roba, pero hay que darles una nueva oportunidad. Sin embargo, hay otros delincuentes, en cambio, que no pueden ser rehabilitados, como aquellos que asesinan y deben permanecer en la cárcel hasta el final.
  2. Reforma al proceso de juzgamiento. La gente y la Policía se quejan de que detienen a los delincuentes (como asesinos, violadores, extorsionadores) y en cuestión de minutos, de horas o de días, los jueces los liberan. El problema no está solamente en los jueces, sino también en la norma. Hay que quitar toda esa cantidad de garantías que tienen los delincuentes para que cumplan la totalidad de la pena, porque nosotros no podemos justificar que ahora ellos se portan bien en la cárcel y por eso les reducen las penas.
  3. Protección a jueces y fiscales. Aunque hay jueces corruptos, también los hay honestos. Sin embargo, muchos de ellos han sido amenazados, por lo que se requiere de un sistema de jueces sin rostro, en el que su identidad no sea conocida. Que sean quienes puedan juzgar con tranquilidad, con imparcialidad, porque el Estado tiene que garantizar los derechos a las víctimas, no a los delincuentes, para que así los delincuentes, las bandas organizadas y el narco no los presionen.

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