La eliminación de los distritos electorales regresa al debate

El presidente vuelve a colocar el tema sobre la mesa. En su veto a las reformas al Código de la Democracia propone la eliminación de las circunscripciones electorales, un tema que fue debatido en la Asamblea Nacional como parte de la reforma, pero no fue incluido en el texto aprobado.

El tema genera posturas contrarias dentro del Legislativo. El asambleísta de CREO por el distrito 3 de Guayas, Roberto Gómez Alcívar, no está de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo y cree que demuestra la falta de coordinación entre la bancada oficialista y quien maneja el ámbito político, la ministra de Gobierno, María Paula Romo. “La Asamblea en ese tema ya se pronunció y creo que habría los votos para ratificar la continuidad de las circunscripciones”. Esta misma postura tienen legisladores del bloque de la Revolución Ciudadana como Marcela Aguiñaga.

La legisladora nacional por la Izquierda Democrática, Wilma Andrade, está de acuerdo con el presidente. Cree que la elección de legisladores por distritos en las tres provincias más importantes, Guayas, Pichincha y Manabí, provoca una pérdida de liderazgos y de visión nacional porque, a su criterio, pasan a depender de una acción local con una óptica muy pequeña. “Las circunscripciones deben mantenerse para la elección de concejales, pero para asambleístas provinciales se baja mucho el liderazgo”, comentó.

El presidente Moreno, en su última entrevista pública antes de finalizar el 2019, manifestó su desacuerdo con los distritos en estos términos: “Los llamados distritos son una forma de privilegiar a los grandes partidos políticos y disminuir la participación de las minorías. No estoy de acuerdo que un país esté regido por la dictadura de las minorías, pero tampoco de las mayorías”.

El mandatario objetó 18 artículos de la reforma aprobada por el pleno el pasado 3 de diciembre.

Uno de los cambios está en el artículo 97 del proyecto sobre la obligatoriedad de las organizaciones políticas o el candidato que no obtenga al menos el 4 % de la votación a devolver el 50 % de los valores o montos entregados por el Estado por concepto de Fondo de Promoción Electoral. Para el primer mandatario la razón de la devolución de esos recursos no debe girar entorno al éxito o fracaso de la organización o el candidato, sino a su uso indebido o no justificado. “Ello implicaría establecer una inexistente relación causal entre los recursos de campaña y el triunfo de los candidatos, desnaturalizando un ejercicio democrático legítimo, que no siempre conlleva un éxito electoral, y el derecho de participación”, reza parte de la objeción. El planteamiento de Moreno es que en su lugar, las organizaciones políticas rindan cuentas del uso de dichos recursos y, de ser el caso, reintegren lo no utilizado o no justificado.

Desde el Consejo Nacional Electoral ven con buenos ojos el veto presidencial porque, a decir de su presidenta Diana Atamaint, “respalda los temas fundamentales” como la mayor participación de mujeres y jóvenes, la creación del padrón electoral pasivo, el control del gasto de campaña, la violencia política de género, entre otros. “Una vez que las reformas electorales sean publicadas en el Registro Oficial, trabajaremos con las organizaciones políticas, la academia y los Colegios de Abogados para construir los reglamentos y subsanar la ley”.