Eliminación de las pensiones vitalicias de exmandatarios sigue en debate

Varias son las propuestas de reformas a la Ley de Servicio Público por las cuales asambleístas y sociedad civil buscan reformar o eliminar las pensiones vitalicias que se pagan a los expresidentes y exvicepresidentes de la República y que están en manos de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, presidida por la asambleísta Karina Arteaga (PAIS).

El organismo legislativo ha realizado algunas sesiones respecto de este tema, en donde una de las primeras acciones que busca establecer es la unificación de las propuestas que se han presentado por parte de legisladores actuales y pasados, así como, de la sociedad civil que con el respaldo de 60.000 firmas busca la eliminación de este beneficio.

Ayer, miércoles 27 de noviembre de 2019, la Mesa no pudo sesionar porque no hubo quórum para tratar el tema, y en donde estaba previsto recibir a la exlegisladora, Ana Galarza, y al asambleísta Eliseo Azuero (BADI), para que sustenten sus propuestas.

Por más de una hora se espero completar el número de asambleístas, siete es el mínimo, para iniciar la reunión, pero nunca se lo logró, por lo que la presidenta del organismo resolvió declararse en comisión general para recibir a la Galarza quien estuvo esperando todo el tiempo.

La exlegisladora, quien fuera destituida por el pleno de la Asamblea en febrero pasado por un tema disciplinario, propuso que se excluya del pago de pensiones vitalicias a expresidentes y exvicepresidentes de la República que no terminen su periodo, que su mandato sea revocado, o que tengan sentencia condenatoria o sean reelegidos.

Esto se debe a que de acuerdo con la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), la pensión vitalicia mensual equivale al 75% de la remuneración vigente y se paga a aquellos exmandatarios que hayan sido elegidos “constitucionalmente por votación popular y (que) se hayan posesionado en el cargo”. La norma exceptúa “a quienes se les revoque el mandato”.

En la actualidad, el sueldo de un Presidente de la República es de 5 635 dólares, es decir, que la pensión para los exmandatarios es de 4 226,25. Mientras que el sueldo de la Vicepresidenta es de 5 410 dólares, y la pensión para sus antecesores es de 4 057,50.

En tanto, el asambleísta Eliseo Azuero, quien también tiene una propuesta sobre el tema, planeta que a los exmandatarios que dejen el cargo perciban este beneficio por dos años, y luego se lo suspende hasta cunado cumpla los 65 años de edad. Además, sí el expresidente o exvicepresidente son llamados a juicio el pago de la pensión se suspende, y si es condenado lo pierde totalmente. También, establece que estos beneficios no pueden ser transferibles a ningún otro familiar.

Una de los grandes debates al interior de la Asamblea es que la Ley no es retroactiva, por lo que de aprobarse las reformas estas regirán en adelante. Por lo tanto, quienes al momento tienen este beneficio lo seguirán cobrando, ya sea los exmandatarios, o como en el caso del expresidente, Rafael Correa, lo seguirá haciendo su hermana, Pierina Correa, así como, también los hijos del exmandatario, Jaime Roldós Aguilera.