La emboscada a la fiscal pasa factura a Pamela Aguirre

El lunes, tendió una emboscada a la fiscal Diana Salazar y pretendió enfrentarla nada menos que con el prófugo de la justicia Ronny Aleaga, alias El Ruso, procesado en el caso Metástasis por su vinculación con el narcotráfico. Hoy, a la correísta Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, se le hizo la noche: dos procesos, uno político y otro judicial, se tejen en su contra por haber puesto en práctica tan magnifica idea. En el proceso judicial, la Fiscalía la investiga (a ella y a su compañero de partido Lenin Barreto, que fue quien propuso se reciba a Aleaga en comisión general) por el posible cometimiento del delito de obstrucción a la justicia, y la requiere para que entregue toda la información de que dispone sobre el prófugo (por ejemplo, la ubicación donde se encuentra). En el proceso político, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, analizará con los jefes de bancada una posible sanción por el desaguisado del lunes, que tuvo como consecuencia la interrupción de la comparecencia de la fiscal y el abandono de la sesión de la mayoría de integrantes de la Comisión (sólo se quedaron los cuatro correístas).

24 horas después de los acontecimientos, la presidenta de la Comisión de Fiscalización se defendía en entrevistas radiofónicas y se aferraba a las reglas del procedimiento parlamentario que no le impiden, en efecto, recibir en comisión general a quien ella quiera en el momento en que quiera, pero parece incapaz de asimilar la dimensión política y jurídica de lo que pretendió hacer (ella, que se ha pasado seis meses pontificando sobre las especificidades del control político y sus diferencias con los procesos judiciales): primero, haber llamado a la fiscal para que rinda cuentas sobre materias que serán parte del juicio político en su contra, para el que faltan pocos días, con la intención de producir un informe que, como ha dicho la propia Pamela Aguirre, sirva de insumo a ese juicio político; es decir, una especie de proceso político por fuera de las normas del proceso político. En segundo lugar estaba la idea de provocar un enfrentamiento extrajudicial entre la versión de un procesado por la justicia y la de su acusadora, con los evidentes efectos procesales que esto habría tenido sobre el caso Metástasis.

Nerviosa, desarticulada en sus argumentos, Pamela Aguirre no deja de caer en contradicciones. Que “su comparecencia no ha terminado”, había dicho el lunes a la fiscal, cuando ésta anunció su voluntad de retirarse. Que “la comparecencia de la fiscal ya había terminado”, repite ahora en todos lados, luego de que Henry Kronfle decidiera analizar una sanción por interrumpir esa comparecencia.

Y continúa haciéndose líos: que tendrán que forzar las leyes y los reglamentos para encontrarla culpable de alguna ilegalidad, repitió este martes hasta el cansancio. Sin embargo, hay una sutileza de procedimiento que sí pasó por alto. El artículo 150 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que las comisiones generales pueden darse, o bien por iniciativa del presidente de una comisión (o del Pleno), o bien por petición de la mayoría absoluta de sus miembros. No hay otra posibilidad. Empeñada en negar toda premeditación en la emboscada del lunes, Pamela Aguirre insiste en que ella nunca convocó a Ronny Aleaga, es decir, que la comisión general que declaró para recibirlo no fue iniciativa suya; que alias El Ruso solicitó ser recibido mediante correos electrónicos enviados simultáneamente (ese mismo lunes a las nueve de la mañana) a todos los integrantes de la Comisión; y que uno de ellos, Lenin Barreto acogió el pedido y solicitó se le dé tramite. De ser así, la comisión general sólo podía aprobarse con el apoyo de la mayoría de los miembros, cosa que no tuvo (tanto es así que la Comisión quedó sin cuórum en cuanto El Ruso se conectó desde el lugar en Venezuela donde se esconde de la justicia ecuatoriana).

A Pamela Aguirre le queda una de dos contradictorias opciones: o admite que violó el procedimiento establecido en el artículo 150 de la Ley Orgánica, con lo cual queda sujeta a sanción parlamentaria, o admite que la iniciativa de recibir a Ronny Aleaga en comisión general fue suya, con lo cual se complica por complicidad evidente en el frente judicial. Mientras tanto, ya nadie puede dudar de que se trató de una emboscada tendida por el correísmo. La foto del grupo élite del troll center correísta, exfuncionarios de la Secom de Fernando Alvarado, con Patricio Pacheco a la cabeza, asistiendo a la sesión del escándalo, circuló ayer profusamente por las redes sociales y demostró (por lo inusual de tal presencia) que algo tenían preparado. Una jugada maestra para avanzar en el juicio político y contaminar el caso Metástasis al mismo tiempo. Pero tan burda que no había manera de que resultara.