Empresarios figuran en el radar de nuevo caso sobre combustibles
Fiscalía de delincuencia organizada pidió información al SRI y al Registro Civil. Son 19 empresas y 36 personas
Empresas y empresarios ligados a actividades de transporte de combustible, operaciones portuarias, construcción de edificios industriales, facilidades de distribución de carburantes, inmobiliarias son mencionados en los documentos que llegaron a Diario EXPRESO, en torno a una investigación de la Fiscalía.
(Le puede interesar: Investigan una presunta red de tráfico de combustibles, similar al caso Triple A)
El Ministerio Público tiene en su radar una presunta red de tráfico de combustibles, similar a la del caso conocido como Triple A (supuesto aprovechamiento del subsidio estatal), según los registros que se han hecho públicos este fin de semana.
En los documentos constan los nombres de 19 empresas, que fueron mencionadas en la edición de ayer en la nota ‘Investigan una presunta red de tráfico de combustibles, similar al caso Triple A’; y los nombres y apellidos de 36 personas.
De ese grupo de ciudadanos, que presentan registros en la Superintendencia de Compañías como administradores, exadministradores, accionistas o exacccionistas de firmas, ocho han sido denunciados por presuntos delitos, de acuerdo con la información de la Fiscalía.
Denuncias en contra de personas mencionadas en documentos
En una revisión en esos registros, EXPRESO conoció que Aníbal Renán Borbúa Espinel denunció a Alfonso Daniel Romero Prado y Leonardo José Salame Carvajal por “almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles”.
La denuncia presenta una fecha reciente, el 24 de septiembre pasado, en Guayaquil. Y ahora la denuncia está en la Fiscalía Especializada de Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional, que lleva el caso, según los registros que llegaron a este Diario.
Precisamente, Romero Prado es accionista de Vepamil, Biosonic, Hormicom C. A., del Grupo Vepamil, un holding que agrupa a varias de las compañías mencionadas en los documentos que recibió EXPRESO. Dicho grupo reseña que en marzo de 1998 ampliaron sus ventas de combustibles “al sector pesquero y todo tipo de industria”.
El directivo también registra acciones en sociedades extranjeras afincadas en Costa Rica: Global Shareholdings (GSH) Sociedad Anónima y Hispana Holdings Sociedad Anónima.
De las empresas del grupo Vepamil, Oceanbat S. A. registra una denuncia por “defraudación tributaria”, que data de noviembre de 2019.
Entre las personas naturales mencionadas en los registros del caso de presunto tráfico de combustibles consta Bartolomé Polivio Saldarriaga Santos. Él también registra una denuncia en su contra por “defraudación tributaria”, en 2019.
En 2018, María Luisa Bracco Vera, relacionada con empresas de actividades inmobiliarias y de venta de medicinas, consta como persona “sospechosa” en una denuncia por “suplantación de identidad”.
En la revisión de información también aparece un registro de 2017 en contra de Marco Alejandro Parra Ramírez, ligado a la administración de firmas dedicadas a actvidades inmobiliarias y a la elaboración de lubricantes. Andy Triviño Delgado lo denunció por “Falsificación de firmas”.
Federico Weber Suárez, otro empresario, en cambio, fue señalado por “gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o sustancias peligrosas”, en 2016, de acuerdo con la información de la Fiscalía. En ese mismo año, José Fernando Uribe Pérez fue denunciado por “estafa”. Por ese mismo presunto delito fue acusado Ricardo Francisco Zambrano Repetto.
Este Diario no ha encontrado que ninguna de las denuncias antes referidas hayan culmimado con sentencias en contra de los denunciados.
La Fiscalía ha dispuesto al Servicio de Rentas Internas (SRI) y al Registro Civil que envíe información detallada de las personas naturales y jurídicas.
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