El Estado encara una nueva demanda en la CorteIDH
El organismo dará su fallo sobre la presunta desaparición forzada de Gustavo Garzón Hoy culmina, en Costa Rica, una audiencia pública sobre el caso
Cinco meses después de que una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declarara la culpabilidad de Ecuador por los abusos cometidos contra la joven Paola Guzmán, el Estado camina a enfrentar un fallo condenatorio por otro caso.
Esta vez, el organismo judicial del sistema interamericano tramita en su instancia final el caso que se relaciona con la presunta desaparición forzada del escritor Gustavo Garzón Guzmán, ocurrida en Quito, el 9 de noviembre de 1990.
Desde ayer se realiza, en Costa Rica, la audiencia pública convocada por el organismo para escuchar alegatos y observaciones finales orales. La cita, que concluye hoy con una segunda sesión, es para receptar declaraciones de los familiares de la presunta víctima y de los peritos propuestos por la comisión de magistrados y por el Estado ecuatoriano.
Un equipo de funcionarios de la Procuraduría, liderado por María Fernanda Álvarez, interviene en representación del Estado. Este organismo, a través de su dirección de Comunicación, informó a EXPRESO que hoy, una vez concluida la audiencia pública, emitirá un pronunciamiento.
Según información divulgada por la CorteIDH, el hecho de 1990 se habría dado en un contexto general de desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales en contra de personas identificadas como subversivas, pertenecientes a los grupos Alfaro Vive Carajo y Montoneras Patria Libre.
Se alega que el caso fue documentado en el informe de la Comisión de la Verdad del Ecuador (que emitió un informe en 2010 sobre casos de violación de derechos humanos entre 1989 y 2008) como una desaparición forzada cometida por la Policía y que existirían elementos suficientes para concluir que Garzón habría sido privado de libertad por agentes de la fuerza pública.
La Corte asumió este caso el 26 de julio de 2019, el cual fue remitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este último organismo determinó que hay elementos suficientes para concluir que Garzón fue privado de libertad por agentes estatales. Asimismo, estableció que “la negativa de las autoridades (de Ecuador) a reconocer la detención, en el contexto de la época y tomando en cuenta la prueba obrante en el expediente, constituyó un encubrimiento de los hechos”.
En su informe de fondo, la CIDH concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, previstos en la Convención Americana, y en lo que contempla la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
La Comisión sometió el caso a la jurisdicción de la CorteIDH porque consideró que Ecuador no cumplió con las cinco recomendaciones de su informe de fondo, entre estas investigar el paradero de Garzón; reparar las violaciones de derechos humanos en el aspecto material y moral; disponer la medidas administrativas, disciplinarias o penales frente a las acciones u omisiones de los responsables; y adoptar medidas de no repetición.
Ayer, durante su comparecencia ante la Corte, María Clorinda Guzmán Bedón, madre de la presunta víctima, respondió a inquietudes planteadas por los magistrados. La representante del Estado ecuatoriano, María Fernanda Álvarez, indicó que no formularía preguntas a Guzmán.
Para hoy se prevé la intervención de los funcionarios de la Procuraduría. Después de los alegatos y observaciones finales, se espera el pronunciamiento de la Corte sobre este caso.
OPINIÓN
Billy Navarrete, activista de DD. HH., menciona que en el fallo de la Corte pesará el informe de la Comisión de la Verdad, la cual fue creada en 2007 por un gobierno ecuatoriano. “Se tendrá que desempolvar la Ley de Víctimas, que fue consecuencia de ese informe”, recuerda.
Señala Navarrete que esa ley establece una tabla para reparaciones materiales en montos, con relación a los delitos. "Y uno de los más altos es el de las desapariciones forzadas, por todo el daño que sufren los familiares de las víctimas", refiere.
EL DETALLE
Estadística. El Estado ecuatoriano enfrenta 80 causas nuevas en DD. HH., seis de las cuales se tramitan en la CorteIDH, según reportes de la Procuraduría.
