El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, mencionó que se analizan las vías legales para evitar que Abad ocupe la Presidencia.
El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, mencionó que se analizan las vías legales para evitar que Abad ocupe la Presidencia.Foto: Henry Lapo/ EXPRESO

¿Encargar la Presidencia a un ministerio? Opción contra Abad

La Constitución y el Código de la Democracia regulan este mecanismo. El futuro de la vicepresidenta podría definirlo el TCE

El tiempo es el factor que estaría marcando el paso a las acciones que ejecuta Daniel Noboa para evitar encargar la Presidencia a Verónica Abad. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, habló este 27 de mayo de 2024 de los caminos legales que se analizan.

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“Lo que podría darse es que, ante ausencia de primer y segundo mandatario (temporal), se encargue la Presidencia a un ministerio”. Citó que ese recurso lo empleó el ahora detenido exvicepresidente Jorge Glas, en 2017 cuando participó por la reelección y dejó su cargo a la ministra Sandra Naranjo.

El lunes, la secretaria de Comunicación, Irene Vélez, también defendió la decisión de Noboa, manifestó que “no era vengativa” y aseguró que tienen indicios para separarla por “escándalos de corrupción”, en referencia al caso Nene.

Para Torres, sería “nefasto para el país” que Abad asuma el poder y mencionó el proceso de la denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Así el régimen se refirió a los frentes que están abiertos contra la segunda mandataria.

​1. ¿Dejar el cargo a un ministro?

El art. 146 de la Constitución señala que se puede encargar la Vicepresidencia si es que existe una ausencia temporal, que debe autorizar el Legislativo, “pero en este caso Abad no está ausente temporal”, sino que cumple funciones como embajadora. “No veo cómo encargar la figura a un ministro sin pasar antes por la Asamblea y que tomará tiempo”, explica el constitucionalista David Ochoa.  “Si ella decide apartarse, debe comunicar al presidente y él selecciona un reemplazo”, aclara.

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El analista Esteban Ron cuestiona esa opción, pues señala que el art. 93 del Código de la Democracia, establece que los dignatarios que opten por la reelección al mismo cargo, como aspira Noboa, deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña y en ese escenario “debe ocurrir la subrogación automática. No hay una opción intermedia”. 

Considera que el Gobierno tendría una estrategia que sería la “desconcentración de labores. Abad sigue cumpliendo su rol en Israel, pero el presidente podría delegar acciones de política pública a alguien en específico”. Por ejemplo, encargar el sector minero a tal funcionario y así otras carteras de Estado. “Creo que miden posibilidades. Es una opción”, señala Ron.

2. El caso Nene

Los alcances de un proceso judicial podrían generar un trámite de juicio político en contra del primer o segundo mandatario pero solo en casos de delito contra seguridad del Estado, concusión, cohecho o enriquecimiento ilícito; o genocidio. 

“La referencia del caso Nene no le involucra directamente y si la involucrara, el delito que se investiga es asociación ilícita”, aclara Ochoa. El especialista en Derecho, Esteban Ron, agrega que para ese caso, primero debería haber un proceso legal en firme, pero hasta ahora solo se indaga.

3. Denuncia en el TCE

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Ron cree que el ente que podría dar claridad sobre una repercusión jurídica es el TCE. Explica que la consecuencia más drástica sería la pérdida de derechos políticos, pero depende de si los magistrados consideran que la violación de Abad, al haber realizado precampaña cuando fue candidata a la Alcaldía de Cuenca, fue lo suficientemente grave, así como también qué tan fuerte es la prueba en su contra.

Además cree que “el momento en que Abad llegue al sillón de Carondelet tiene todos los derechos como presidenta para nombrar ministros, firmar decretos. Por eso es el miedo de Noboa de no querer que lo reemplace” y ver como “nefasta” su llegada. De allí que analiza opciones, pero rápidas porque le quedan apenas meses para postularse como candidato otra vez.

El experto en temas electorales, Carlos Aguinaga, estima que una salida podría ser que el presidente consulte a la Procuraduría General del Estado cómo actuar, porque “existe una norma constitucional que hay que interpretar y leer para evitar la conflictividad jurídico política como en este caso".

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