Escollos que frenan la reactivacion

El 4 de mayo de 2016, Robert Gines se instaló con su pequeño de negocio de bazar en un área comercial que el Municipio de Portoviejo improvisó en la calle Alajuela, en el centro de la urbe.

Allí se instalaron unos 800 comerciantes que ejercían en el sector que fue devastado por el terremoto, denominado zona cero. Los módulos que ocupan, de 4 metros cuadrados, fueron construidos con esfuerzo propio, “porque la ayuda prometida por las autoridades no ha llegado”, se lamenta Gines.

Reclamos que van desde la falta de baterías sanitarias hasta las bajas ventas y las deudas adquiridas, se escuchan por doquier entre los vendedores que ocupan allí pequeños puestos a lo largo de tres cuadras.

Después del terremoto, unos 2.000 comerciantes de las zonas cero de Portoviejo y Manta fueron reubicados por las municipalidades.

El apoyo gubernamental ofrecido para la recuperación de los negocios es el tema que preocupa también en Manta, a los comerciantes formales e informales que tuvieron que trasladarse a la avenida de la Cultura, a un kilómetro de Tarqui.

“El financiamiento salvador que esperábamos no ha llegado”, clama Kirie Bravo, presidente de la Asociación de Comerciantes Nuevo Tarqui. Alrededor de 300 vendedores mayoristas del gremio se encuentran instalados en contenedores adecuados como almacenes.

“Mas allá de la exención en el pago del impuesto a la renta por 10 años, para nosotros no existe en la banca pública o privada un producto preferencial destinado a la reactivación económica”, descarga Bravo.

En Manabí, el sismo tumbó la economía de un sector de los hoteleros. En Manta, 24 hoteles de Tarqui quedaron inoperativos, mientras que en Bahía de Caráquez, de 21 edificaciones para acogida de turistas, hoy quedan 14.

“No hubo ningún tipo de ayuda gubernamental para aquellos que perdieron total o parcialmente sus instalaciones”, asegura Vladir Villagrán, presidente de la asociación de hoteleros de Bahía.

Dentro del plan de mitigación, hasta diciembre de 2017 se habían asignado $ 412 millones para la reactivación productiva en Manabí y Esmeraldas, según la Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción.

Conforme a los datos de esa dependencia, con la Ley de Seguridad, se crearon más de 49.000 nuevos negocios en las zonas afectadas y se inyectaron $ 148 millones en la banca pública para los créditos.

Carlos Bernal, quien estuvo al frente de la Secretaría Técnica hasta el pasado 17 de enero, indica que se escucharon las propuestas de los sectores afectados para buscar una solución.

El actual secretario técnico, José Herrera, observa distorsiones en el esquema de financiamiento y habla de enderezar rumbos. Cita, por ejemplo, que del total de fondos de la Ley de Solidaridad que se entregó a la Corporación Financiera Nacional para fomento productivo, el 80 % se destinó a la gran industria de Manta.

El funcionario anuncia una nueva hoja de ruta para corregir errores en el plan de reactivación. “Vamos a tener una agenda de trabajo que incluirá la participación de las universidades. Luego convocaremos al Consejo de Producción para en conjunto generar productos financieros que lleguen al microempresario”, garantiza.

Lo que se ha hecho

Turismo

El costo aproximado para la recuperación del sector turístico en las provincias afectadas es de $ 97 millones, según el informe de Evaluación de Costos de la Reconstrucción, desarrollado por la Senplades. Hasta septiembre de 20167, se habían formulado dos proyectos de inversión por $ 1’180.512.

Comercio

El comercio y la manufactura en Manabí y Esmeraldas es el sector más golpeado por el terremoto. En la planificación gubernamental constaba una inversión de $ 32’695.111,78 para nueve proyectos de infraestructura comercial. Cuatro de ellos se habían ejecutado a septiembre de 2017.

Financiamiento

Como asignaciones para el financiamiento productivo, la CFN entregó $ 51,2 millones (a septiembre de 2017); Banecuador, $ 33,4 (a septiembre de 2016); y la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, $ 37,2, según el último informe de la Secretaría Técnica.

Exoneraciones

Las nuevas inversiones productivas a ejecutarse en los siguientes tres años de la vigencia de la Ley de Solidaridad en las zonas afectadas, están exoneradas del pago del impuesto a la renta durante 5 años. Hasta junio de 2017 se habían registrado 461 beneficiarios.

Voces

Plutarco Bowen, Pdte. Asociación de Hoteleros Turísticos de Manta

En Tarqui fueron afectados 24 hoteles, que no se han podido reconstruir porque no hay una política de apoyo. Algunos logramos levantarnos por esfuerzo propio.

Pdte. Asociación de Comerciantes Nuevo Tarqui

Es muy difícil la situación de los comerciantes formales que tuvieron que salir de la zona cero. La reactivación la estamos logrando lentamente con nuestros recursos.

Jorge Mero, representante de los comerciantes informales de la zona Nuevo Tarqui

Banecuador nos dio un crédito, pero todo el mundo ha quedado mal por las bajas ventas. Hoy para esta zona comercial no hay crédito de ninguna entidad bancaria.