Esmeraldas, huérfana por sus representantes en la Asamblea

Todos apunta al Ejecutivo. La escalada de violencia que golpea a la provincia de Esmeraldas y sus habitantes, provocada por el crimen organizado, es responsabilidad de todos, menos de los asambleístas. Esos que fueron elegidos, a través del voto popular, por sus habitantes como los representantes que darían voz a sus peticiones en la Asamblea. Diario EXPRESO los interpeló para conocer su responsabilidad sobre esta problemática, pero casi todos le atribuyeron la culpa al Gobierno de Guillermo Lasso.

“Si vamos a echarle la culpa a quien tiene la culpa, caeríamos en un error y no tendríamos la capacidad de resolver un problema estructural”, dice Paola Cabezas, asambleísta nacional, sobre la ola de delincuencia y violencia que estalla en la provincia, al preguntarle sobre quién es el responsable de atender la problemática.

Sin embargo, pese a calificar como un error señalar a alguien como culpable, Cabezas enlista las acciones que no se han ejecutado a tiempo desde el Gobierno y que han propulsado la desigualdad y violencia en la provincia. “Tenemos un problema multidimensional que el Gobierno pretende resolver con más tanques, más policías y más armas, pero el problema va más allá, es estructural: la pobreza, la falta de oportunidades. Eso es lo que el Estado, a través de sus instituciones y del Gobierno, le ha dejado de dar a Esmeraldas”.

Sobre qué se ha hecho desde el Pleno por la provincia, Cabezas sostiene que desde su curul solo puede legislar y fiscalizar, mas no manejar presupuestos. Incluso dice que ha estado a favor de la aprobación de leyes que fueron propuestas para combatir al crimen organizado, como el uso progresivo de la fuerza, pero pese a haberlas aprobado desde su curul, esto no ha sido suficiente para reducir el número de muertes violentas en la provincia. Y es que Cabezas insiste en que “el génesis” del problema no está en la Asamblea, sino en la falta de inversión social y de un plan de seguridad, “que es responsabilidad del Gobierno Nacional”.

Quien sí asume su responsabilidad por no iniciar una acción para salvar a la provincia de todos los males que hoy la aquejan, es la asambleísta Patricia Mendoza, de la Unión por la Esperanza (Unes): “Ahí sí yo hago un mea culpa en ese parte por no tomar una acción antes. Yo soy parte de la Comisión de Salud, donde fiscalizamos a sus responsables, sin tener una respuesta oportuna. Asumo (que) la historia es la misma en las mesas de seguridad”.

Pese a esto, para Mendoza la responsabilidad es “netamente del Gobierno central”, debido a que la provincia vive en desigualdad total en cuanto a garantías de derecho a la educación, salud y empleo, “lo que ha hecho que las bandas delictivas se fortalezcan”.

Lo dicho por Mendoza sobre su poco accionar por Esmeraldas en el pleno de la Asamblea es el reflejo de una legisladora que es “un adorno navideño que no toma decisiones ni hace nada”, según el criterio de Gonzalo Albán, consultor y analista político.

Este Diario solicitó una entrevista con cada uno de los asambleístas por la provincia de Esmeraldas, pero no pudo concretar una entrevista con Lenin Lara, de la bancada Centro Democrático, ni con Javier Ortiz, del Partido Social Cristiano (PSC).

Rina Campain, legisladora del oficialismo, también considera que la seguridad de Esmeraldas es responsabilidad del Gobierno Nacional, debido a que es este el llamado a “trabajar y generar las políticas de seguridad para la provincia”. Sin embargo, y a diferencia de los otros asambleístas, Campain defiende que este no ha evadido su responsabilidad en materia de seguridad. “El Gobierno actual ha asumido el compromiso de luchar contra el narcotráfico y la delincuencia común que actualmente afecta (a Esmeraldas). Lo importante es tener resultados a corto plazo que permitan generar tranquilidad entre los esmeraldeños”.