Un espejo de cómo combatir la violencia

Enfrascados en una pugna política cuando hay cosas al alcance de la mano que se pueden ejecutar, y que al final suman en el largo camino al combate en contra de las organizaciones criminales, cuyo accionar mancha de sangre las calles de Guayaquil. El Gobierno nacional y la Municipalidad, en lugar de ponerse de acuerdo, ahondan en una herida abierta y con un escenario preelectoral como marco de esta pintura.

Ya que no se ponen de acuerdo, la pregunta es: ¿hay algo qué puede hacer uno y qué puede hacer el otro más allá de lo que diga la ley? Está claro que el Gobierno nacional tiene la competencia de seguridad y el Municipio tiene una responsabilidad compartida de coordinar la aplicación de políticas en esta materia, pero hay decisiones que no se ven y que pueden ayudar a combatir a las bandas, organizaciones y la delincuencia común. Si se las ve en el espejo de otras ciudades parecen muy evidentes, pero no para las autoridades.

Andrés Macías es un experto en seguridad colombiano. El vecino país tiene un caso emblemático (con la debida distancia que el caso guayaquileño) de una ciudad que pasó de ser una de las más violentas del mundo a reducir considerablemente su índice de asesinatos: Medellín. Más allá de los grandes golpes a los carteles del narcotráfico, a decir del también catedrático universitario, ayudaron las estrategias en materia de prevención de consumo de drogas y un cambio en la forma de operar de la Policía. “En el corto plazo, el modelo de policía comunitaria por cuadrante tuvo un resultado en el corto plazo interesante, que llevó a que se lograra mejorar el contexto de seguridad. Este plan ha venido cambiando. Ahora es un modelo nacional. Sigue en evaluación porque en el mediano y largo plazo ha demostrado que esos resultados tempranos no se han logrado mantener, pero sin duda alguna incidió en mejorar el contexto de seguridad en Medellín”, explica el experto.

599 asesinatos se han registrado en la Zona 8 desde el primero de enero hasta las 05:00 de ayer

Si se lo extrapola a la realidad guayaquileña, palabras más, palabras menos, representaría a ver a los policías nacionales y metropolitanos (y por qué no a los agentes civiles de tránsito y guardias privados) cubriendo, si no es posible toda la ciudad, al menos los puntos calientes. Pero es una realidad que no se ve o al menos no se percibe. Macías precisa que esto debe ir atado a una continuidad de las políticas públicas de seguridad en los territorios, lo que en el caso ecuatoriano es competencia tanto nacional como municipal.

Hace pocos días, en su cuenta oficial de Twitter, el Ministerio del Interior publicaba una serie de fotos de paredes en barrios de ciudades violentas pintadas con imágenes y leyendas que representaban a las bandas criminales como los Lobos, Tiguerones, Lagartos, Chonekillers y otros. El pedido de la cartera de Estado a los alcaldes es que los limpien. “Los alcaldes tienen que apoyarnos en esta lucha por la seguridad. Debemos recuperar los espacios públicos para quitarles poder simbólico a las organizaciones criminales que pretenden imponer el miedo. Pintura, luz, limpieza es parte de la estrategia para cuidar nuestras ciudades”, recogía la cuenta oficial.

Embellecer ayuda, pero no acaba con la criminalidad, puntualiza Macías. ¿Cómo ayuda? Explica que si el cambio urbano va más allá de una mano de pintura y viene acompañado de una mayor oferta de presencia del Estado (aparte de la Policía y la mano de obra municipal) como un centro de salud, juzgados, dependencias estatales, es una medida que puede generar resultados positivos.

85 toneladas de droga se han incautado entre enero y mayo; el triple del mismo periodo de 2021

Daniel Johnson es director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana de Chile, una organización que promueve, entre otros aspectos, la cohesión social para una sociedad más pacífica y segura. Él no recomienda que se trate de “competir” con las organizaciones criminales en las acciones que realizan. Pintar los muros, a criterio de quien integrara la mesa por la seguridad convocada por el expresidente Sebastián Piñera, genera una rivalidad mayor entre el Estado y las bandas criminales. “Caer en una lucha por marcar quién es el que gana, es una pelea bastante fácil de perder”, precisa.

Esto no quiere decir que no se deba hacer nada. Una de las medidas de impacto definitiva es evitar el reclutamiento de jóvenes en las bandas. Las redes lo que hacen es reclutar a los jóvenes en situación vulnerable, explica, y cumplen los roles más reemplazables y son los que se ensucian las manos. “Evitar es fundamental. Se logra trabajando con los jóvenes que están en edad (12, 13, 14 años) de riesgo de seguir una carrera delictual y con sus familias, a través de programas que hayan demostrado que son exitosos como la terapia multisistémica. Es una herramienta que trabaja con jóvenes y sus familias que han tenido contacto con el sistema de justicia. Estudios en Chile han demostrado que disminuyen la reincidencia en un 30 %”.

El Gobierno nacional, por un lado, y el local, por el otro, y en el medio, la ciudadanía. Las pugnas entre ambos niveles de Gobierno terminan haciendo el juego a las bandas criminales, concluye Johnson. Lo principal, acota, es defender objetivos conjuntos y que el éxito sea mérito de todos y que sea un problema conjunto cuando los resultados son negativos. “La coordinación es importante porque el Gobierno central tiene acceso a la fuerza, y lo local tiene atribuciones a la prevención social. Si la policía desarticula una banda, pero en ese momento no entra el Gobierno local a actuar, da lo mismo el esfuerzo que haga el Gobierno nacional. Los períodos más violentos suelen ser, no cuando hay una banda operando, sino cuando hay luchas entre bandas”.

Santiago de Chile fue catalogada como la ciudad más segura de América Latina, según una medición de The Economist realiza en el año 2021. Esto, puntualiza Johnson, no la hace inmune al crimen organizado. A su criterio, no solo la capital chilena, sino gran parte de las ciudades del continente están atravesando una ola de violencia pospandemia. Macías explica que por el confinamiento muchos de los grupos delictivos vieron disminuida su presencia en ciertos territorios que ahora buscan recuperar. “En Bogotá hemos visto cuerpos desmembrados que han aparecido en ciertas localidades, algo que no se veía hace mucho”, replica Macías. “En Chile estamos en los niveles de mayor temor de la ciudadanía en los últimos 20 años, sin embargo, la cantidad de delito es baja, pero muy violenta”, comenta Johnson.