“Esperamos que Noboa cumpla su promesa de recibirnos”: directora de HRW Américas

Este miércoles, 22 de mayo, Human Rights Watch (HRW) le envió una carta al Presidente Daniel Noboa desde Washington y con la firma de Juanita Goebertus, directora de la división de Las Américas de la organización. HRW hizo un llamado de atención al Gobierno por supuestas violaciones de los derechos humanos.

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En la misiva se cuestiona la declaratoria del Conflicto Armado Interno en Ecuador, se hace un repaso sobre la situación de inseguridad del país y se entregan una serie de recomendaciones para mejorar la situación de inseguridad y el sistema de justicia.

EXPRESO habló en exclusiva con Goebertus, quien dijo que aún está a la espera de una cita con el Presidente Noboa, quien prometió invitar al país a HRW en una entrevista televisada.

- ¿Qué han encontrado en Ecuador, qué los motivó a enviarle la carta al Presidente Noboa?

Entre 2019 y 2023, Ecuador ha tenido un incremento del 574% en su tasa de homicidios, básicamente por el fortalecimiento del crimen organizado. Las principales bandas, Los Choneros y Los Lobos, aliadas con redes de narcotráfico colombianas, mexicanas e incluso albanesas, están luchando por el control del territorio y de economías ilegales.

Como resultado de ese contexto, que se debe a la falta de capacidad del Estado para proteger y garantizar la vida de sus habitantes, se ha traducido en una crisis dramática de violación a los derechos humanos. Esta carta se da luego de que hemos estado analizando en este primer semestre de 2024 la declaratoria de conflicto armado por parte del Presidente Noboa, lo que nos permite concluir no solo que las condiciones de seguridad no han mejorado de forma real, sino que en el despliegue de esa respuesta del Estado se han cometido graves violaciones a los derechos humanos.

- En la carta ustedes dicen que no hubo sustento legal para esa declaratoria de conflicto armado interno, ¿a qué se refieren específicamente?

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) establece muy claramente que no son aplicables las reglas propias de conflicto armado a situaciones de disturbios y violencia generalizada. En esas circunstancias, lo que aplica es el derecho ordinario, el derecho penal. Es deber de un Estado tener una fuerza de policía encargada de hacer cumplir la ley, que persiga a criminales y los lleve a la justicia cumpliendo con su deber de investigar, juzgar y sancionar.

El DIH es aplicable a circunstancias de conflicto armado cuando existen partes de conflicto armado claramente establecidas, cuyo nivel de organización y hostilidad es superior. Esto ha existido en varias circunstancias, como en el caso colombiano con las antiguas FARC u hoy con el ELN. No es un grupo de crimen organizado una parte en el conflicto armado. Lo que hemos documentado, como lo ha señalado la Corte Constitucional en Ecuador, es que el Estado no ha justificado que se cumplan los parámetros de nivel de hostilidad y organización que exige el DIH.

- ¿El Estado ecuatoriano con la declaratoria de conflicto armado está violando el DIH?

El DIH tiene dos capítulos: el derecho a hacer la guerra y las reglas que regulan la guerra. El derecho a hacer la guerra depende de una justificación de que efectivamente se ha pasado de un umbral de violencia a un umbral de conflicto armado. Es esa primera puerta de entrada la que el Estado no ha cumplido, y no solo lo decimos nosotros, sino también la Corte Constitucional, que le ha dicho por segunda vez que no está cumpliendo con el deber de tener un umbral alto de justificación.

¿Noboa y una tensa relación con Human Rights Watch?

- ¿Cómo ha sido la comunicación con el Gobierno Noboa?

Hemos realizado más de una docena de entrevistas a víctimas, familiares y abogados, recibimos respuestas de varias instituciones, incluso ahora recibimos una de la Fiscalía. Contrastamos a lo largo de este semestre videos y fotos a través de nuestro laboratorio digital para llegar a las conclusiones a las que llegamos. 

De alguna manera, el Presidente Noboa, en una entrevista televisada, dijo que éramos bienvenidos a ir a Ecuador y que gustoso se reuniría con nosotros. Por vía de cartas he insistido en esa reunión, pero esa promesa televisada aún no se ha materializado. Espero que más allá de las respuestas que nos han dado a las solicitudes de información, la reunión se concrete. Estoy lista para viajar a Ecuador cuando se considere posible tener esta reunión y poner a disposición estas preocupaciones y los hallazgos que hemos encontrado.

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- ¿Qué información les compartió la Fiscalía?

Lo primero que nos preocupa muchísimo es que, de las 3.000 personas reportadas como detenidas por parte del Gobierno Noboa, solo el 5% ha tenido un proceso de judicialización. La información que nos da la Fiscalía indica que un porcentaje muy bajo de los reportados como detenidos están siendo procesados judicialmente. Queremos saber si las personas se han puesto en libertad, porque no tenemos claridad, o si están detenidas sin que haya control de ninguna autoridad judicial, lo que sería sin duda una violación gravísima al debido proceso y a los derechos humanos de estas personas.

- ¿La reducción de los homicidios no puede interpretarse como un éxito de la declaratoria del conflicto armado?

Lo primero es señalar que, por supuesto, trabajamos con bases de datos públicos; habría un descenso importante en la tasa de homicidios, de un 27% hasta abril. Sin embargo, los datos muestran un aumento de extorsiones y secuestros, lo que indicaría que más que un desmantelamiento efectivo de estas organizaciones de crimen organizado, hay una mutación del tipo de violencias cometidas por estos grupos. 

Esto, sumado a los recientes asesinatos de tres alcaldes y el homicidio del director de una prisión, demuestra que la situación sigue siendo grave. De alguna manera, lo que está en juego es la demostración de tener una política de seguridad efectiva y protectora de los derechos humanos. Ni los ecuatorianos ni en general los pueblos latinoamericanos tenemos que escoger entre derechos humanos y seguridad. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, bajo la justificación de la política de seguridad terminan yendo contra personas inocentes.

- En la carta se habla de una ejecución extrajudicial, ¿a qué caso específico se refieren?

Ocurrió el 2 de febrero en Guayaquil. Un hombre de 19 años, Carlos Javier Vega, fue asesinado. En ese mismo hecho fue herido su primo, Eduardo Velasco. La información que hemos contrastado indica que, aunque las Fuerzas Armadas dijeron que los jóvenes habían intentado evadir el control y que habían embestido a personal militar, calificándolos de terroristas, tras nuestra verificación mediante entrevistas y nuestro laboratorio digital, pudimos confirmar que esa versión no es cierta. Encontramos que los jóvenes no estaban involucrados en grupos delictivos y que no se trató de legítima defensa, sino de un uso abusivo de la fuerza por parte del Ejército contra dos personas que no participaban de ninguna manera en una actividad criminal.

- Con todos estos hallazgos, ¿podrían tomarse acciones contra el Gobierno de Noboa?

Le corresponde a las autoridades judiciales en Ecuador investigar, juzgar y sancionar estos hechos. No solo el caso de esta posible ejecución extrajudicial; en nuestra carta al Presidente hemos documentado casos de palizas, tratos degradantes durante las detenciones, procesos de incomunicación de los detenidos, obstaculización del acceso a consultar un abogado y acceso a asistencia médica. Hasta el momento no hemos visto que estos casos avancen. 

Son preocupantes las declaraciones de varios miembros de la Asamblea de que estarían dispuestos a aceptar un indulto para policías y militares, esto es absolutamente contrario al DIH y lanzan una especie de carta blanca a policías y militares para violar los derechos humanos. Además, las declaraciones del Presidente Noboa, cuando calificó de ‘antipatria’ a un juez que identificó posibles violaciones de derechos humanos en las cárceles, son, no solo una violación a la separación de poderes, sino también un llamado a impedir el cumplimiento de esos deberes de investigación, juzgamiento y sanción. Esperamos que operen las funciones judiciales en Ecuador, pero sin duda, si esto no se da, podrían tomarse acciones internacionales.

- ¿Qué esperan del Gobierno Noboa tras el envío de esta carta?

Esperamos que el Gobierno cumpla con su promesa de recibirnos, que tengamos una reunión para discutir estas cuestiones y poner en marcha algunos de los correctivos que estamos sugiriendo. Hay estas propuestas, seguramente hay otras sobre la mesa, pero pensar que esto se resuelve con la declaratoria de un conflicto armado o con control militar en lugar de procesos de judicialización efectiva, es repetir los errores del pasado y presente en otros países de América Latina. Esperamos que Ecuador no siga este camino.

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