Cómo se forjaron las cifras de Rafael Correa

Tres años después de su cierre definitivo, la base de Manta se hacía extrañar. Entre 2011 y 2014, Ecuador vivía lo que el investigador de la Universidad de Chicago Arduino Tomasi (Guayaquil, 1988) ha llamado “una pesadilla estadística”: el índice de incautaciones de cocaína caía en picada como no se había visto nunca en el país y, de manera simultánea y casi exactamente proporcional, el número de muertes violentas se incrementaba hasta niveles imposibles de explicar. Claro que esto último nadie lo sabía. ¿Nadie? Son los años en los que la presión constante y sistemática de Carondelet sobre su Gabinete Sectorial de Seguridad para bajar las cifras de los homicidios se tradujo en la creación de… ¿Una unidad especializada de la Policía para combatirlos? No: una Comisión Interinstitucional de Estadísticas de Seguridad Ciudadana para medirlos. El resultado aparente es el que Tomasi encontró reflejado, para escándalo del país, en el archivo histórico del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC): la mayoría de las muertes violentas quedaron sin explicar, las cifras de homicidios cayeron milagrosamente y el Ecuador se convirtió, para efectos publicitarios que los interesados tratan de explotar hasta el día de hoy, en el segundo país más seguro de América Latina.

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Hoy, el candidato presidente Daniel Noboa trata de sacar todo el provecho electoral posible de esa realidad. Primero, decidió abrir una investigación para descubrir qué se oculta detrás de ese sospechoso e inusitado incremento de muertes no explicadas que se produjo en el Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa. Diez días más tarde, el pasado lunes, apareció en el lugar donde funcionaba la base de Manta, o al menos eso dijo para subrayar el efecto simbólico de su presentación, y anunció su propuesta de reforma parcial de la Constitución con el fin traer de vuelta las bases militares extranjeras, prohibidas por lo que se había interpretado como el delirio soberanista de los constituyentes de Montecristi pero que, visto en retrospectiva y con toda la información de la que el país dispone hoy, quizás obedecía a motivaciones más oscuras e inconfesables. El mensaje del presidente fue claro: la expulsión de la base de Manta por el correísmo fue el primer paso de un pacto con las mafias del narcotráfico que ha traído al país al horror que vive ahora. Así, inadvertidamente y sin que él lo hubiera previsto, las cifras de Tomasi pasaron al centro de lo que será el debate político y electoral de los próximos meses.

Investigar, pero ¿qué?

Con respecto a la investigación anunciada por Noboa, no resulta fácil confiar en ella. A pesar de su reciente adscripción a las filas del anticorreísmo (no hace ni un año que él se jactaba de ser “pro, no anti”) el presidente ha dado muestras de que siempre está dispuesto a establecer pactos puntuales con los correístas cuando sus necesidades políticas así lo exigen. Lo ha hecho en la Asamblea, en el Consejo de la Judicatura, en el CPCCS donde hace poco acordó con ellos la aprobación de un reglamento para el concurso para elegir fiscal general del Estado. ¿Quién podría asegurar que la tal investigación sobre el tema de las muertes no explicadas no terminara convirtiéndose en una moneda de cambio para cualquiera de esos pactos?

Otro problema relacionado con la investigación es que bien podría no conducir a ningún lado más que a confirmar las estadísticas. Porque las 7.379 muertes violentas no explicadas del correísmo no se van a explicar. No se trata de encontrar esos cuerpos y exhumarlos, como caricaturizan con sorna los correístas que no entienden o fingen no entender la naturaleza del hallazgo estadístico. El desafío consiste en esclarecer cómo, por qué y por disposición de quién se manejaron las estadísticas de tal manera que la inmensa mayoría de las muertes violentas ocurridas en el Ecuador durante el correísmo quedaran sin explicar mientras el gobierno se jactaba de haber bajado la tasa de homicidios.

Que ese objetivo, bajar la tasa de homicidios tras la salida de la base de Manta, se convirtió en una verdadera obsesión para Rafael Correa, contó a este Diario el coronel en servicio pasivo Francisco Trejo, quien participó en reuniones de las comisiones estadísticas entre 2011 y 2013. Y que la manera de lograrlo no tuvo que ver precisamente con la ejecución de políticas públicas en materia de seguridad sino con la elaboración de modelos estadísticos. Y se ensayaron varios. Un documento interno de las Fuerzas Armadas, fechado en septiembre de 2012, da cuenta de la incomodidad de algunos militares ante lo que estaba ocurriendo. Se trata del informe que un teniente coronel que participó en una de esas reuniones dirige al director de operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Wagner Bravo. Dice ahí que había muchos reparos que oponer a la metodología empleada por el INEC, que sus datos no coinciden con los de la Policía Nacional y la Fiscalía y que “eso definitivamente entorpece el esfuerzo por levantar indicadores confiables y claros”. El documento parece contradecir lo afirmado por el exdirector del INEC Byron Villacís a Diario EXPRESO, de que los datos de muertes violentas registrados por ese organismo son los que le entregaba la Policía.

Y estamos ante solo un testimonio y solo un documento. Por ello, la investigación anunciada por el presidente Daniel Noboa tiene que volver los ojos hacia las actividades del Gabinete Sectorial de Seguridad, de la Comisión Interinstitucional de Estadísticas de Seguridad Ciudadana y aun de otro comité más: el de Validación y Homologación de Estadísticas que creó el Ministerio Coordinador de la Seguridad, especialmente entre los años 2011 y 2014. Hay que reconstruir sus reuniones, desempolvar sus documentos y llamar a declarar uno por uno a todos sus integrantes, empezando por el director del INEC de ese entonces, José Rosero, y siguiendo por el ministro coordinador de Seguridad, Homero Arellano, y los ministros de Defensa, del Interior y de Justicia (Javier Ponce, Miguel Carvajal, María Fernanda Espinosa, José Serrano, Johanna Pesántez); el fiscal, Galo Chiriboga; el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh; el secretario de Inteligencia, Pablo Romero; el de planificación, Fánder Falconí… Todos incondicionales de Correa. Y tantos delegados, técnicos, analistas y asesores que participaron en las reuniones, así como oficiales de la Policía y las Fuerzas Armadas que veían las cosas con asombro y con disgusto.

¿Qué ha pasado con Arduino Tomasi?

Mientras tanto, Arduino Tomasi sigue adelante con sus investigaciones. Los correístas cantaron victoria cuando cerró su cuenta de X y desapareció del debate público por unos días, creyéndolo derrotado. “Mentiroso contumaz, difamador de un país, del juicio y la denuncia en Chicago no te salva ni tu cuenta eliminada ni nada”, tuiteó en ese entonces José Serrano, el ministro del Interior de las 7 mil muertes. Pero lo de Tomasi fue una retirada estratégica, agobiado además por el acoso y las amenazas de las que estaba siendo objeto. Incluso tuvo que cambiar de número telefónico, porque le llovían los mensajes de intimidación. Volvió recargado, presentó un compendio de sus investigaciones bajo el título de “The Pax Narca Files” y continúa refinando sus estadísticas. Su último hallazgo, que compartió con este Diario, parecen confirmar sus peores sospechas: no sólo que las muertes violentas no explicadas del correísmo ocurrieron precisamente en las provincias de tránsito de la cocaína sino que, en el caso de las provincias de la Costa, desde San Lorenzo en Esmeraldas hasta Puerto Bolívar en El Oro, se sitúan precisamente en los cantones donde se encuentran los puertos, los lugares de salida de droga. Para que luego digan que esas muertes no explicadas son suicidios.