Estados Unidos exhorta a la Asamblea de Ecuador a aprobar la Ley de Extinción de Dominio
El Legislativo arrancó el debate de una iniciativa para recuperar los bienes de origen ilícito a inicios de agosto
El embajador de los Estados Unidos en Ecuador Michael J. Fitzpatrick exhortó, este 3 de septiembre de 2020, a que la Asamblea Nacional apruebe una Ley de Extinción de Dominio.
El pedido del diplomático, a nombre del gobierno de Donald Trump, fue hecho en el marco de la entrega de $ 7 millones en fondos adicionales para el desarrollo de proyectos para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Fitzpatrick señaló que Washington seguirá apoyando el fortalecimiento de las instancias legales y policiales ecuatorianas que vienen combatiendo a las redes dedicadas a la producción y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.
Pero dijo que para luchar efectivamente contra estas estructuras de crimen organizado también es necesario afectar a sus finanzas y seguir la ruta del dinero que se mezcla con negocios lícitos como el comercio y el turismo.
“La extinción de dominio en muchos países ha mostrado resultados positivos en el combate a estas mafias. Una Ley de Extinción de Dominio basada en las mejores prácticas de las Naciones Unidas puede establecer en Ecuador una base para enfrentar estas actividades ilícitas. El gobierno de los Estados Unidos motiva a la Asamblea Nacional de Ecuador a aprobar el borrador existente de una Ley de Extinción de Dominio lo más amplia posible”, dijo el embajador.
La embajada se comprometió a proporcionar asistencia técnica para fundamentar la necesidad de aprobar la ley “para que Ecuador tenga en sus manos una herramienta esencial en la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y los crímenes financieros”, agregó Fitzpatrick.
A inicios de agosto, el Legislativo empezó el debate sobre la creación de un proyecto de ley para la recuperación de bienes de origen o destino ilícito o injustificado.
Según la propuesta, la extinción de dominio será patrimonial, imprescriptible y autónoma de cualquier otro proceso judicial.
La competencia de investigar estaría a cargo de la Fiscalía General que lo hará de oficio o por pedido de parte en un plazo máximo de un año, sin posibilidad de prórroga, para propiciar la celeridad.
