El estatismo cultural no quiere que haya luz

Eso de sacar el artículo de la llamada ‘Ley No Más Apagones 2.0’, enviado hace poco por el presidente Daniel Noboa, que establece una garantía de pago para los inversionistas privados que monten generadores de energía eléctrica renovable, resulta que es parte de una estrategia. La idea de esta es que como en la Comisión de Desarrollo Económico hay tanto correístas que prefiere inmolarse antes que aprobar algo que destrabe la inversión privada en el sector eléctrico, era mejor sacar ese artículo para introducirlo de nuevo en el segundo debate.

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Así, según piensan los estrategas de la bancada legislativa del gobierno, será una sorpresa que se les dará a los correístas para así poder aprobar la ley tal como quiere el gobierno. Esta decisión se desprende de la información que se recabó en la bancada gobiernista, luego de la sesión del pleno de la Asamblea del domingo pasado. La bancada ha enviado señales al gobierno para que esté tranquilo, que todo se va a solucionar en el segundo debate con la reintroducción del artículo de la discordia.

Un objetivo justificado para aclarar el panorama

La verdad es que el gobierno tiene toda razón en buscar una manera para que el proyecto de ley que tiene un nombre interminable (Ley Orgánica para Impulsar la Iniciativa Privada en la Transición a Energías Renovables) se apruebe al menos con ese artículo. Y es que, sin esa garantía de pago para los inversionistas, no habrá empresa privada del mundo que arriesgue su capital en una planta generadora de energía eléctrica en el Ecuador. Los inversionistas no son tontos ni ingenuos: ninguno pondrá un centavo sin que exista algo que garantice que un Estado, famoso por ser históricamente un pésimo pagador, cumpla con sus obligaciones.

Si de aquí hasta que se discuta el segundo y definitivo debate no ocurre nada, es decir si no se reintegra el artículo que estaba en el proyecto original enviado por el presidente Daniel Noboa, la ley no servirá de nada.

La estrategia, sin embargo, tiene algunos problemas que hace pensar que no funcionará. Para comenzar que el correísmo está decidido a bloquear la ley con la tal garantía de pago o sin ella. En la sesión del domingo del pleno donde se tramitó el primer debate del proyecto, quedó en claro que el correísmo no quiere aprobarlo y punto. El diputado Blasco Luna, uno de los acérrimos enemigos de la participación privada en el sector energético, dijo que la ley es innecesaria y que plantea más perjuicios al país que beneficios. Según Luna, antes que pensar en generar más energía es necesario quitarle los beneficios a los mineros e industriales que reciben subsidios en el precio de la energía y con ese dinero hacer un fondo para la construcción de nuevas hidroeléctricas (el viejo modelo correísta que depende de las lluvias). También dijo que, ahorrando energía colocando luminarias públicas de tecnología LED, se puede alivianar la carga al sistema de generación energética.

El correísmo quiere que la situación siga igual

En definitiva, si se escucha con atención la intervención de Luna, queda en claro que el correísmo lo que quiere es que todo quede como está. Incluso, a pesar de los mensajes claramente anti-inversión privada, el correísmo ha moderado o, más bien, escondido ese discurso. Tanto Luna como la asambleísta Sofía Espín, que también intervino el domingo, dijeron que el marco legal que dejó el correísmo ya establece que la empresa privada puede invertir y sin límite de megavatios. Lo que no dijeron, eso sí, es que la normativa del correísmo abre las puertas a la inversión privada siempre y cuando se sometan a la planificación estatal. Es decir, solo puede montar generadores donde el gobierno le asigne y del tamaño que considere como conveniente.

Lo que quedó en claro en la sesión del domingo es que el correísmo estará muy atento a lo que ocurra en el segundo debate y que no quieren que ninguna nueva ley rompa el estatus quo. En otras palabras, todo debe quedar como lo dejaron, aunque eso signifique que no habrá luz.

Lo peor de todo es que en el supuesto de que la estrategia de la bancada gobiernista funcione sorprendiendo con la restitución del artículo y con la ayuda de las otras bancadas (necesita 70 votos) el futuro de la ley sigue siendo muy complicado. En la Corte Constitucional ya está una demanda de inconstitucionalidad al fideicomiso de marras, interpuesta por un colectivo de sindicatos de las empresas públicas y por los municipios y prefecturas correístas que sostienen que dicho fideicomiso va a dejar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados sin la recaudación de tasas para los bomberos y otros fines.

Los más entusiastas de esta demanda son el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora; el prefecto del Azuay, Juan Cristóbal Lloret; y la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, es decir el correísmo más trasnochado. Esa demanda se la presentó cuando el gobierno de Noboa quiso introducir las garantías de pago en una reforma al reglamento a una ley correísta sobre la participación del Estado en el sector eléctrico. Según las exautoridades del gobierno de Guillermo Lasso, es falso ya que las tasas las seguirán recibiendo los municipios y prefecturas.

Es claro, entonces, que lo de la garantía de pago para que se incentive el ingreso del sector privado tiene la oposición más recalcitrante y activista de dos sectores: el correísmo y los sindicatos públicos que no quieren que con estos fideicomisos se transparenten los ingresos que tienen de las empresas públicas en las que trabajan. Es el estatismo cultural que llevan dentro movimientos políticos y sociales los que han impedido hasta ahora estos incentivos para la inversión privada: dicen que es privatización cuando no existe el más mínimo indicios de que se vaya a privatizar algo. La idea, simplemente, es que los privados puedan invertir en generación. Nada más.

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