La estrategia judicial se superpone a las tareas legislativas
Fiscalizar y legislar han pasado a un segundo plano en la Asamblea Nacional. Guadalupe Llori denuncia al CAL por supuesta usurpación de funciones
Concluye una semana convulsa y se viene otra que pinta aún más intensa. En la Asamblea Nacional desde hace varios días se habla más del siguiente ‘golpe’ que dará alguna de las facciones legislativas en disputa, que de los proyectos y leyes que deberían ser tramitados por esta función del Estado.
La tarde de ayer, la presidenta Guadalupe Llori presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado en contra de los integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que el miércoles votaron a favor de la apelación a su presidencia.
El coordinador jurídico de la Asamblea, Santiago Salazar, explicó que la acusación es por el presunto delito de usurpación o simulación de funciones en contra del vicepresidente Virgilio Saquicela, Ronny Aleaga, Darwin Pereira, Yeseña Guamaní y Johanna Moreira, de Izquierda Democrática.
La semana que termina tuvo de cal y de arena para la presidenta Guadalupe Llori, pero también para sus detractores. Llori logró frenar la creación de una comisión evaluadora, a través de una medida cautelar, pero a día seguido su dirección al frente del Consejo de Administración Legislativa (CAL) fue apelada y tuvo que ceder ese espacio a Saquicela. Ahí el origen de la denuncia de ayer.
Si no se rectificó ningún punto del orden del día, por qué se apeló en el CAL la presidencia.
La expectativa ahora es descifrar qué sucederá el lunes próximo, día para el que Saquicela convocó al cuerpo colegiado para conocer y calificar la denuncia presentada contra Llori y las dos quejas contra el propio CAL como preámbulo para la conformación de la comisión.
Estaba previsto que ayer Llori entregue a los integrantes del CAL toda la documentación codificada y sumillada, incluyendo los archivos anexos para sustentar las denuncias con el objetivo de que sean revisados por los integrantes de este cuerpo colegiado.
Julio César Sarango, asesor jurídico de Llori, dijo que no había posibilidad de que la presidenta se niegue a entregar estos documentos y dio a entender que la sesión del lunes se daría. “La competencia está dada a raíz de la apelación para el vicepresidente. Los plazos (para tratar el punto sobre las denuncias) tendrán que determinar las autoridades que están bajo sus atribuciones”, señaló.
Sin embargo, no todos en la Asamblea estaban convencidos de que Llori dejaría que eso suceda sin más y no se equivocaron, porque volvió a acudir a la justicia. La noche del miércoles, Salazar señaló que se violaron procedimientos parlamentarios cuando se pretendió conocer las denuncias de forma adelantada.
“(La sesión) es totalmente ilegal. La nulidad se puede dar dentro de la misma institución o a través de procesos judiciales. A mi modo de ver es totalmente nula”, advirtió y ayer dijo que queda bajo la responsabilidad de los integrantes del CAL llevar adelante esa sesión, pese a la denuncia en Fiscalía.
El legislador oficialista y coordinador de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), Juan Fernando Flores, dijo ayer que el apuro de los detractores de Llori por crear la comisión y pedir su remoción les está haciendo cometer errores que podrían hasta acarrear nulidades.
“La jugarreta les salió mal y ahora él (Saquicela) y los otros legisladores tendrán que responder sobre lo que va a suceder”, señaló Flores.
Confirmación
La Asamblea Nacional ratificó ayer que se procesó la expulsión del vicepresidente Virgilio Saquicela, de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN). Flores explicó que con esto, Saquicela ya no podrá dar opiniones ni actuar a nombre de esa bancada, sino que todo será a título personal, bajo su responsabilidad.
Procedimiento
En la Asamblea también se discute si los integrantes del CAL se deben excusar de conocer las dos denuncias que fueron presentadas en su contra y que estas, a la vez, sean enviadas al pleno para su tratamiento. El asesor Sarango reconoció que ahí hay un vacío que deberá ser resuelto.
