Estrategia presidencial
No se dio el fin del desgobierno de Lenín Moreno pese al número de muertos causado por la represión violenta de la fuerza pública contra la manifestación popular de rechazo al Decreto 883 que, como era de esperar, produjo el inmediato aumento del pasaje público urbano, que tuvo que regular al apuro el Ejecutivo para evitar que el gremio de la transportación se le fuera encima, medida que por lógica elemental debió tomarla al momento mismo de expedir el decreto que suprimió el subsidio al diésel y las gasolinas, pero que no pudo evitar el aumento de precio de los productos de la canasta básica, en especial de los provenientes de la sierra, como la papa y otros.
La falta de previsión de elementales factores como ese, confirman la deficiente capacidad del poder administrador del Estado, ahora en tan pobres manos. Y tendremos que soportar que Moreno trate de hacernos tragar la rueda de molino de que todo no fue sino un intento de golpe de Estado fraguado por el correísmo, que habría querido aprovecharse de la movilización indígena, para justificar y exacerbar la venenosa persecución política emprendida a través, principalmente, de los actuales contralor y fiscal general del Estado contra los excolaboradores del gobierno anterior, a quienes endilga ahora ser los instigadores del presunto “golpe de Estado” en su contra. La quema del edificio de la Contraloría debe verse también como un signo de repudio a la actuación de “perro de caza” emprendida por esa función del Estado, aunque no quiera hacerse esa lectura.
Ante las maniobras de Moreno para querer disfrazar su falta de credibilidad política, excolaboradores del gobierno del expresidente Correa, como Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional, y los exasambleístas Soledad Buendía y Carlos Viteri, han solicitado asilo en la embajada de México en Quito, para evitar ser vejados con arrestos y puestos en manos, como primer paso, de una fiscal general tan prejuiciada, que consideró a todo quien aportó a la campaña presidencial de Correa como presunto sobornador para la obtención de contratos, canonjías o cargos públicos, y a Correa como jefe de esa organización delictual. ¿Quién en sus cabales podría esperar justicia de una Fiscalía en tales manos?
