Exasambleísta Peter Calo fue llamado a juicio por el presunto delito de violación

El exasambleísta de Pachakutik, Peter Calo, será juzgado por el presunto delito de violación. La tarde de este lunes 12 de junio la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho Herold dictó el auto de llamamiento a juicio por el presunto delito que se habría cometido en una hostal del centro norte de Quito. 

En la audiencia preparatoria de juicio que duró cerca de cinco horas, el fiscal Wilson Toainga presentó el dictamen acusatorio en contra del exlegislador de Pachakutik quien se encuentra detenido en la cárcel 4 de Quito. La audiencia fue reservada. A ella solo asistió la Fiscalía y su personal, encabezado por el fiscal Toainga, la defensa del exlegislador y el personal judicial.

La audiencia inició a las 09:00 y concluyó alrededor de las 14:00. El caso pasará a la sala de lo Penal para que se sortee un tribunal de juicio. Una vez conformada esa instancia deberá fijar una fecha para el juzgamiento de Calo. La Fiscalía presentará al menos 10 testigos y peritos.  

Freddy Ron defiende al exlegislador. El abogado está confiado en que conseguirá demostrar la inocencia de su cliente. Que la víctima supuestamente ha mencionado que no tuvo relaciones sexuales con el acusado, es uno de sus posibles argumentos para el juicio. Tras ser detenido por la Policía el exlegislador presentó su renuncia a la curul. Eso ocurrió luego de que el pasado 27 de abril la Fiscalía le formuló cargos. 

Calo habría llegado la noche anterior a una hostal ubicada en la Av. Gran Colombia, centro de Quito. A ese sitio habría citado a una una mujer de 19 años que fue quien posteriormente llamó al Sistema de Emergencia ECU-911 para alertar que habría sido violada. Calo habría ofrecido un trabajo a la mujer. La instrucción fiscal del caso duró 30 días.

El hecho se produjo el pasado 26 de abril. La Policía acudió para atender una emergencia que fue reportada al Sistema ECU-911 y allí, en una habitación, encontró a Peter Calo, exlegislador por Pachakutik. Así relata la información policial. Tras su detención, los agentes trasladaron a Calo a la Unidad de Flagrancia de La Mariscal.

Según la información que la joven proporcionó a la Policía Nacional, el entonces legislador le había citado en la avenida Gran Colombia, pues le había ofrecido un puesto de trabajo.

Tras la formulación de cargos que se realizó el 27 de abril, la instrucción fiscal del caso duró 30 días. La defensa de Calo intentó que se defienda en libertad y solicitó la revisión de la prisión preventiva. Sin embargo, tras la audiencia que se cumplió el pasado 1 de junio, la jueza Camacho acogió los argumentos de la Fiscalía, negó el pedido de revisión de medida cautelar y le ratificó la prisión preventiva.

En febrero pasado, la Fiscalía de Salcedo presentó cargos contra Calo y su esposa Nelly Diocelina Calo Sangucho, por una presunta estafa inmobiliaria. En abril de 2022, un comerciante de 24 años, llamado Milton Yugsi, presentó una denuncia en su contra. El afectado aseguró que los hechos ocurrieron en 2018, cuando Calo se llamaba Diego, pues se cambió el nombre de cara a las elecciones de 2021, en las que ganó una curul en la Asamblea. El afectado contó que en ese entonces Calo tenía una inmobiliaria llamada El Cisne y que ofrecía lotes de terreno en Salcedo en 15.000 dólares, los cuales supuestamente eran de su propiedad.

Un juez de Salcedo dispuso el archivo del caso de estafa que se seguía en contra del exlegislador.

Acuerdo puso fin a la estafa

¿La razón? La posible víctima de la estafa por la que se investigaba a Calo llegó a un acuerdo conciliatorio. En el mismo, los procesados aceptaron reparar el daño causado a la víctima en forma integral. En la audiencia, la víctima aceptó y el abogado de los procesados mostró su acuerdo con el compromiso.

El juez consideró que no quedó nada pendiente que resolver o cumplir por parte de los sujetos procesales, declaró extinguida la acción y ordenó el archivo del expediente. Adicionalmente, canceló las medidas cautelares que pesaban en contra de los procesados. La víctima del caso había comprado el lote de terreno y cada mes hizo pagos entre 300 y 1.000 dólares. Más de 8.000 dólares le pagó.