Los exasesores de Wilman Terán buscan salir de prisión

Para la defensa de Santiago Cifuentes Cabascango, exasesor de Wilman Terán en el Consejo de la Judicatura, la prisión preventiva que pesa contra su defendido se dio luego de una serie de presuntas vulneraciones por parte de la Fiscalía.

Cifuentes es investigado por supuesto tráfico de influencias en el caso Pantalla, en el que se indaga si hubo manipulación a favor de ciertos participantes en el concurso para la Corte Nacional de Justicia, impulsado en 2023, en la administración de Terán.

Para Paúl Pérez Reina, abogado de Cifuentes, la Fiscalía en la fase de indagación no se notificó sobre la investigación, así como tampoco le permitió acceder al expediente. Dijo que el 15 de julio del 2024 se le pidió la versión a su cliente, él se acercó y la dio, pero el 4 de septiembre del 2024 se solicitó al juez que se concedieran órdenes de allanamiento para fines investigativos y formulación de cargos.

“Se considera que estas peticiones eran innecesarias, porque ya le hicieron antes un allanamiento. Mi defendido compareció al expediente fiscal, sin un mayor análisis el juez le concede la detención para formular cargos. Existe el debido proceso y es que se le debe notificar una audiencia no flagrante se debe notificar”, dijo Pérez y acto seguido solicitó la nulidad de todo lo actuado, a partir de la foja 910 del expediente fiscal.

Agregó que no hubo la suficiente motivación para ordenar la prisión preventiva. “Se presentaron documentos como la historia clínica, certificado médico del Ministerio de Salud Pública; no se consideró la situación médica”, dijo.

Otro asesor dijo que no había suficientes elementos en su contra 

Por la misma línea de defensa optó el abogado de Milton Herrera, otro antiguo asesor de Terán. Indicó que su cliente está detenido por la versión de tres personas: Alex Palacios, sentenciado en el caso Metástasis, quien es colaborador de la Fiscalía; un exfuncionario que ahora es testigo protegido y una exdirectora de Tecnologías de Información de la Judicatura, quien negó que se haya manipulado el sistema informático para conocer de antemano las pruebas a para los postulantes. 

La Fiscalía, en cambio, defendió su actuación. Indicó que la investigación nace porque un grupo de funcionarios de Terán pretendían que algunos candidatos sigan avanzando en el concurso pese a que “había gente que no cumplió los requisitos y siguió escalando. Santiago Cifuentes era asesor de la Presidencia y luego asesor de asuntos internacionales (...) Se realizaron varias actividades que permitieron que algunos postulantes subieran de 3 a 4 puntos, existió una fase del concurso de las pruebas de confianza y se realizó un primer examen, pero la mayoría de los candidatos que no eran los que querían estas autoridades, pasaron”. 

Además, la Fiscalía reveló que se solicitó ocho veces la información de la empresa que realizó las pruebas de confianza y no hubo respuesta, por lo que dirigió un allanamiento. “FGE recién tiene los exámenes y los verdaderos resultados, se solicitó un pericia informática indicando que había desaparición y adulteración de datos”. 

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