Exautoridades, sin respuestas ante la extracción ilegal de oro

El catastro minero es el registro que Ecuador utiliza para administrar los derechos otorgados por el Estado a concesiones destinadas a la extracción de metales como el oro.

Sin embargo, el 24 de enero de 2018, dicho catastro fue cerrado con el objetivo de depurar la corrupción en el sistema, especialmente en el área de entrega de permisos, ya que se detectaron concesiones otorgadas de forma irregular.

Hasta la fecha no se ha informado sobre los resultados de esa depuración ni de la reapertura del catastro minero, quedando todo en anuncios imprecisos. Esta falta de acción ha favorecido la proliferación de la minería ilegal y la infiltración del crimen organizado, según señaló el Bloque de Seguridad Nacional.

Luego del cierre del catastro minero, ocurrieron algunos hechos relevantes. El 15 de mayo de 2018, el presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso, mediante Decreto Ejecutivo, la fusión de cuatro entidades públicas.

De esta forma, el Ministerio de Hidrocarburos absorbió a la Subsecretaría de Hidrocarburos, al Ministerio de Minería y al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Carlos Pérez García estuvo al frente del proceso por mandato del jefe de Estado, pero seis meses después, en noviembre de 2019, presentó su renuncia, aduciendo motivos personales.

Diario EXPRESO intentó obtener respuestas de Pérez para que detallara cuáles fueron las irregularidades encontradas en el catastro minero y cuál era su análisis sobre la extracción ilegal de oro y las afectaciones a la seguridad registradas, pero no obtuvo respuesta.

Posteriormente, fue nombrado José Augusto Briones, quien más tarde fue encarcelado por investigaciones de irregularidades en la petrolera estatal Petroamazonas. Sin embargo, al mes de su detención, fue encontrado muerto en la cárcel. Tras su salida, René Ortiz asumió la cartera de Estado entre marzo de 2020 y mayo de 2021. Ortiz tampoco respondió a los requerimientos de este periódico.

Ya en el mandato de Guillermo Lasso, Juan Carlos Bermeo asumió el cargo y comunicó a este medio que había decidido no hacer declaraciones públicas. Agradeció la invitación, pero prefirió mantenerse alejado del tema, calificándolo de “extremadamente sensible”.

No obstante, fue Bermeo quien adelantó en 2021 que la reapertura del catastro minero era casi un hecho para enero de 2022.

Este proceso se dividiría en etapas con el objetivo de aumentar las inversiones en el país. En la primera fase, se revisarían 506 solicitudes de concesiones ingresadas justo antes del cierre del catastro. La segunda fase, prevista para finales de 2022, incluiría la implementación del Sistema Integral de Gestión Minera.

Este sistema contaría “con un moderno software que garantizaría seguridad, trazabilidad y confiabilidad, evitando manipulaciones y alteraciones”.

A pesar de las gestiones por obtener detalles sobre las acciones ejecutadas durante el cierre del catastro y los procesos de control, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables no dio respuesta.

Esto, a pesar de que la semana anterior, la Fiscalía General del Estado realizó un allanamiento en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR) por irregularidades en el cierre del catastro minero y en la entrega de permisos para concesiones.

La Fiscalía apuntó en su cuenta de X que ciertas plantas “se encontrarían procesando material aurífero, sin verificar la trazabilidad y procedencia del mineral”.

Según lo planificado por Bermeo, se esperaba alcanzar $4.256 millones en inversiones mineras y $4.040 millones en exportaciones para 2025. Sin embargo, debido a la falta de información del ministerio del ramo, no se ha confirmado si Ecuador logró cumplir la meta.

Tras Bermeo, asumió Xavier Vera Grunauer, quien ocupó el cargo desde el 28 de abril hasta el 28 de octubre de 2022, cuando renunció al enfrentar una investigación por presunto cohecho.

En enero pasado, la Fiscalía lo llamó a juicio e indicó en sus investigaciones que Vera aceptó beneficios económicos indebidos ($150.000 en efectivo) a cambio de nombrar a Adrián Alfonso Zamora Villamar como director de control minero de Imbabura. Zamora Villamar también está procesado por cohecho y fue llamado a juicio en calidad de posible autor.

Después de Vera, Fernando Santos Alvite asumió dicho cargo hasta noviembre de 2023 y destacó que, durante su gestión, se impulsó que la presidencia de la República declarara la minería ilegal como una amenaza para la seguridad nacional.

Esta medida permitió el ingreso de militares a Zaruma, en la provincia de El Oro. “Este problema es una prioridad que requiere mucho esfuerzo y para el cual se debe solicitar ayuda internacional. Debe ser declarado como un objetivo nacional, ya que los grupos criminales han visto la importancia del sector minero y se han apropiado de él. Así como se declaró al narcotráfico como enemigo, debe hacerse lo mismo con la minería”, enfatizó Santos.

Con Daniel Noboa en el poder, se nombró a Andrea Arrobo como la nueva ministra, quien estuvo en el cargo entre el 23 de noviembre de 2023 y el 16 de abril de 2024, cuando se le pidió su renuncia en medio de una ola de apagones en el país, declarando en emergencia el sector energético y solicitando también una investigación por presunto sabotaje.

Ahora está Antonio Goncalves, quien se pronunció sobre el tema en un audiovisual colgado en redes, solo después de que la Fiscalía anunciara los allanamientos a la sede de la ARCERNNR en la capital, indicando que dará todas las facilidades para las investigaciones.

Para más noticias, visite el siguiente enlace.