Excancilleres y exembajadores enmudecidos por los millonarios contratos en España
EXPRESO intentó dialogar con exfuncionarios en cuyas gestiones se firmaron los polémicos acuerdos. Algunos eludieron pronunciarse, otros no respondieron
En silencio. La polémica en torno a los contratos firmados por la Embajada de Ecuador en España para prestar asesoría jurídica y psicosocial a migrantes ecuatorianos afectados por los desahucios en el país europeo, enmudeció a los ahora excancilleres y exembajadores en cuyas gestiones se suscribieron esos acuerdos.
Tal como EXPRESO ha publicado durante esta semana, los más de veinte contratos para asesoría jurídica suman casi 7 millones de euros. Lo que llama la atención es que parte de esos acuerdos, y por ende el dinero de los ecuatorianos, fue adjudicado a Kinema Sociedad Cooperativa Madrileña, empresa con fuertes vínculos al partido español Podemos. Se presume que el dinero iba a alimentar las finanzas de la organización política afín al expresidente Rafael Correa. También salta el nombre de Walter Jaramillo Mena, migrante ecuatoriano que figura como representante legal de tres de las cuatro empresas (exceptuando a Kinema) también beneficiadas con acuerdos.
EXPRESO intentó conversar con dichos excancilleres y exembajadores, pero solamente encontró silencio.
El único que respondió al pedido de este Diario fue el excanciller José Valencia. A través de un correo electrónico, el actual embajador de Ecuador ante la Organización Mundial del Comercio fue consultado por este medio sobre si conocía la existencia de los contratos y a quiénes fueron adjudicados. Además, cómo fue la selección de la empresa Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa y por qué luego se dejó de contratarla para pasar a adquirir los servicios de Intecon Iberoamérica, ya que justo en el periodo de Valencia se firma el último contrato con la primera y el primero con la segunda. También que explique los montos tan altos frente a los escasos resultados en cuanto a la ayuda a los migrantes que ahora se evidencian.
Valencia respondió: “La información que me requiere, le corresponde a la Cancillería brindarla. Como constará en documentos oficiales, estos pertenecen a la institución y los funcionarios no podemos transmitirlos a terceros (además de que físicamente no los tengo ni podría tenerlos, por ser precisamente documentos de carácter oficial)”.
Durante la gestión de Valencia se firmaron dos contratos, por un valor total de 1’804.935 euros.
EXPRESO además intentó conversar con el excanciller Ricardo Patiño a través de constantes llamadas a su número telefónico y de mensajes en WhatsApp. Los tres primeros mensajes los leyó, pero los siguientes ya no. En su gestión se firmaron cinco contratos, dos adendas, dos contratos complementarios y otro por servicios profesionales, por un monto total de 2’446.189,58 euros.
El mismo procedimiento se ejecutó para intentar conversar con el excanciller Guillaume Long: llamadas constantes a su número, mensajes de WhatsApp y hasta mensajes directos a su cuenta de Twitter, sin embargo no respondió. En su administración se firmaron tres contratos, una adenda, dos contratos complementarios, un segundo ampliatorio y un acta de terminación, que suman en total 1’922.257,97 euros. El último de los tres contratos (887.880,8 euros) se firmó el 23 de mayo de 2017, un día antes de que el expresidente Correa dejara el poder.
También se intentó sin éxito dialogar con el excanciller Luis Gallegos, en cuya gestión se firmaron los dos últimos contratos, por un total de 197.835,8 euros.
Este Diario trató de trazar un canal de comunicación efectivo con la excanciller María Fernanda Espinosa, al igual que con el exembajador Cristóbal Roldán, pero no fue posible. En la administración de la también expresidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas se suscribió un solo contrato, pero bastante voluminoso, por1’054.866,41 euros.
Este medio logró contactar a la exembajadora Aminta Buenaño, quien se negó a conceder una entrevista. No obstante, según una publicación de OkDiario de España de finales de agosto de este año, la exfuncionaria reconoció que recibió una directriz superior para contratar a una empresa y que se escogió a Kinema porque debían elegir a abogados que estuvieran en contra de los desahucios.
Un primer contacto también se concretó con el exembajador Miguel Calahorrano, quien dijo que en el momento de la llamada estaba en una reunión y pidió que lo vuelvan a telefonear dentro de una hora. Pero luego ya no respondió llamadas ni mensajes.
