Corte dice que la Presidencia ha desnaturalizado el estado de excepción
"La violencia persiste y se agrava", dicen jueces constitucionales y ordenan creación de mecanismo técnico para superarla
Después de un año "prácticamente ininterrumpido de estado de excepción", la Corte Constitucional "encuentra que sus beneficios son casi inexistentes ante la falta de resultados reales y las graves consecuencias que empiezan a evidenciarse", se lee en la sentencia, divulgada este viernes 28 de febrero del 2025.
¿Qué evaluó la Corte Constitucional?
La Corte Constitucional hizo el control de constitucionalidad del estado de excepción, declarado por el presidente Daniel Noboa, mediante decreto ejecutivo 493, el 2 de enero de 2025.
¿Cuál fue la decisión?
Tras su análisis, la Corte dictamina la constitucionalidad del decreto ejecutivo, exclusivamente, respecto de la causal de grave conmoción interna, salvo en el cantón La Troncal de la provincia de Cañar y en los Centros de Privación de Libertad.
También declaró la inconstitucionalidad de la causal de conflicto armado interno invocada por el presidente de la República.
Y ordenó el establecimiento de un mecanismo para catalizar el regreso al régimen constitucional ordinario. De modo que se generen e implementen acciones legislativas, de política pública y de gestión judicial para que el Ejecutivo pueda afrontar el problema estructural de violencia y crimen organizado.
Y pidió la conformación de la Comisión Interinstitucional de coordinación, planificación e implementación de medidas estructurales, conformada por la Función Ejecutiva, Función Legislativa, Consejo de la Judicatura y Fiscalía General del Estado y Defensoría del Pueblo.
Los argumentos
La Corte deja en evidencia que desde el 2020, la Presidencia de la República ha recurrido de modo reiterado al estado de excepción para hacer frente al incremento de la violencia vinculada a organizaciones delictivas.
La Corte destaca que en la actualidad existen varios reportes y denuncias de presuntas desapariciones forzadas y graves afectaciones a la integridad de las personas durante los estados de excepción. Y pone como ejemplo el caso de los tres adolescentes y un niño de Las Malvinas, en Guayaquil, "es de público conocimiento y conmocionó a la sociedad ecuatoriana y a la comunidad internacional, llegando a ser condenado inclusive por la CIDH.
Sobre el mecanismo técnico que se debe crear, los jueces constitucionales dicen que esperan que se generen e implementen acciones legislativas, de política pública y de gestión judicial para que el Ejecutivo pueda afrontar el problema estructural de violencia y crimen organizado.
Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ
