Fin del estado de excepción: Deudas y pagos acecharán desde el 13 de noviembre

El fin del estado de excepción, que ocurrió ayer, permite por un lado la recuperación de las libertades ciudadanas de movilización, reunión y asociación, pero por otro lado echa a los ecuatorianos a su suerte económica, con una crisis profunda, sin un respaldo estatal.

Para muchos, que han perdido sus empleos y han desmejorado su situación financiera, quedarse sin estado de excepción puede significar, a partir de la segunda semana de noviembre, quedarse sin servicios básicos, sin seguro médico y sin un lugar donde vivir.

El estado de excepción permitía que, aunque no pagaran las planillas y los servicios y el arriendo de la casa, no se pudiese desalojar al inquilino ni cortar, por falta de pago, la energía eléctrica, el agua potable, la telefonía fija y celular, y la conexión a internet.

Quienes no pagaron por lo consumido desde marzo hasta este mes tendrá que hacerlo en las próximas planillas en pagos programados hasta por doce meses, pero además, tienen que cancelar lo que consuman y, por tanto, los pagos mensuales serán más altos.

La Ley de Apoyo Humanitario, publicada el 22 de junio en el Registro Oficial, expresa claramente que las suspensiones de cortes, hasta de los seguros médicos impagos, vencen en la mayoría de los casos dos meses después de terminado el estado de excepción; es decir, el 12 de noviembre próximo.

El abogado de inquilinato, Eloy González Flores, asegura que la permanencia de un inquilino en la casa o local que arriende, a partir de noviembre, depende de los acuerdos que haya llegado con su arrendatario y de lo que haya podido pagar. Por ello, creen que puede comenzar a registrarse una serie de demandas en el campo judicial.

Las empresas eléctricas, de agua potable y telefonía, según conoció EXPRESO, están preparando comunicados para sus usuarios, que llegarán en las planillas de este mes. “La opción ofrecida a los usuarios, para evitar los cortes desde noviembre, son los convenios de pago”, dijo a este diario la vocera de la concesionaria de Interagua, Ilfn Florsheim.

Lo mismo está haciendo la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) con sus 2’600.000 usuarios, a los que les emitirá las nuevas planillas refacturadas en este mes.

• A continuación, cuáles son las reglas que, una vez terminado el estado de excepción, empiezan a regir y que puede afectar la tranquilidad ciudadana.

• Agua potable, luz eléctrica, telecomunicaciones e internet

La ley de Apoyo Humanitario precisa que todas las empresas que provean de servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones e internet, solo pueden tener suspendido los cortes, por falta de pago, hasta dos meses después de la terminación del estado de excepción. Los valores pendientes pueden cobrarse en doce cuotas iguales y sin intereses. Una vez terminado el estado de excepción, la ley dispone que no puede haber incremento de tarifas o tasas de los servicios básicos y de telecomunicaciones por un año; es decir, hasta el 13 de septiembre del 2021.

Arriendos y órdenes de desahucios

Los arrendatarios de inmuebles están protegidos del desahucio (orden de desocupar), mientras duró el estado de excepción vigente y hasta sesenta días después de su conclusión. Por ello, a partir del 14 de noviembre, dice el abogado Eloy González, todas las órdenes de desahucios pueden ser ejecutadas. La Ley de Apoyo Humanitario también establece que, para acogerse a la suspensión temporal de desalojo, debían cancelar al menos el 20 % del valor de los cánones pendientes; y, en el caso de locales comerciales, el arrendatario deberá demostrar que sus ingresos no se han afectado en al menos un 30 % con relación a febrero de 2020. La suspensión podrá extenderse , dice la misma ley, en caso de que el arrendatario y el arrendador acuerden por escrito un plan de pagos sobre los valores adeudados. El acuerdo suscrito tendrá calidad de título ejecutivo, pero no implica condonación de ningún tipo de obligaciones, salvo acuerdo de las partes en contrario. La rebaja del canon de arrendamiento depende del arrendador. Hay algunas excepciones.

El servicio de salud prepagada

Las compañías de salud prepagada y las de seguro, que ofrecen cobertura de seguros de asistencia médica, podrán dar por terminadas las pólizas y los contratos de medicina prepagada que estén impagas, también pueden suspender su cobertura, a partir del 13 de noviembre. Hasta entonces se pueden acordar reprogramaciones de pagos por un máximo de los meses de vigencia del contrato, que deben ser contados desde la fecha de terminación del estado de excepción. No se pueden cobrar intereses.

Seguros generales y de vida

Las empresas de seguros generales y seguros de vida podrán comenzar a cobrar, desde ahora, en cuotas mensuales prorrateadas hasta un máximo de seis meses, los valores impagos de pólizas de fiel cumplimiento de contrato y buen uso del anticipo dentro del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Los créditos bancarios

Hasta el 13 de noviembre, por una resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, todas las entidades del sistema financiero nacional, incluidas las entidades emisoras y autorizadas para emisión de tarjetas de crédito y aquellas personas jurídicas que no forman parte del sistema financiero y que tengan como giro de negocio operaciones de crédito, efectúen procesos de acuerdo con sus clientes para reprogramar el cobro de cuotas mensuales generadas por cualquier tipo de obligación crediticia. El acuerdo debe incluir el pago de cuotas impagas y no se pueden cobrar intereses.

Matriculación y revisión vehicular

Con el fin del estado de excepción empezarán a generar las multas e intereses de los procesos de matriculación vehicular y revisión técnica mecánica que no se hagan. Los que se dejaron de hacer, entre marzo y el 13 de septiembre, deben ser reprogramados pero se harán sin el pago de multas e intereses. Según la ley, la Agencia Nacional de Tránsito, en coordinación con el Servicio de Rentas Internas, emitirán las disposiciones correspondientes para la reprogramación y/o recalendarización de los cobros y procesos no realizados.

Los precandidatos opinan

Xavier Hervas,  presidenciable de la Izquierda Democrática: "Deben ampliarse los plazos y precautelar sobre todo la vivienda de los ecuatorianos y su sustento diario. No debemos agudizar la crisis. Las entidades financieras deben generar mayores facilidades de acceso a crédito y refinanciamiento de las deudas. En esto la banca pública es fundamental".

Pedro Freile, Presidenciable movimiento AMIGO: "Lo que se debe al Estado, es el mismo Estado quien debe actuar con flexibilidad y tolerancia. Deberá asumir con prontitud la cobertura de los pagos a sus servidores... Respecto de los pasivos entre privados, es indispensable que la sociedad favorezca los acuerdos que permitan recuperar el equilibrio de las relaciones contractuales".

Yaku Pérez, presidenciable del movimiento Pachakutik: “En el pago de las tarifas de los servicios básicos debemos ser flexibles. Vivir esta emergencia económica y social es muy difícil y podría extenderse los plazos de acuerdo a las finanzas de cada municipio, incluso condonarles la mitad de la deuda”.

Julio Villacreses, vicepresidenciable por la alianza Concertación - PSE: "La alianza Honestidad plantea extender el plazo de pago a los deudores de los servicios básicos y de los arriendos, más allá del tiempo establecido. Incluso la luz debería declararse una moratoria o exoneración total de los cinco primeros meses.

Javier Orti, aspirante a la Asamblea movimiento Avanza: "Debería implementarse un sistema de convenios de pago de largo plazo y gracia hasta diciembre. Debería existir un tiempo de tregua para que los bancos no tomen en cuenta el Buró de Crédito, y estas se respalden con otro tipo de garantías.

Fernando Balda, postulante a la Asamblea movimiento Libertad es Pueblo: "Para que esto no se convierta en un nuevo estallido social... lo más sencillo sería que las empresas proveedores lleguen a acuerdos de pagos en los que prorrateen las deudas al menos a tres años".

Fernando León, aspirante a la Asamblea por el movimiento SUMA: "Lo más viable es llegar, en el caso de privados, a acuerdos de pago libre de intereses... En el caso de servicios básicos el camino más adecuado sería el prorrateo de la deuda hasta 18 meses. Las hipotecas de viviendas pueden manejarse de la misma manera".