Estado de excepción en Ecuador: estas son las provincias en las que rige
La declaratoria de estado de excepción tendrá vigencia de sesenta días
Este martes 2 de julio, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azin, declaró un estado de excepción en varias provincias del país debido a la grave conmoción interna y conflicto armado interno. La medida, oficializada mediante el Decreto Ejecutivo N.° 318, tendrá una vigencia de 60 días y abarca seis provincias y un cantón de una séptima provincia.
El estado de excepción en Ecuador abarca las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, y el cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay.
La Asociación Mundial de Juristas (WJA, por sus siglas en inglés) ha respaldado esta decisión. En su rol de observadora jurídica, la WJA elaboró un informe confirmando que el decreto se ajusta al marco constitucional del país.
El principal objetivo de esta declaración es fortalecer las estrategias de lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, protegiendo así la seguridad ciudadana en las zonas más afectadas.
Medidas implementadas en el estado de excepción
El estado de excepción en Ecuador, decretado por el presidente Daniel Noboa Azin, incluye varias medidas específicas que buscan combatir el crimen organizado y el terrorismo, y proteger la seguridad ciudadana.
Se suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio, por lo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional podrán realizar inspecciones, allanamientos y requisas para ubicar y detener a personas pertenecientes a grupos armados organizados, así como confiscar materiales e instrumentos utilizados para cometer delitos.
Además, también se interrumpe la inviolabilidad de correspondencia para lograr la identificación, análisis y recopilación de mensajes, comunicaciones y correspondencia física o electrónica para descubrir y prevenir acciones ilícitas de grupos armados organizados.
La libertad de asociación y reunión es otro de los derechos suspendidos en este decreto. Con esta medida, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional podrán desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen posibles amenazas.
Se permitirán requisiciones de bienes, especialmente armas y explosivos de origen ilícito, en casos de extrema necesidad y en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.
Finalmente, el decreto dispone la movilización e intervención continua de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para ejecutar las medidas extraordinarias del estado de excepción, de manera temporal y subsidiaria.
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