Vuelve el estado de excepción, el recurso legal que perdió fuerza en manos de Lasso

Cada vez que había una crisis social, sanitaria o de seguridad, sin alguna duda y a rajatabla, se aplicaba el estado de excepción en el Gobierno de Guillermo Lasso. Esta herramienta, que debió utilizarse de manera excepcional, en dos años y cinco meses, Lasso la utilizó 23 veces, siete veces más que su antecesor, Lenín Moreno. Hoy, 8 de enero de 2024, ha llegado el primero de Daniel Noboa, tras la desaparición de alias Fito, de la Penitenciaría del Litoral y la crisis carcelaria que esto ha desatado.

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"Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las fuerzas armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar", manifestó el primer mandatario. "Hago un llamado a la ciudadanía ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo", anotó en un video colgado en sus redes.

Con el Decreto Ejecutivo N° 110 declara el estado de excepción en todo el territorio nacional –incluidos los centros de privación de libertad- para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. “Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz”, aseguró el presidente. Esta declaratoria tiene una vigencia de 60 días. 

¿QUÉ PERMITE EL ESTADO DE EXCEPCIÓN?

El estado de excepción permite movilizar a las Fuerzas Armadas para que apoyen, de forma complementaria, a las labores de seguridad interna de la Policía Nacional, sea en los centros de privación de libertad o en general en las calles. Se suspenderán los derechos de libertad de tránsito (toque de queda de 23:00 a 05:00), inviolabilidad del domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de asociación. Todas las medidas de restricción de derechos serán revisadas progresivamente.

En el sector de la seguridad es en donde más aplicó este recurso con Guillermo Lasso, 16 veces. De acuerdo con el artículo 164 de la Constitución, el presidente “podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural”. Sin embargo, para expertos en seguridad, en el tiempo de Lasso, esta medida no fue bien empleada.

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A criterio de Juan Carlos Valarezo, experto en seguridad y ciencias políticas, y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en los dos últimos gobiernos se ha vuelto una tendencia su uso y hoy se suma Noboa. “En el gobierno de Lenín Moreno, su uso estaba muy marcado con los intereses políticos”, como fue en el caso de las manifestaciones sociales, dice.

Para Carla Álvarez, experta en seguridad, defensa y estudios políticos, y catedrática del Instituto de Altos Estudios Nacionales, no se puede hablar de un uso de los estados de excepción, sino de un abuso, ya que su implementación se ha vuelto una cotidianidad. Además, su aplicación ha sido sin que se haya facilitado el empleo de recursos para el adecuado gasto que tienen las fuerzas policiales y armadas para que atiendan la excepcionalidad de la emergencia, por lo que muchos gendarmes han estado sin el equipamiento adecuado; debido a esto, este personal ha realizado un trabajo poco efectivo.

Con esto concuerda Fernando Carrión, experto en seguridad ciudadana y políticas urbanas, y docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Ecuador, ya que la tasa de homicidios se ha incrementado.

Lo que evidencia que esta medida no ha contribuido en la pacificación de la sociedad ni ha ayudado a resistir los actos de violencia o a contener los problemas que ha tenido el país, asegura Álvarez. Esto se dio, según explica Abraham Correa, exdirector de Inteligencia de la Policía Nacional, porque “la delincuencia se dio cuenta de que la fuerza pública no podía accionar como era debido, porque tenía ciertas debilidades y dificultades”, lo que se convirtió en el peor error del Gobierno. Además, al generalizar la situación por la cual se empleaba, hizo que se desvaneciera su impacto y ya no sea importante.

Por lo que la implementación de los estados de excepción muestra una fragmentación de las instituciones del Gobierno, ya que el problema de la inseguridad no se puede solventar solamente mediante este mecanismo, sostiene Valarezo. Pero, por otro lado, está la percepción social, ya que donde se la establece la incumple o no se la acata, por la pérdida de legitimidad hacia el instrumento y hacia el Gobierno, y “esto es algo muy difícil de recuperar”, expone.

Sin embargo, a criterio de Carrión, su reiterada aplicación se debe también a que hay una demanda por parte de la población por lo que se denomina mano dura, y también la respuesta institucional con los funcionarios de alto nivel del Gobierno va en el sentido del peso que tiene la Policía y las Fuerzas Armadas.

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