El exdirector de la Escuela de la Función Judicial de Wilman Terán está detenido

Michael Hernández Sánchez, exdirector de la Escuela de la Función Judicial, se entregó a la Policía el sábado 27 de julio, luego de que el pasado 30 de junio fuera vinculado al caso Plaga, en el que se investiga una presunta delincuencia organizada, y se ordenara su arresto.

Durante 27 días, Hernández estuvo como prófugo, pero se conoció que se entregó a la Justicia. Analiza si coopera con la Fiscalía y, así, más el procedimiento abreviado, logra una sentencia reducida que puede ser similar a la de Mayra Salazar, esto es 15 meses de cárcel.

Hernández fue socio de Cristian Romero, exabogado del narcotraficante Leandro Norero, en su estudio jurídico Fandet, que tenía sus oficinas en Riobamba. Desde allí, los abogados lograban prelibertades para clientes que iban desde Jorge Glas, exvicepresidente sentenciado por corrupción, la familia Bucaram, narcotraficantes, traficantes de personas, sicarios, violadores y más.

Al Consejo de la Judicatura, Hernández llegó de la mano de Wilman Terán, expresidente, hoy preso por dos causas sobre obstrucción a la justicia y delincuencia organizada.Terán lo nombró en marzo de de 2023 y ocupó el cargo de Director de la Escuela Judicial. Desde ese puesto realizó un papel directo en el concurso para renovar la Corte Nacional, que fue echado abajo luego de descubrirse varias irregularidades.

La teoría de la Fiscalía sobre Michael Hernández

Según Alex Palacios Shinin, exdirector Nacional de Asesoría Jurídica de la Judicatura, señaló que Terán había arreglado el concurso y tenía a los perfiles ganadores, entre estos señaló a una jueza de Santo Domingo, Anabel Terán, quien ha negado tal afirmación del testigo.

En la formulación de cargos, la fiscal Diana Salazar dijo que Hernández recibió 5.064 dólares desde México por parte de uno de los procesados en el caso Plaga. Salazar lo acusó de gestionar ciertos casos en la Corte Nacional. Uno de esos fue una casación aceptada parcialmente a favor de Gonzalo Ruales, sentenciado por oferta de tráfico de influencias. A cambio de 50.000 dólares se ordenó la suspensión condicional de la pena, algo que es completamente ilegal en esa fase del proceso. La fiscal dijo que tenía como operadores en la Corte Nacional a Luis Rivera, Luis Rojas y “jueces Guillén, Córdova”.

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