Caso Plaga: exdirector de la Escuela Judicial y 8 servidores son procesados

El caso Plaga pasó a la Corte Nacional. La razón fue que la fiscal Diana Salazar pidió la vinculación de 16 personas, entre estas jueces de la Corte de Santo Domingo de los Tsáchilas, que gozan de fuero.

Sobre ellos, la fiscal dijo que formaron parte de una organización delictiva, cuyo cabecilla fue Cristian Romero, exabogado del narcotraficante Leandro Norero, de la familia Bucaram y del exvicepresidente Jorge Glas.

Otro procesado es Michael Israel Hernández Sánchez, exdirector de la Escuela de la Función Judicial nombrado por Wilman Terán. Previamente había trabajado con Cristian Romero.

Según la fiscal, Hernández recibió 5.064 dólares desde México por parte de uno de los procesados en el caso Plaga. Salazar lo acusó de gestionar ciertos casos en la Corte Nacional. Uno de esos fue una casación aceptada parcialmente a favor de Gonzalo Ruales, sentenciado por oferta de tráfico de influencias. A cambio de 50.000 dólares se ordenó la suspensión condicional de la pena, algo que es completamente ilegal. La fiscal dijo que tenía como operadores en la Corte Nacional a Luis Rivera, Luis Rojas y “jueces Guillén, Córdova”.

Este exfuncionario, por su parte, indicó que si tiene algún pago con los abogados procesados fue por cursos de capacitación. También indicó que no es la primera vez que su nombre es mencionado en casos de corrupción judicial, pero que él siempre ha presentado sus evidencias y ha colaborado con sus declaraciones para desvirtuarlas. Negó haber gestionado casos con los jueces de la Corte Nacional.

Los jueces de la Corte de Santo Domingo de los Tsáchilas procesados son Jorge Montero Berrú, Patricio Calderón y Galo Luzuriaga Guerrero.

La fiscal los señaló como los responsables de la liberación del ciudadano César Ruano, acusado de tráfico de migrantes, a cambio de 60.000 dólares.

Otros jueces de primer nivel procesados son: Luis Lucero Loayza, de Huaquillas; José Guamán Herbozo, Santo Domingo, y Adriana Zarama Cruz, de Milagro. Esta última, según la fiscal, otorgó la libertad a Ricardo Darío Saltos, sentenciado por violación.

También ordenó la excarcelación de Andreina Oviedo, conviviente de Wilson Padilla, alias Brazudo, asesino de Norero. Para ello se usaron certificados médicos adulterados y se presume que recibió dinero. 

Luego de la audiencia de vinculación, el Consejo de la Judicatura indicó que colaborará con las autoridades y no descarta iniciar acciones "pertinentes" dentro el ámbito administrativo, como son los procesos disciplinarios. 

Terminada  la audiencia de vinculación, a 14 procesados se les ordenó prisión preventiva, dos deben presentarse periódicamente por ser de la tercera edad y una mujer, que está embarazada, tiene prohibición de salida del país y debe presentarse periódicamente.  Además, se dispuso la retención de cuentas de todos los vinculados por un millón de dólares, divididos de manera proporcional por cada uno de los vinculados.