Exfuncionarios del Hospital Universitario fueron procesados por peculado
La Fiscalía abrió una investigación por la adquisición de insumos médicos, entre ellos reactivos químicos, registrado hace ocho años
Presentación ante la autoridad judicial cada quince días, la prohibición de salida del país y la acción de enajenar bienes por 50.000 dólares, fueron las medidas que se dictaron en contra de tres exfuncionarios del Hospital General Universitario de Guayaquil y un proveedor, por su presunta participación en el delito de peculado para la adquisición de insumos médicos con presunto sobreprecio, entre los que constan reactivos químicos destinados al área de laboratorio durante el año 2013, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
Las medidas se dictaron en la audiencia de formulación de cargos, que se desarrolló vía telemática este martes 3 de agosto de 2021, en la Unidad Judicial Florida Norte.
César Suárez Pilay, fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, presentó como elementos de convicción: el Informe con Indicios de Responsabilidad emitido por la Contraloría General del Estado, y el informe y la pericia contable que determina un sobreprecio de cerca de 25.000 dólares por un contrato de 75.044 para la compra de insumos. Además de los informes de contratación pública, presentó copias certificadas del contrato investigado remitido por el Ministerio de Salud, el informe del Servicio de Contratación Pública, las versiones de los auditores de la Contraloría y peritos contables, y los informes investigativos de inspección ocular técnica de Criminalística, detalló la FGE.
Las medidas cautelares fueron dirigidas a José María Palau Duarte (exgerente de la casa de salud), Maritza Isabel Molestina Tabares (exdelegada de la máxima autoridad hospitalaria), Jorge Enrique Sánchez Naranjo (exjefe de Compras Públicas) y David Stalin Delgadillo Andrade, proveedor de la empresa Megalab.
La investigación fiscal inició en diciembre de 2017, tras un Informe con Indicios de responsabilidad Penal que emitió la Contraloría General del Estado, por un presunto perjuicio de cerca de 25.000 dólares en un contrato de adquisición de insumos médicos, como reactivos químicos, para el área de laboratorio del Hospital General Universitario del Ministerio de Salud, por un valor total de 75.044 dólares.
Según la Contraloría e investigaciones de la Fiscalía del Guayas, existiría un presunto perjuicio económico en el contrato de adquisición de insumos, reactivos y consumibles para equipo de apoyo tecnológico y estarían involucrados varios exfuncionarios del referido hospital, así como el proveedor de la empresa investigada.
La Fiscalía procesó el caso con base en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que indica que los servidores y las personas que actúan en virtud de una potestad estatal, en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años.
El próximo 17 de agosto, entra en vigencia la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en materia Anticorrupción, que endurece las sanciones a quienes cometan delitos relacionados con corrupción tanto en el sector público como en el privado, especialmente si se lo comete en declaratorias de estados de excepción y emergencias.
Las reformas fueron aprobadas dentro del contexto de las denuncias de corrupción que se hicieron públicas durante la emergencia sanitaria que se decretó desde marzo de 2020, por la presencia de la COVID-19 en el país.
