Exfuncionarios sentenciados: Las organizaciones políticas no hacen un mea culpa
Cinco voces del PSC, Revolución Ciudadana, Partido Socialista, Unidad Popular y Democracia Sí opinan
En julio del 2022, Soledad Diab renunció a su curul, para candidatizarse como concejala de Guayaquil. Así, su suplente, Pablo Muentes, llegó a ocupar ese lugar en la Asamblea, por el Partido Social Cristiano (PSC). El pasado lunes, él fue sentenciado a 13 años y cuatro meses de prisión, por delincuencia organizada, dentro del caso Purga.
¿Qué dice el PSC?
¿Por este caso, el PSC o toda la clase política deberían hacer un mea culpa? Pronunciarse, más allá del comunicado de hace un año, el día del operativo de Fiscalía, en el que se leyó: “Nadie está por encima de la ley. Todo ciudadano debe responder por sus actos. Asimismo, la justicia debe concretar y detallar sus acusaciones y pruebas. El accionar político del PSC solo se compromete por los actos que son de su responsabilidad”.
El presidente del PSC y asambleísta electo, Alfredo Serrano, dijo no poder contestar una llamada, al estar en medio de un vuelo. El excandidato presidencial, Henry Kronfle, comentó que se encuentra en Europa y que a su regreso hablaría.
El legislador socialcristiano, Otto Vera, a título personal, sí opinó: “Las organizaciones políticas no tienen la culpa de errores que cometen las personas. En la actualidad se escuchan muchas cosas sobre el gobierno actual, creo que es secreto a voces, lo del tema petrolero”.
Según el asambleísta, en ambos casos, “se trata de personas que cometen un error. Y deben ser censuradas, sentenciadas, juzgadas. Así tampoco podríamos decir que el gobernante lo cometió, hay responsables”.
Pero, ¿las organizaciones políticas no deben asumir nada? Vera respondió: “Solo falta que a las curules les pongan el polígrafo. Formas a un político, pero mañana viene la corrupción y lo enamora. Son temas que no se contemplan”. Entonces, cree que los cambios más profundos deberían venir de la escuela. “Allí hay que enseñar valores”.
Exfuncionarios del correísmo, sentenciados
Lamentablemente, no solo miembros del PSC han sido vinculados a actos de corrupción. En esta semana, incluso Daniel Noboa lo recordó, al referirse al exmandatario Rafael Correa como “el prófugo”. Hace cinco años, él fue sentenciado a ocho años de prisión, en el caso Sobornos. Además, el exvicepresidente, Jorge Glas, está preso.
En esa línea, Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, apunta que: “organizaciones como la Revolución Ciudadana, que nació hace casi dos décadas, han encontrado una forma de mantener el poder, vía actos ilícitos. Así de claro y concreto. Al ser parte de red de favores en el sistema de justicia lo aupaban, no es que no sabían”.
Para Vallejo hay más tipos de organizaciones políticas: unas que por “debilidad orgánica” permiten que algún candidato use su casillero como vehículo electoral. “No puedo asegurar que haya dinero de por medio; pero es muy probable que lo reciban, por sus espacios”.
Para el dirigente, también hay organizaciones como ADN que no asumen responsabilidades al escoger candidatos. En Cotopaxi, la sobrina y el tío ganaron curules, dice.
El socialista afirma que otro grupo de organizaciones, como la suya, Unidad Popular o la ID cuentan con filtros. “Ahora es fácil revisar si un candidato tiene problemas con la justicia o debe pensiones alimenticias. Es cosa de ‘googlear’. Se nos escapó uno de Guayas, que era quinto suplente; había estado preso por consumo de drogas”.
Para Vallejo, el elector escoge mal y los políticos son el reflejo de la sociedad. Le parece que debería haber alguna sanción, relacionada con la entrega del Fondo Partidario Permanente, si colocan a candidatos, en líos con la justicia.
¿Narcopolítica?
En cuanto a eso, Mery Zamora, de Unidad Popular, subraya que los partidos sí deberían responder por haber aceptado en sus filas a involucrados en actos de corrupción. Ella reclama porque ni el Consejo Nacional Electoral (CNE) ni el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) reaccionan ante “verdaderas maquinarias, que movieron fortunas”, en la campaña.
A Zamora, expresidenta de la UNE, perseguida en el gobierno de Rafael Correa, le parece que son evidentes las diferencias entre lo que gastó su partido y lo que han invertido otros. “Vivimos en una narcopolítica y nadie responde. Aquí, tanto el prófugo como el de cartón se han beneficiado de recursos estatales. Que no diga el presidente actual que no se ha beneficiado de nada”.
Líderes de Revolución Ciudadana, como Andrés Arauz no contestaron pedidos de entrevista de EXPRESO. Tampoco tres de sus legisladoras. Ni Christian González, director del movimiento, en Pichincha.
La asambleísta Mónica Alemán, subdirectora del movimiento en Pichincha, comentó que hay que partir por la presunción de inocencia. Y tomar en cuenta que, “las investigaciones en el caso de la RC no se han dado de manera justa. Hay lawfare a nivel latinoamericano”.
Además, para Alemán, “la carta del presidente Daniel Noboa ha sido juzgar a sus adversarios políticos, estigmatizarlos, refiriéndose a ellos de manera peyorativa. Hay casos en cortes internacionales, así que no se ha probado nada. Quien gobierna debe preocuparse por responder sobre Sacha, El Ordeño y porque la gente no tiene trabajo, medicina y educación”.
Contrario a esa opinión, para Gustavo Larrea, presidente de Democracia Sí, hace falta ser más autocríticos. Y reconocer la infiltración del crimen organizado en todas las estructuras del Estado: fuerzas políticas, justicia y seguridad.
Sin dudarlo, Larrea acepta que existen organizaciones contaminadas por la corrupción. “No es casual que exministros y exasambleístas estén involucrados”. Pero, él insiste en que: “Hay una culpa concreta de quienes metieron la mano en el erario nacional y usaron la justicia para beneficiar al crimen”.
Depurar y revisar cómo se elige al candidato
“El establishment necesita depurarse”, sostiene el consultor político Decio Machado. Cuestiona el “silencio absoluto” de Jaime Nebot, líder del PSC, tras la sentencia contra Muentes. También critica a “quienes defienden a personajes acusados de corrupción, de sus filas”. El problema es estructural. “En la medida en que hay concentración de poder en el Ejecutivo, existe baja institucionalidad. Se genera un ecosistema favorable a la corrupción, que va más allá de ideologías”.
Machado afirma que a la clase política ecuatoriana le falta ética y carece de valores sobre lo que significa representar a la sociedad o ejercer un cargo dentro del Ejecutivo. “Estos hechos, no los contempla el Código de la Democracia; hay jóvenes como (Iván) Espinel que cometen actos de corrupción. Algunos los califican como actos de persecución política y el timing en que opera la Fiscalía los ayuda”.
La politóloga Verónica Silva, excandidata vicepresidencial por el PSE, opina que más allá de que un partido sea de izquierda, derecha o centro, el problema está en cómo eligen a los candidatos. “Buscan que sea famoso para atraer votos o que tenga dinero”. Aunque, ella apunta que a la democracia no le hace bien repetir que un partido es de narcotraficantes o de prófugos.
En eso coincide Vicente Taiano padre, para quien “las organizaciones políticas parten de la buena fe de sus militantes, son ellos los que se corrompen. El delito es un tema personal. Salvo que se cometa dentro de un gobierno y no se lo sancione o separe a tiempo”.
