Jofre Rivera en audiencia
El exmagistrado podría enfrentar una pena de cinco a siete años de prisión por los hechos que se le imputan.cortesía

El exjuez Joffre Rivera llamado a juicio por prevaricato

También es testigo del caso Plaga, iba a encargarse de aceptar medidas cautelares para restituir derechos políticos a Correa

La Presidenta de la Corte Provincial de Manabí ha llamado a juicio a Joffre Rivera, exjuez de Chone, por el presunto delito de prevaricato. El exmagistrado podría enfrentar una pena de entre cinco y siete años de prisión por las acciones que se le imputan.

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Según la investigación de la Fiscalía, Joffre Rivera, en su rol de Juez de Garantías Penales de la Unidad Judicial del cantón Chone, habría emitido siete boletas de excarcelación a favor de personas privadas de libertad que cumplían sentencia en varios centros carcelarios, utilizando una acción constitucional.

Entre los beneficiados, dos estaban condenados a la pena máxima por su participación en delitos graves como asesinato, tráfico de migrantes y abuso sexual, entre otros.

Previo a la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la defensa del procesado solicitó a la Presidenta de la Corte Provincial que se excuse de conocer la causa, pero tanto esta solicitud como una recusación en su contra fueron rechazadas.

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Durante la diligencia, la fiscal provincial Karla Vélez presentó 43 elementos de convicción, entre pruebas documentales y periciales, que fueron suficientes para que se llame a juicio al exjuez. Además, se ratificaron las medidas cautelares en su contra, incluyendo la prisión preventiva, la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles, y la retención de cuentas.

Otra causa en contra del exjuez Rivera 

Joffre Rivera fue capturado en abril de 2024 durante los allanamientos ejecutados en el marco del Caso Plaga, donde la Fiscalía General del Estado formuló cargos en su contra por presunta delincuencia organizada.

El pasado 14 de agosto, el exjuez rindió testimonio anticipado ante la Corte Nacional de Justicia, en el que admitió cómo varias personas privadas de libertad se beneficiaron ilegalmente mediante la concesión de medidas cautelares a través de acciones constitucionales.

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