Exjueza que falló a favor de Jorge Yunda recibió tres años de cárcel
Según la Fiscalía, la exjueza evitó que una demanda del exalcalde de Quito sea sorteada entre 331 jueces
María Belén Domínguez Salazar, exjueza de la Unidad de Violencia Contra la Mujer de Quito, fue sentenciada este 25 de enero de 2023 a tres años de cárcel, por el delito de tráfico de influencias al conceder una acción constitucional al entonces alcalde de Quito, Jorge Yunda, para que él se mantenga en funciones.
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Hernán Flores Pesantes, fiscal provincial de Pichincha encargado, presentó ante el Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha, las evidencias de que Domínguez dirigió el proceso de Yunda a su despacho para luego fallar a su favor.
De acuerdo con la investigación, el 18 de junio de 2021, a las 17:03, se ingresó de manera errónea, en el sistema automático de trámite judicial Satje, la acción de protección del entonces alcalde Yunda signado con el número 17576-2021-01738 G.
Por estar fuera del horario de trabajo, dijo el fiscal, la demanda debía ingresar en la Unidad de Delitos Flagrantes. Sin embargo, se lo presentó en el Complejo Judicial Sur Quitumbe, por parte de la funcionaria Daniela Andrade, “quien recibió las instrucciones dadas por la ex jueza de nombres María Belén Domínguez Salazar y quien usó como intermediaria para entregar dichos mensajes a la funcionaria Alexandra Patricia Asimbaya, manifestándoles que la causa le debía recaer en su conocimiento”, dijo el fiscal.
La acción de protección se ingresó como un caso de violencia contra la mujer, dentro de un acto urgente “logrando de esta forma que no se sortee entre los 331 jueces correspondientes, sino que de su universo de posibilidades se reduzca tan sólo a cuatro”, agregó el fiscal en la audiencia de juicio.
Luego de direccionar el caso de Yunda, la entonces jueza Domínguez resolvió en sentencia “de conformidad a lo solicitado por el accionante, doctor Jorge Yunda”, indicó.
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Leer másPara la fiscalía, Domínguez abusó de su potestad estatal para ejercer influencia en otro servidor público para obtener un acto o resolución favorable a sus propios intereses o el de terceros. Conducta que constituye el delito de tráfico de influencias, en calidad de autora directa.
Para la defensa de Domínguez, quien ya fue destituida como jueza, el caso presentado por el fiscal no tiene sustento con la realidad. “Mi cliente no ha realizado influencia alguna sobre algún servidor, prevaliéndose de sus facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de una relación personal o jerárquica”, dijo su abogado Lenin Solís.
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