La extorsión en Ecuador creció en un 364%

En Ecuador se ha identificado que las bandas delictivas, algunas consideradas terroristas, someten principalmente a siete grupos de la población, y a ellos se les aplica 25 tipos de extorsión en nueve modalidades de cobro de dinero.

El delito se ha incrustado hasta en la resolución de conflictos ciudadanos, estos que podrían resolverse en una audiencia de mediación; también está el cobro por ingresar a un barrio; el uso de un espacio público y hasta por no ser parte de una banda delictiva.

El experto penalista Julio César Cueva afirma que el incremento de la extorsión en Ecuador no es solo la ausencia del Estado en el territorio, sino también porque las organizaciones se mantienen en la búsqueda constante de obtener rentabilidad en sus crímenes.

“Han diversificado sus conductas ilícitas, el sicario que no tiene orden de asesinar va y ofrece sus servicios para quienes tienen una deuda o pelea; en su rato libre, extorsiona a la tienda del barrio; ahora la nueva modalidad de solución no es en arbitraje en una institución. Es ponerle una pistola encima del escritorio y decirle: vas a firmar o no vas a firmar; sino lo matan”, resalta.

La realidad se refleja en el rápido incremento de las denuncias de la ciudadanía. Los reportes de las también llamadas ‘vacunas’ pasaron de 4.701 casos en todo 2022, a un total de 21.811 noticias del delito en 2023. Lo que significó un incremento del 364%. Aquello, sin tomar en cuenta el año 2021, cuando se identificó 1.600 hechos denunciados.

Diario EXPRESO solicitó a la Fiscalía que proporcione el número total de denuncias dadas en lo que va de 2024. La entidad expuso que se derivó la comunicación al área correspondiente. 

El Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO) presentó un informe junto con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF por sus siglas en inglés) luego de realizar una encuesta nacional sobre extorsiones, y mostró que los comerciantes y sus empresas son las principales víctimas.

El estudio identificó que cada región de la nación tiene comportamientos distintos cuando se enfrenta a los ataques del crimen organizado.

Por ejemplo: El 60% de las denuncias proviene de la Costa; en la Sierra tienen mayores medidas de protección, por iniciativa propia, y, en la Amazonía, es el territorio donde las víctimas denunciaron ante las autoridades cada vez que se presentó un caso.

Para Renato Rivera Rhon, director del OECO, el que existan cifras de denuncia en la Fiscalía es un indicador de que “a pesar que (el ciudadano crea que) no pasará nada”, permite a las autoridades tener un punto de partida para establecer políticas públicas contra la extorsión.

Entre las propuestas que destaca es que además de la verdadera consolidación de un trabajo en conjunto de la Fiscalía y la Policía Nacional, se establezca un mecanismo de socialización de cómo proceder ante un caso.

“Nosotros hicimos la prueba denunciando al número 1800- Delito y nos indicaron que no podían proceder si es que no se pone una denuncia a la Fiscalía. Lo que se debe hacer es activar a la Fiscalía en el sistema para que de una vez se tome como denuncia y actuar rápidamente”, enfatizó Rivera Rhon.

Cueva lamenta que los grupos delictivos tengan una estructura sistematizada hasta en las facciones que la conforman,  caso contrario a lo evidenciado en el Estado ecuatoriano. Identifica que la Fiscalía y la Policía Nacional investigan la extorsión de forma separada en unidades especializadas. Su unión se articula para casos específicos.

En ese orden, el estudio pondera que la Fuerza de Tarea dedicada a la Investigación contra la Extorsión (FICE) de la Policía Nacional trabaje en unión con las unidades especializadas de la Fiscalía de forma permanente para que puedan optimizar los resultados.

Y que a la par se brinde capacitación especializada a fiscales en el tratamiento de delitos de extorsión. “Este proceso es fundamental para asegurar procesos judiciales exitosos y proporcionar apoyo especializado a la Policía Nacional”.

Otro de los planteamientos es que exista un sistema de seguimiento y evaluación de los reportes y denuncias de extorsión a nivel municipal para mejorar la capacidad de respuesta ante estos incidentes y aumentar la confianza de la ciudadanía en una respuesta oportuna.

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Y que en el tema de las comunicaciones evaluar los mecanismos de entrega de líneas telefónicas, verificar la identidad de los usuarios y garantizar herramientas de rastreo y ubicación de posibles extorsionadores. La finalidad es que exista una responsabilidad en los usuarios por el manejo de cada línea.

Y como complemento, elaborar programas de capacitación en prevención de extorsiones en las comunidades para    así, además de mejorar la sanción a quienes cometen el delito, incrementar la confianza.

Acciones de la Policía contra la extorsión

En marzo, la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), anunció que FICE es parte del denominado plan Fénix.

La unidad FICE trabajará en conjunto con la Dinased, la Unidad Nacional de Investigación Antidelincuencial (UIAD) y la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Unase). Cada unidad efectuará las labores que le corresponden, como la investigación previa, y el equipo de la Fuerza contra la Extorsión hará un trabajo de campo. “Vamos a enviar alrededor de unas 50 personas, especializadas en extorsión, a los lugares donde existe mayor incidencia (de este delito)”, detalló    Ramos.

Cuando se presentó la propuesta de dicha iniciativa se indicó que el grupo será para    la “atención inmediata a las personas que son víctimas de extorsión”. La idea es que los ciudadanos también sepan cómo proceder ante las extorsiones “con el respaldo de las fuerzas del orden”.

La ministra del Interior, Mónica Palencia, dijo la semana anterior que los secuestros extorsivos también se han reducido en el país. “Hemos bajado tan significativamente que podemos decir que ya tenemos un éxito en un planteamiento que tuvo la cúpula policial”, señaló, haciendo referencia a la creación de la Fuerza Investigativa Contra la Extorsión (FICE), unidad dedicada a la investigación de este tipo de delito.    Entre marzo y abril de 2024, esta unidad especial ha detenido a 328 personas, presuntamente vinculadas a los delitos de extorsión y secuestros, 90 de ellos pertenecen a bandas de delincuencia organizada.

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