La extorsión toca a la puerta de 367 maestros públicos en todo el país

Una semana antes de que empiecen las clases en el régimen Sierra-Amazonía, la Unión Nacional de Educadores (UNE) advirtió al Ministerio de Educación sobre una preocupante ola de violencia e inseguridad que afecta a los maestros en todo el país.

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Según datos de esta cartera de Estado, desde febrero de 2024 hasta la fecha se han reportado 367 casos de extorsiones a escala nacional, con las provincias de Esmeraldas, Imbabura, Carchi, Sucumbíos y Guayas registrando la mayor incidencia.

En Pichincha se contabilizan dos casos, aunque el presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, asegura que las cifras reales son de 10 casos en esta provincia. “Hoy los docentes son víctimas de secuestros, extorsiones, robos e intimidaciones. El 30 % del sueldo de un maestro en la Costa se destina a pagar a extorsionadores”.

Dice que por parte de la UNE han presentado diversas denuncias ante la Fiscalía, proporcionando un mapeo detallado de más de 300 docentes afectados por estos delitos. Sin embargo, las respuestas del Ministerio de Educación no han sido suficientes para garantizar la seguridad de los educadores.

A raíz de esta ola de violencia, la UNE ha solicitado a Educación el traslado de los docentes a otros planteles, con el fin de proteger su integridad física, pero el proceso ha estado plagado de trabas burocráticas. Según Quishpe, para que un docente sea transferido debía formar parte del programa de víctimas y testigos, un requisito que fue recientemente eliminado debido a que “el trámite se volvía público, rompiendo todas las normas de seguridad”.

El presidente de la UNE no coincide con los datos proporcionados por el Ministerio de Educación, ya que asegura que no se trata simplemente de casos aislados. “Tenemos denuncias de provincias como Zamora, donde ni la propia Fiscalía tiene identificados los casos”.

La violencia contra los docentes comenzó a escalar a finales de 2022 y se hizo más visible desde 2023, especialmente a partir de los hechos de violencia transmitidos por un canal de televisión nacional.

Las extorsiones, conocidas como ‘vacunas’, se trasladaron a las plataformas digitales, donde los delincuentes ingresaban de manera virtual para exigir pagos.

Richard Ortega, presidente de la UNE en Quito, subrayó la falta de un plan de seguridad adecuado para los docentes, estudiantes y padres de familia. “No existe un plan de seguridad. Los docentes nos sentimos desprotegidos. La inseguridad está presente todos los días en los colegios y calles de la ciudad”, señaló Ortega. Algunos docentes de Pichincha han optado por dejar su trabajo y buscar otros lugares para vivir debido a la creciente inseguridad.

Ortega también señaló que la violencia ha aumentado tras la finalización del año lectivo 2023-2024. “Existen muchas pandillas alojadas en distintas poblaciones y barrios de la ciudad. Estas bandas llevan un contexto de obligar a los docentes, amedrentarlos, para que faciliten el pase de año de los estudiantes”, denunció.

Ante la falta de garantías y seguridad en las zonas urbano-marginales, se suma la pérdida de autoridad dentro del aula. Los propios estudiantes obligan a los maestros a ponerles notas por tareas o lecciones que no presentan, dejando a los docentes en una situación de indefensión. “Esto evidencia que el Plan Fénix, destinado a mejorar la seguridad en las escuelas, ha fracasado”, sentenció Ortega.

Las autoridades educativas han informado sobre un ‘plan de retorno seguro’ que se implementará en las próximas dos semanas. Sin embargo, solo los planteles ubicados en ‘zonas calientes’ contarán con resguardo policial, lo que deja a muchos otros sin una protección adecuada. “El año lectivo, por ley, dura 200 días, y debería haber un programa de seguridad para todos esos días. Los espacios libres de violencia e inseguridad no existen”, criticó el presidente de la UNE

El programa de víctimas y testigos, que debería brindar protección a quienes han sido afectados, también está en crisis. “No hay suficientes policías para proteger a todas las personas dentro de este programa”, reconoció Quishpe.