La extradición de alias Fito, con obstáculos legales y políticos
El control político por parte del presidente puede ser uno de los mayores retos
Adolfo Macías Villamar, alias Fito, ha sido formalmente acusado por la justicia de los Estados Unidos de siete cargos criminales por delitos asociados al tráfico internacional de drogas y de armamento.
La imputación, que se lleva adelante en un tribunal federal de Brooklyn, en Nueva York, allana el camino para su posible extradición si esa nación lo solicita. Sin embargo, hay trabas que complican el camino.
Además de que el cabecilla de Los Choneros está prófugo desde enero de 2024, hay dos obstáculos que es posible superar si hay interés político.
El primero pasa por las normas que existen. La Corte Nacional de Justicia tiene listo un proyecto de Ley de Extradición, para reglamentar aspectos que hoy por hoy no están claros.
El texto aún no ha sido presentado en la Asamblea. Sin embargo, para poder resolver casos que se presenten mientras se aprueba la ley, el 9 de mayo de 2024 se derogó el artículo 4 de la Ley de Extradición que sostenía: “En ningún caso se concederá la extradición de un ecuatoriano, su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador”.
La extradición es un proceso legal y con control político
Con la derogación, la Corte Nacional ya puede autorizar la entrega de ecuatorianos. De hecho, está en trámite un pedido de extradición de un ecuatoriano que es acusado en una Corte de Minneapolis por un delito de violación. En febrero tuvo su primera audiencia ante el presidente de la Corte, José Suing.
El juez le preguntó si aceptaba la extradición, a lo que se negó. Ahora, en una segunda audiencia, la Fiscalía ecuatoriana actuará a favor de los intereses de EE. UU. y presentará el caso.
Con Fito, el trámite sería igual, pero hay vacíos que se prestan a la interpretación. Por ejemplo, ¿se lo puede extraditar si tiene otras causas pendientes en Ecuador? ¿Se lo puede extraditar si se enfrenta a una cadena perpetua? En el anteproyecto de Ley de Extradición, esto se norma y se indica que sí se podrá entregar a ecuatorianos, a pesar de que tengan procesos pendientes, si es que son solicitados por tráfico de estupefacientes, corrupción, crimen organizado, lavado de activos, terrorismo, trata de personas, tráfico de migrantes y de especies, delitos sexuales y contra la vida.
Acerca de la cadena perpetua, actualmente sí se permite. La única objeción es si un ecuatoriano se enfrenta a una pena capital (de muerte).
Para Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea, aunque demore la aprobación de la Ley de Extradición, por ahora se puede usar la ley derogada.
Jorge Peñafiel, de Construye, dice que es necesario mejorar las normas para que esta herramienta sea eficaz ante las exigencias del mundo, y promover altos estándares de colaboración mutua entre Estados. Sin embargo, el mayor reto es el “control político”. Todas las extradiciones pasan por un análisis del presidente de la República, quien puede aceptar o negar una extradición según el principio de reciprocidad, por razones de seguridad, orden público u otros intereses esenciales para el Ecuador.
“Ahorita, la dinámica de la extradición está planteada para enviar narcotraficantes, terroristas y miembros del crimen organizado a Estados Unidos. Y si Luisa González gana, podrían ser impedidos de irse a EE. UU.”.
- Visión. Este Diario buscó voces del bloque de la RC, como Pierina Correa, Leonardo Berrezueta o María Molina. No contestaron.
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