Fallas provocan la revocatoria de la evaluación de los fiscales

Inconsistencias en la información enviada por la Fiscalía. Esa es una de las razones que llevó al pleno del Consejo de la Judicatura, por unanimidad, a derogar y revocar los actos normativos y administrativos del proceso de evaluación de desempeño y productividad de los agentes fiscales, fiscales de adolescentes infractores y fiscales provinciales. Iniciará otro proceso.

Pero la evaluación fue aprobada en 2019, aunque oficialmente el proceso inició en 2020 en pleno confinamiento por la pandemia de COVID-19. De ahí para adelante se aprobaron una serie de resoluciones administrativas y reglamentos que la semana pasada fueron derogados.

El martes pasado la Judicatura informó que en la sesión ordinaria N° 036-2023 se resolvió iniciar un nuevo proceso de evaluación. Se establecieron plazos para que las direcciones del organismo involucradas en el tema generen los insumos.

“Hemos trabajado en equipo. Quiero expresar mi reconocimiento porque los señores vocales, el cuerpo legislativo del pleno del Consejo de la Judicatura va haciendo su trabajo con conciencia y responsabilidad”, señaló su titular Wilman Terán.

¿Qué problemas se presentaron? Según el informe que se leyó en el pleno hubo contratiempos en la entrega de la información cuantitativa y cualitativa necesaria para la evaluación.

Sobre los fiscales provinciales se mencionó que no se entregaron informes individualizados, los formularios recibidos no contenían la calificación previamente registrada contraviniendo la metodología, la cual fue elaborada en mesas en 2019.

Sobre las fiscalías enlazadas al Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales (SIAF) se indica que la información difiere del número de servidores evaluables, datos duplicados en las matrices de información, hay expedientes que cuentan con fecha de sorteo, pero no de vencimiento. Llegaron nombres de funcionarios jubilados o fallecidos. La idea de la evaluación era medir la calidad en el desempeño y productividad de los funcionarios. La última evaluación a los fiscales fue en 2013.

Un exfiscal general que pidió la reserva de su nombre considera que la evaluación es un proceso sumamente importante porque representa la forma en que la autoridad verifica que los funcionarios son capacitados, cumplen con su trabajo, con las metas o efectúan el despacho.

Califica al proceso como delicado porque implica juicios de valor y por eso debe hacerse de manera objetiva, “la única forma que puede llegar a buen puerto”.

El exfiscal Washington Pesántez opina que si no se evalúa no se puede detectar los errores que de buena o mala fe cometan algunos fiscales encargados de la investigación en los procesos. La consecuencia de eso también es que “los fiscales siguen cometiendo errores y si no se evalúa los fiscales siguen actuando de mala fe”.

Considera además que la falta de evaluación no es sino una consecuencia más derivada de la falta de independencia de la Fiscalía que le quitó la Constitución en 2008 y “le dejó con una simple autonomía supuestamente administrativa que ni siquiera eso lo puede ejercer a plenitud”.

Pero la deuda de la Judicatura no es solo en evaluar fiscales. Tampoco se evalúa a jueces ni se ha impulsado el concurso para elegir jueces de la Corte, entre otros pendientes. EXPRESO solicitó la versión de ambos organismos. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

• Fiscalía. Ente autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y con autonomía administrativa, económica.

Limitantes en la información

De acuerdo con un informe la metodología de evaluación se desarrolló con la Fiscalía de abril a septiembre de 2019.

Ese ente determinó la viabilidad para la extracción de indicadores y la nómina de personal. En la indagación remitida por la Fiscalía desde noviembre de 2020 se detectaron limitantes en la información.

Citan: matrices con diferencias en bases de evaluables y período, diferencias numéricas en versiones de los listados presentados del universo de evaluables, se incluyó información de cesantes y jubilados.

La documentación se envió a la Fiscalía para que ajuste, pero regresó con errores. Expedientes asignados no corresponden al evaluado, entre otras novedades.