Fallecidos cobraron pensiones
Contraloría revisó las cuentas del seguro social campesino entre abril de 2013 y junio de 2017. El informe se aprobó el 6 de junio pasado.
Ha sido una de las pocas iniciativas legislativas del presidente Lenín Moreno. Desde mayo, la pensión para los jubilados del Seguro Social Campesino se incrementó de 65 a 100 dólares. Según el IESS, esa modificación representa un gasto de 33 millones anuales.
Entonces, la institución aseguraba que el incremento está financiado por el fondo del Seguro Social Campesino y garantizado hasta el 2033. La propuesta, dijeron, estaba respaldada en informes actuariales del IESS, lo “que garantiza su viabilidad técnica, económica y legal”, aseguró la entidad en un comunicado.
El problema es a quién se está entregando ese dinero. Como suele suceder con las bases de datos estatales, en la nómina de beneficiarios hay personas fallecidas, doble registro e incluso cálculos mal hechos de las pensiones. Lo dice la Contraloría.
Así, 913 jefes de familia fallecidos recibieron la pensión jubilar por 116.714,98 dólares. Los auditores de la entidad de control lo detectaron con un simple ejercicio: cruzar las bases de datos con la información del Registro Civil. Algo que el Seguro Social no hizo y tampoco ha hecho nada para intentar recuperar el dinero pagado.
Pero, además, los funcionarios públicos calcularon mal el monto que se pagó, lo que originó que existan diferencias en la determinación de pensiones jubilares, “generando pagos en exceso por 46.998,86 dólares”, según el informe de la Contraloría General. Ese dinero tampoco se ha recuperado.
El hecho de que haya jubilados fallecidos cobrando pensión no es el único problema. En el Seguro Social Campesino, que hasta mayo tenía un fondo acumulado por 720 millones de dólares, también se encontraron aportaciones simultáneas tanto en el Seguro Social Campesino como en el Seguro General; otro grupo de dependientes y jefes de familia activos que, de acuerdo con los datos del Registro Civil, también están fallecidos; o afiliados y jubilados con números de cédula de identidad incorrectos y nombres duplicados.
De ese tipo, hay 64.630 novedades. La cifra es significativa tomando en cuenta que, oficialmente, hay 383.798 jefes de familia, 76.698 jubilados y 690.897 dependientes en el Seguro Campesino.
¿Qué novedades encontró la Contraloría? La primera consiste en que de los 37.408 dependientes que registran actividades económicas, 24.944 son contribuyentes activos, 18 son pasivos y de 12.447 fueron suspendidas las actividades económicas en el SRI. Varios dependientes que constan como contribuyentes activos, mantienen hasta seis establecimientos registrados en el Servicio de Rentas Internas.
Según la ley, ellos no podrían estar en el Seguro Campesino porque este solo cubre a los trabajadores que se dedican a la pesca artesanal y a los habitantes de zonas rurales que laboran en el campo, por cuenta propia o para su comunidad.
La segunda es que el Seguro Social no ha verificado que no exista doble aporte en 5.068 casos de jefes de familia y dependientes. Ellos están en el sistema campesino y también en el general.
La tercera es, de nuevo, el problema con las personas fallecidas. Hasta septiembre de 2017 se determinó que 2.848 dependientes y jefes de familia seguían constando y recibiendo los beneficios del Seguro a pesar de que habían muerto. Ellos se suman a los 913 jubilados que cobraron pensión.
La cuarta novedad es que 7.587 personas estaban registradas como dependientes a pesar de que contrajeron matrimonio.
Y la última: existen 8.968 afiliados, dependientes y 1.362 jubilados con números de cédula incorrectos, así como 478 afiliados duplicados y con parentescos diferentes.
A la auditoría integral le quedan dos meses
Le quedan, por lo menos, dos meses más de trabajo. El 1 de junio pasado, el contralor subrogante, Pablo Celi, anunció una auditoría integral a las cuentas del Seguro Social, incluyendo el sistema de protección para la población campesina. Entonces, ofreció tener los primeros resultados en un plazo de tres meses.
La segunda fase de este examen (que se está llevando a cabo con la vigilancia de 14 veedores ciudadanos) contempla la revisión de las operaciones administrativas y financieras de los fondos pertenecientes al Seguro. Allí está todo lo relacionado con los fondos de reserva, cesantía, préstamos quirografarios, el sistema de pensiones o el Seguro Social Campesino. Ese trabajo se plasmará en cuatro informes sobre la legalidad de esas operaciones.
La revisión, por mandato legal, cubre los últimos siete años.