Falta control a los partidos políticos de papel en Ecuador
Noboa quiere eliminar fondo electoral. Pero el problema es la legitimidad de las organizaciones. ¿Algunas son de alquiler?
El movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), junto al extinto Mover (Alianza PAIS anticorreísta), ya llegó a Carondelet. Sin embargo, su director nacional, el asambleísta Arturo Moreno, acepta que no gobierna con Daniel Noboa. “No hemos tenido buena vibra con ADN, creo que nos utilizaron”.
Eso comenta a EXPRESO el primo hermano del expresidente Lenín Moreno, en el pasillo del Legislativo. Se lo reconoce por ser el único asambleísta que diariamente usa una cachucha.
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En octubre, el PID cumplirá siete años, pero se legalizó en abril del 2022. Surgió como un frente de apoyo al expresidente Lenín Moreno. Y como parte de la alianza con ADN, de Noboa, alcanzó una curul.
¿Y qué más acordaron? ¿Iban a manejar ministerios? Arturo Moreno, un hombre bajito y de voz pausada, lo niega. “Mejor no me pregunte. Sí hubo acuerdos, pero sobre eso no le puedo contar a nadie”.
El PID es de los más nuevos del registro del Consejo Nacional Electoral (CNE). Arturo Moreno responde sin dudar que la propuesta del presidente Noboa de quitarles el ‘oxígeno económico’ a las candidaturas es “terrible”. “Es un hecho ya discutido. Sin él, solo los señorones de chequera harían campañas”.
Según el analista Alfredo Espinoza, el Fondo de Promoción Electoral solo equilibra la competencia y no se asigna a las organizaciones políticas, sino que el CNE paga por espacios en medios de comunicación.
“La propuesta de Noboa es un distractor, ya que una reforma de ese tipo se debería hacer un año antes de los comicios. Así que, de pasar los controles constitucionales, el referéndum tendría efecto en las seccionales del 2027”, advierte.
Fondo de Promoción Electoral
Más allá de que desaparezcan el Fondo de Promoción Electoral o el Fondo Partidario Permanente, ¿qué aspectos deben sincerar partidos y movimientos? Daniel González, analista, apunta que por años se debate si seguir con un sistema flexible de registro de organizaciones políticas o uno rígido.
González recuerda que en el 2012, el país enfrentó un escándalo porque miles de ciudadanos denunciaron que nunca se adhirieron a un partido y aparecieron como socios.
Las denuncias ciudadanas permitieron conocer que había un mercado de bases de datos con el padrón electoral. Se falsificaban firmas, por la urgencia de partidos y movimientos de registrarse ante el CNE. Las dudas sobre rúbricas de supuestos simpatizantes siguen vigentes, dice. Hay un link que permite verificar si se está afiliado a una organización, pero pone la responsabilidad en el ciudadano.
“Es una olla de presión que no se logra sincerar”, dice el analista González. Para él, más que hacer una reforma parcial a la Constitución, con una consulta popular que tomaría un año y medio, habría que reformar el Código de la Democracia. Y evitar que los asambleístas dejen sus partidos y se vuelven independientes, para negociar sus votos. “Hace falta un profundo debate sobre los males de la democracia”, reconoce, pero no confía en que ocurran cambios, ya que todo está en manos de políticos.
Daniel González cree que no hacen falta cambios constitucionales, sino que el CNE reglamente y controle, por ejemplo, los registros de adherentes y militantes, que ya no deberían estar solo en papel. El CNE, señala, debería escanear las fichas de afiliación, para que esos documentos no se queden en las bodegas de las organizaciones.
Para la asambleísta Nataly Morillo, hay que reformar el Código de la Democracia. “Hay 17 binomios, muchos no pertenecen a los movimientos que representan. También habría que revisar si para la cantidad de electores que existen, es correcto contar con más de 200 (232) organizaciones aprobadas. Muchas son de alquiler”.
No obstante, para la legisladora, que llegó con Construye y ahora se ha sumado a ADN, la reforma debe hacerse de cara a los comicios del 2027.
Morillo sostiene que ADN sí hace vida de movimiento político, con reuniones presenciales con las bases en los diferentes distritos y formación a líderes. Aunque parte del gabinete estará en la papeleta.
Arturo Moreno niega que PID sea un partido de alquiler. “La gente tiene derecho de hablar y de acusar, pero si alguien quiere un casillero, debe venir a pedirlo”. Juntaron 246.000 firmas para inscribir el movimiento. De ellas, 124.000 son de adherentes permanentes. Admite que es difícil mantenerse en contacto con ellos. “Nos dieron la firma. La verdad, no sé qué puede estar pasando con ellos. No los tenemos cerca. Están en el registro en papel; se llama clave, es una hoja con ocho nombres”.
Reforma para facilitar aportación
“Hay que reformar el Código de la Democracia, para desbloquear formas de autofinanciamiento”, señala Víctor Bravo, de 33 años, quien dirige Amigo, con vida desde el 3 de marzo del 2020.
Las empresas o personas jurídicas que quieren aportar no pueden hacerlo; solo las naturales, lamenta. Se queja: un aportante no puede hacerles una transferencia bancaria. Debe llenar una papeleta de depósito, tomarle una foto, entregarla a la organización y firmar un certificado.
“El proceso es engorroso y asusta a los aportantes”, comenta. También que no son un movimiento de alquiler. “Vamos a poner candidatos en las 24 provincias. Tenemos un trinomio, con Cueva, Reyes y Yaku”. Él vive de su finca de café y porcina. Fue presidente del Consejo Estudiantil en El oro, presidente de la Aso Escuela de Comunicación en la Salesiana y secretario de la Federación de Estudiantes. Espera llegar a la Asamblea.
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