La falta de medicinas continúa tras el fin de una segunda emergencia en el MSP
Salud defiende el avance del abastecimiento. Una analista médica considera que fue decisión política y no técnica. Los pacientes recurren a otra vía
Al igual que la efectuada entre agosto y septiembre del 2021, la segunda declaratoria de emergencia del sistema del Ministerio de Salud, que comenzó el 21 de junio pasado, terminó dos meses después sin haber solucionado el problema del desabastecimiento de medicinas e insumos en los hospitales públicos.
El 17 de junio, en el contexto del paro indígena, el presidente Guillermo Lasso anunció la emergencia del sector de la Salud con el propósito de agilizar la adquisición de medicinas para la red pública y dispuso a la entonces ministra, Ximena Garzón, que se encargara de la declaratoria.
El 22 de junio, la ministra decretó la medida solo en esa Cartera de Estado e instó a las otras instituciones de la red a que adoptaran las acciones para agilizar el aprovisionamiento de fármacos e insumos “en el marco de la emergencia”.
Se refería a las otras entidades cuyos sistemas de salud complementan el sector público: el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el de las Fuerzas Armadas (Issfa) y el de la Policía (Isspol). Pero estas declararon sus respectivas emergencias por separado y con semanas de diferencia. El IESS dijo haberlo hecho el 14 de julio, casi un mes después.
Precisamente, la doctora y activista de defensa de la salud pública, Verónica Chávez, ve allí dos posibles factores para que esta segunda emergencia tampoco cumpliera su objetivo: que fue una decisión política y no técnica; y que evidencia “una falta de dirección” en el Gobierno para que se cumplan sus disposiciones.
A su criterio, una decisión técnica hubiera precisado la cantidad y la lista de fármacos que se debían comprar por la emergencia, a partir del conocimiento real de esas necesidades. De igual modo, si hubiera ‘dirección’, esa disposición se habría cumplido en el tiempo señalado para ello, así fuera una semana o los dos meses.
Martha Vera, de la asociación de pacientes de miastenia gravis, dijo que “esto se veía venir”, porque se trata de un problema de años que no se va a resolver con una emergencia.
El ministro de Salud, José Ruales, quien era viceministro antes de asumir el cargo el 7 de julio, confirmó este martes que la emergencia había terminado y defendió que la Cartera de Estado desarrolla “cinco estrategias” para el abastecimiento de los hospitales, entre ellas las compras directas efectuadas por la emergencia.
Citó la externalización del servicio de farmacia, que está aún en fase de prueba; y el aumento de los productos incorporados al sistema de catálogo electrónico, que suman 216 de los más de 700 que conforman el cuadro básico de medicinas.
En tanto, el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, recordó que el IESS “se adhirió tardíamente a la emergencia que declaró el presidente (Guillermo Lasso), pero están en camino: ya empezaron con el plan de externalización y van a continuar. Nuestra finalidad es que, en corto tiempo, los hospitales tengan un abastecimiento del 90 %”, reiteró.
Ni Ruales ni Borrero citaron el actual porcentaje de abastecimiento de medicinas. Sí lo hizo la viceministra Carmen Guerrero, quien en entrevista con Teleamazonas indicó ayer que luego de la emergencia, el porcentaje había subido de 45% al 70 %. Esto es, el mismo nivel al que estaba a fines de mayo, según la cifra que dio entonces la ministra Garzón.
PACIENTES Y LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO APUESTAN POR LAS MESAS TÉCNICAS
El delegado provincial de Santa Elena de la Defensoría del Pueblo, Freddy Viejó, quien auspició y ganó una acción de protección para que los hospitales entreguen las medicinas a los pacientes de enfermedades raras y catastróficas, no se muestra sorprendido porque la nueva emergencia tampoco lograra su objetivo.
Desde la semana pasada, él y dirigentes locales de esos grupos de pacientes participan en mesas técnicas de diálogo con otros representantes de la Defensoría del Pueblo, de los ministerios de Salud, de Finanzas, del IESS y de la Asamblea.
Alega que las emergencias y las soluciones que aportan son temporales. Y que, en cambio, con estas mesas esperan elaborar de manera conjunta política pública que elimine los nudos críticos que han identificado y construya nuevas vías; “y de esa manera tutelar los derechos constitucionales”.
