La falta de personal afecta a la Defensoria Publica
Asignación. El número de casos asignados a cada defensor depende de la materia. La mayor cantidad de requerimientos se da en Niñez y Familia.
El déficit de personal no es exclusivo de la Fiscalía. Si se necesitan 400 fiscales, adicionales a los 840 existentes para atender las miles de denuncias que llegan a esa entidad, la Defensoría Pública requiere que al menos 200 defensores se sumen en el conocimiento de casos asignados a los 685 que existen actualmente.
La Defensoría tiene partidas para 733 funcionarios, pero 48 cargos han quedado vacantes por renuncias o destituciones, y esas plazas no han sido llenadas.
Según el artículo 191 de la Constitución, el objetivo de la Defensoría es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión, condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos.
La condición para que un abogado público asuma un caso es que quien requiera los servicios pertenezca a un sector vulnerable y no disponga de recursos, señala Ricardo Morales, coordinador nacional de Gestión de la Defensoría.
Informa que los abogados públicos están distribuidos por materias. Hay 356 para el área penal: atención a víctimas, tránsito, adolescentes infractores, delitos y contravenciones. En materia social, familia, niñez, adolescencia, temas laborales y excepcionalmente temas civiles existen 219 defensores.
Hay otros 110 multicompetentes, es decir que conocen de todas las materias y se localizan en cantones pequeños. Para ellos eventualmente se presentan situaciones complejas, especialmente en casos de violencia. Se dan casos en que, por escasez de personal, hay solo uno para patrocinar tanto a la víctima como al procesado.
En estos casos, la Defensoría ha optado por recurrir a defensores de otros cantones. Se han dado circunstancias en que al policía le toca relatar al juez lo que le ha pasado a la víctima, mientras el defensor patrocina al sospechoso.
En cantones como Montalvo y Vinces, en Los Ríos, no hay defensores y el funcionario de Quevedo debe desplazarse para atenderlos. Entre enero y diciembre de 2018, la carga procesal en temas penales fue de 163.528 casos, entre patrocinios y asesorías, y 177.318 en materia no penal, para un total de 340.905 actuaciones.
Los defensores públicos actúan en flagrancia hasta finalizar el proceso, y en procedimientos ordinarios, desde la formulación de cargos hasta concluir la acción penal.
La falta de personal en la Defensoría no llega a la situación de alerta roja que mencionó la fiscal (e) Ruth Palacios. La funcionaria informó que de 2010 a 2018 se registran más de 2,5 millones de causas activas.
La mayor carga procesal la tienen los fiscales de las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay, El Oro y Los Ríos. Guayas registra más de 700.000 noticias de delito, que deben ser conocidas por 171 fiscales. En Pichincha cerca de 650.000 denuncias son conocidas por 191 fiscales. En Manabí un fiscal puede llegar a manejar hasta 4.388 expedientes. En Pichincha, son 3.400. Y en Guayas, 4.168 casos.