Falta plan para la agilidad en beneficios penitenciarios

Cada día se emiten, en promedio, 22 boletas de excarcelación en la unidad judicial especializada de Garantías Penitenciarias en la provincia del Guayas.

Pero esto sucede desde el 29 de septiembre, un día después de la masacre ocurrida en la Penitenciaría del Litoral, fecha en la que con el Decreto Ejecutivo 210 se emitió el estado de excepción y se pidió al Consejo de la Judicatura varios informes; entre ellos, uno sobre la implementación de los juzgados de Garantías Penitenciarias en el territorio nacional y el tiempo promedio de tramitación de las causas a su cargo.

La directora provincial del Consejo de la Judicatura, María Josefa Coronel, señala que esta “agilidad” no es una característica de dicho proceso administrativo, que puede durar incluso años, por la indiferencia y corrupción que han existido durante tanto tiempo, lo que hace que dicho proceso resulte tortuoso para las familias de los privados de libertad.

“Yo calculo, sin temor a equivocarme, que por lo menos era el 30 % o 40 % máximo de ese número”, es decir entre 5 y 6 boletas de excarcelación por día. Coronel señala que la emergencia carcelaria “hace que todos traten de ponerse al día ante este drama”. Sin embargo, se muestra inquieta por las cifras y pidió un informe a los jueces de Garantías Penitenciarias, que le respondieron el lunes 4 de octubre “que han atendido todas las peticiones de boleta de libertad por cumplimiento de pena”.

La abogada penalista Martha Macías coincide con el bajo número de causas y señala que, según el ejercicio profesional, los jueces penitenciarios despachaban máximo 5 boletas por día, aunque por lo general la cifra era de 1 a 3 casos.

“Ahí en la Penitenciaría hay acumulaciones grandes de carpetas. Ahora es por la emergencia y tienen que dar cumplimiento, pero si realmente quieren cumplir con exterminar el hacinamiento, deben aumentar de 20 a 30 jueces penitenciarios. Ahí sí evacuarán”.

Tan solo en la Penitenciaría, existen 8.542 privados de libertad. De estos, solo 2.810 tienen sentencia (es decir, apenas el  33 %), y 5.638 están en proceso, de acuerdo con las cifras presentadas por el Servicio de Atención Integral de Personas Privadas de Libertad (SNAI).

No obstante, otro revuelo se formó por el anuncio del otorgamiento de 2.000 indultos.

Coronel y Macías coinciden en que hubo un error comunicacional y que primero se debió diseñar un plan piloto para evacuar las carpetas de quienes ya han solicitado beneficios penitenciarios y de los posibles candidatos, para de ahí proceder a dar indultos.

“No es que el indulto es que ya cumplieron más del 60 % de la pena, esas carpetas ya están allá en Quito y están confundiendo a esa población, a esas familias, y piensan que es otro. Pero en sí son beneficios penitenciarios”, opina Macías.

Tras el motín registrado en el mes de julio, en el que hubo 30 fallecidos entre las cárceles de Guayaquil y Latacunga, el director del SNAI de ese entonces, Fausto Cobo, señaló que se estudiaba la liberación de 5.000 presos, personas que podrían recuperar su libertad porque “no son peligrosas para la sociedad” y que además han cumplido adecuadamente el régimen penitenciario.

El complejo carcelario de Guayaquil comprende cuatro centros de reclusión, que tienen más de 15.000 reos en total, quienes son atendidos por cuatro trabajadoras sociales y 10 psicólogos, los cuales deben emitir los informes debidamente justificados para el procedimiento respectivo.

A esto se suma que médicos del Ministerio de Salud y personal de la Defensoría Pública no acuden al área administrativa de la Penitenciaría, por el temor a la violencia. Por ello, muchas audiencias se postergan y no se cumplen los procesos y tampoco se logra una rehabilitación, cuestionó el presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro García, quien participó en un recorrido el lunes.

Por su parte, Bolívar Garzón anunció que se realizarán cambios, que estarán contemplados en el plan del gobierno, el cual aún no es revelado en su totalidad. “Se tiene previsto un trabajo interinstitucional para revisar la parte jurídica que corresponde al Código Integral Penal y facilitar así el tratamiento y gestionar para que las carpetas de las personas que puedan aplicar a los beneficios penitenciarios puedan gozar de ellos”.

• PRELIBERTADES OTORGADAS

 En Ecuador, 1.625 presos accedieron al beneficio de prelibertad entre enero y mayo de 2021. No obstante, el SNAI señaló también que la mayoría de personas que deja los centros de reclusión lo hacen tras cumplir toda la pena. Durante la crisis sanitaria, en el período del 16 de marzo al 22 de junio de 2020, se dio la prelibertad a 971 internos en todo el país.