Falta de política estatal: un riesgo para la seguridad de Ecuador

Las acciones del Gobierno en materia de seguridad generan debate nuevamente. Esto tras el anuncio oficial de que el exmilitar estadounidense, Erik Prince, fundador de la empresa Blackwater, se integró a distintas acciones del Bloque de Seguridad desde el fin de semana del 5 de abril de 2025.

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Desde distintos sectores políticos, como los asambleístas de Pachakutik y la Revolución Ciudadana (RC), se ha cuestionado la intervención de una entidad privada en la seguridad del Estado, una crítica que también la ha expresado Luisa González, aspirante presidencial y rival del candidato - presidente. Incluso ha propiciado que otra vez se ponga en duda la existencia del Plan Fénix que ha promocionado Daniel Noboa desde el inicio de su mandato.

Los especialistas señalan que las medidas que emplea el régimen son aisladas y mantienen la tónica de los últimos expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso, pues son reactivas a eventos de violencia coyunturales y se transforman en políticas de sus gobiernos, cuando deberían ser políticas de Estado.

El coordinador del Observatorio Ciudadano de Seguridad, Max Campos, dice que para lograr un cambio, las políticas de Estado deben integrar a todas las instituciones estatales con el fin de transversalizar las acciones a ejecutar para la seguridad. 

¿Cómo lograr una política de Estado para la seguridad?

Así se “desarrollan estrategias a nivel nacional que terminen siendo una política de Estado con base en un estudio profundo y diagnóstico adecuado. De lo contrario, serán solo políticas del Gobierno de turno que constan en el Plan de Desarrollo, pero tienen un período, cuando lo que se necesita es que permanezcan en el tiempo a mediano y largo plazo”.

El diagnóstico debe identificar “lo que le afecta al Estado a nivel internacional, los actores delictivos en la región que seguramente realizan actividades criminales silenciosas, pero que pueden generar enfrentamientos, e identificar qué territorios hay que priorizar", explica Katherine Herrera, especialista en Defensa Nacional.

Lo que debería ser una política de Estado “termina siendo una política de Gobierno, replantean modelos y reescribimos un nuevo esquema en el que la Policía Nacional debe realinearse y perdemos tiempo, recursos y presencia estatal”, opina Rubén Vásconez, consultor en seguridad. 

Además, menciona que el factor común en los tres últimos gobiernos es que ninguno ha mirado el aspecto social. “Si los grupos de delincuencia organizada cubren necesidades como medicinas, vivienda, trabajo, porque el Estado peca de no tener presencia, esos espacios los asumen esos criminales”, advierte.

Los desafíos para el próximo presidente

Los expertos creen que el próximo gobierno tiene un gran reto al respecto, pues deberán formular una política estatal que fortalezca el sistema de seguridad pública del Estado, que contemple las actuales amenazas para el país: crimen organizado, narcotráfico, minería ilegal, tráfico de migrantes, etc.

También consideran que se debería revisar el rol de policías y FF.AA., que no han sido entrenados para el combate urbano ni tienen bases suficientes para el respeto a los derechos humanos. “Ni el policía es militar ni el militar es policía y si no hay una política clara, terminamos en manos de quienes sí han combatido en calles; realizar el control de fronteras para evitar la llegada de criminales”, sugiere Vásconez.

Otro aspecto que observan que se ha descuidado es la seguridad ciudadana, factor que ha propiciado el desplazamiento de la violencia criminal y el delito a otras ciudades. Para Campos, el próximo Ejecutivo debe integrar a los gobiernos locales que “son claves para la política de prevención, fortalecer la organización comunitaria que está dividida por la polarización y el odio. Hay que rescatar la cohesión social”, insiste.

La seguridad requiere de parámetros técnicos

A decir de los especialistas, la problemática de la violencia no debe ser visto como un tema político. “La seguridad es un tema técnico, profesional. El Gobierno debe ofrecer apertura sobre datos e inteligencia, no se puede tener agendas propias, debemos ser más prácticos y operativos y dejar de pensar que lo que se teoriza son verdades absolutas. Hay que mirar los problemas entender que las temáticas locales son distintas", recomienda Vásconez, también catedrático de la UISEK.

El desafío del que hablan es que los funcionarios titulares de las diferentes entidades rindan pruebas de confianza para monitorear la corrupción o conductas indebidas, pero también “para depurar a los actores estatales y sus familias vinculados a actividades delictivas; enfocar en prevención y disuasión, así como focalizar funciones específicas para la Fuerza Pública: a las FF.AA. contra las amenazas y la policía en territorio”, acota Herrera.

Para el consultor Vásconez, si no se elabora una política de Estado sobre seguridad, “ninguna de las dos propuestas de los candidatos, de consenso ni de mano dura, funcionarán. Somos un Estado casi en la indefensión”, manifiesta.

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