Familiares de PPL denunciaron maltrato desde la defensa del Estado
El hecho ocurrió en una audiencia de acción de protección impuesta por las masacres ocurridas en las cárceles
El Comité de Familiares por Justica en Cárceles denunció a través de un comunicado que en la audiencia de acción de protección que interpusieron y que se celebró el pasado miércoles 12 de julio de 2023 los equipos de defensa del Estado Ecuatoriano les faltaron el respeto en medio de la diligencia al estigmatizarlos y señalarlos como “cómplices del sistema de corrupción”.
En la audiencia participaron abogados de Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI), del Ministerio del Interior, del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Derechos Humanos, de la Presidencia de la República y de la Procuraduría General del Estado.
“Nos dijeron que era un negocio rentable demandar al Estado y eso es parte del discurso que presentaron, a parte de los gritos que hubo; fue una falta de respeto total porque el hecho de que tengamos a alguien dentro de prisión no significa que seamos menos. No asumieron su responsabilidad, dijeron que si murieron eran agresiones entre ellos mismos y que no tenían nada que ver con el Estado. Esto a pesar que las cárceles las administran ellos y estaban en custodia de ellos” expuso la representante del comité, Ana Morales.
📢COMUNICADO PÚBLICO
— Comité de Familiares por Justicia en Cárceles (@JusticiCarcelEc) July 18, 2023
Familiares de personas privadas de libertad nos pronunciamos contra el intento del Gobierno de evadir su responsabilidad sobre las masacres carcelarias en #Ecuador #DíaDeLasPersonasPrivadasDeLibertad #18DeJulio#ElEstadoEsResponsable pic.twitter.com/Y6yDtZUdGF
Frente a esta situación, la Alianza de las Organizaciones por los Derechos Humanos se pronunció al respecto y enfatizó que “El Estado es el responsable de las masacres carcelarias por haber incumplido sus obligaciones reforzadas derivadas de su posición de garante de los derechos de las personas privadas de libertad y sus familias”.
En junio pasado, los representantes de las instituciones públicas no se presentaron a la primera convocatoria, porque según se excusaron, no habían tenido el tiempo suficiente para preparar las pruebas de descargo sobre las masacres ocurridas desde 2021.
Actualmente se espera que se cumpla un plazo de 10 días para que presenten las pruebas de descargo de parte de las instituciones del Estado. “En la primera demanda nos rechazaron y nos archivaron la demanda, es evidente que no nos quisieron escuchar, pero en esta segunda vez observo que el juez es imparcial y está atento a lo que se presenta en la audiencia. Nosotros queremos es verdad, justicia y reparación”
