Familias sin reparaciones a un año de la masacre

Falta menos de un mes para que se cumpla un año de la cruel masacre del 28 de septiembre de 2021, cuando murieron 122 presos, y hasta la fecha ni un solo familiar ha recibido la reparación integral prometida por el presidente Guillermo Lasso el 15 de noviembre de 2021.

“Ni una sola llamada para al menos saber si hay un avance en la investigación, conocer cómo estamos, si necesitamos ayuda o al menos respuestas a lo sucedido. No hay nada de nada. El gobierno es inhumano, a veces me parece que solo fue una pesadilla, pero no, fue real y duele mucho”, expuso Mirtha Preciado, madre de una víctima que terminó calcinada.

Para la entrega de reparaciones integrales a los familiares de los convictos asesinados, existen dos caminos: el primero es por decisión de un juez a través de una sentencia y el segundo es a través de la vía administrativa, en la que el Estado reconoce la violación de derechos, pero con un tortuoso proceso legal.

Diario EXPRESO informó en abril pasado que existen 18 instrucciones fiscales por la muerte de los presos en las masacres carcelarias y que se investigaba el cometimiento de seis delitos: asesinato, robo, daño a bien ajeno, delincuencia organizada, homicidio y violación. Es decir que aún no habían pasado a etapa de juicio, ni el caso estaba resuelto con la exigencia de una medida de reparación determinada por un juez.

La Defensoría del Pueblo dio al Gobierno Nacional en noviembre de 2021 una serie de recomendaciones para la entrega de reparaciones integrales, como la creación de una comisión de la verdad que emita un informe en el que se reconozca la responsabilidad del Estado en las muertes.

Luego de ello, vienen los mecanismos legales sugeridos, como una ley vía decreto ejecutivo, para así cumplir con los protocolos y procesos para ejecutar los beneficios prometidos, como ocurrió con la Ley de Reparación de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos desde el año 1983 hasta el 2008.

Sin embargo, el Gobierno Nacional optó por crear mesas de diálogo entre el Estado y la ciudadanía para “acompañar en el proceso de reparación integral” a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Este periódico solicitó una entrevista con su titular, para conocer los detalles de su avance, pero se indicó que por cuestiones de agenda se atenderá el pedido el lunes de la próxima semana.

La última vez que se trató el tema carcelario en el CPCCS fue el 20 de enero, cuando se celebró la primera mesa de diálogo institucional. No se han informado más detalles del tema.

De su lado, la subsecretaria de Derechos Humanos, Elizabeth Zhunio, sostuvo que “se están implementando las políticas públicas para lograr la reparación integral de los familiares de las víctimas”, pero no reveló en qué estado se encuentra la implementación a la que se refirió.

No obstante, para Patricia Echeverría, activista de derechos humanos, este caso va más allá de los procesos; se trata de voluntad política para restaurar las vidas de esas familias. “Formar una comisión no demora mucho, pueden ser 10 personas, con integrantes de los familiares y amigos de los prisioneros, para que supervigilen el proceso, con tiempo de funcionamiento. El Gobierno ya tiene claro lo que debe hacer, la hoja de ruta. Es una barbaridad que tras casi un año no hay ayudas. Y recién estamos hablando de la primera masacre, faltan las demás”.

Echeverría concluyó que aunque pase el tiempo, las cárceles “son la papa caliente que nadie quiere y tampoco se quieren responsabilizar”. Solo esperan que se deje de hablar del tema hasta que exista otra masacre.