Sin fecha el juicio para Pabón y Hernández

En el sistema de justicia unos procesos avanzan más rápido que otros. Pero no es el caso de la prefecta de Pichincha Paola Pabón, investigada por posible rebelión durante las protestas de octubre de 2019 junto con el exasambleísta Virgilio Hernández y su asesor Christian González.

Hasta el momento en el proceso abierto para Pabón y otros en octubre existe el llamado a juicio, dictado por el presidente de la Corte de Pichincha Wladimir Jhaya, pero aún no se fija fecha para su juzgamiento.

Fausto Jarrín, defensor de González, opina que de la misma manera que los jueces Daniella Camacho, Iván Saquicela e Iván Rodríguez suspendieron el proceso (por ataque y resistencia) en contra del consejero David Rosero, deberían suspenderse todos los procesos que incluyan a candidatos.

Es que Hernández busca una curul en la Asamblea en las elecciones de 2021 y tiene en su contra un llamado a juicio por su posible participación en actos que devinieron en violencia en las protestas de octubre.

El artículo 108 del Código de la Democracia dice que los candidatos no podrán ser privados de la libertad, procesados penalmente, ni enjuiciados, desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados. La excepción es para los casos de delitos flagrantes, sexuales, violencia de género e intrafamiliar.

Hernández dijo que el proceso abierto en su contra es por persecución política. En igual sentido opinó la prefecta Pabón. Ambos fueron llamados a juicio el 27 de agosto pasado.

La prefecta señaló a EXPRESO que aunque se pretende responsabilizarlos de todos los eventos ocurridos en octubre, “no se ha podido demostrar ninguna de las acusaciones del Gobierno en nuestra contra, así como tampoco ningún hecho de violencia en el que hayan participado Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian González”.

Agregó que los principales dirigentes del movimiento indígena y del transporte han negado vínculo alguno con el correísmo y fueron ellos los que lideraron la protesta social.

Para Pabón resulta evidente que la acusación de rebelión no tiene sustento jurídico, sino que constituye un caso más de persecución política y de judicialización de la política, algo que se conoce internacionalmente como lawfare. “Por eso espero que la justicia actúe en derecho, es decir, sin presiones del poder político y mediático”, concluyó.

La de Pabón es una de las 799 noticias del delito que llegaron a la Fiscalía por las protestas de octubre. De ellas, 652 permanecen en investigación previa, según estadísticas de la entidad. Hay 17 casos en instrucción fiscal, se hicieron 69 audiencias preparatorias de juicio y 61 juicios.

Según la Fiscalía, se investigaron 28 delitos, 264 de ellos por daño a bien ajeno. También hubo 203 por paralización de servicio público, además de 109 por ataque y resistencia. Se abrieron casos por abuso de armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados, asesinato en el grado de tentativa, cuatro causas por asociación ilícita, cuatro por destrucción de bienes al patrimonio cultural.

Se presentaron 19 casos por extralimitación en la ejecución del acto de servicio, uno por grupos subversivos, cuatro por posible homicidio, uno por hurto de bienes de uso policial o militar. En 10 casos se investigó incitación a la discordia entre ciudadanos, dos por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, uno por infiltración a las zonas de seguridad, 12 por instigación, uno por intimidación, seis por lesiones, tres por muerte culposa y omisión de medidas de protección.

Incendio de Contraloría

Más de un año después del incendio de la Contraloría, aún no se ha encontrado a los responsables del delito.

Legislador sentenciado

Yofre Poma y otros fueron condenados por la paralización de las actividades del SOTE en la Amazonía.

Denuncias al alcalde

El alcalde de Quito Jorge Yunda recibió al menos tres denuncias en su contra por supuestas omisiones durante las protestas de octubre. Una de las investigaciones previas del caso está en Riobamba.