La Federación abandonó a niñas abusadas

“Nos escucharon solo porque una de las madres es amiga del presidente de la Federación del Guayas. Él nos dijo que no podía hacer nada con nuestra denuncia de abuso y acoso sexual contra el entrenador de nuestras hijas, porque no es juez. Así que lo que propuso fue poner cámaras en los sitios de entrenamiento. Eso no me daba garantías y retiré del entrenamiento a mi hija los dos últimos meses de 2021”.

Ese es el testimonio de una de las madres de dos campeonas panamericanas de escalada, categoría infantil, que fueron víctimas de abuso y acoso sexual por parte del hombre que las entrenaba y cuyo caso está en Fiscalía.

Existe un protocolo de atención de violencia y abuso a niños, niñas y adolescentes emitido por el Ministerio del Deporte, pero fuentes cercanas a esta cartera han admitido a EXPRESO que la Federación Deportiva del Guayas no cumplió con los parámetros más básicos de prevención y protección a las víctimas en este caso.

El documento establece que “toda persona del Sistema Deportivo Nacional involucrado en los Juegos Nacionales que tenga conocimiento de un presunto caso de todo tipo de violencia contra un menor, cometido durante el desarrollo de este evento, tiene la obligación de poner la denuncia inmediatamente en la Fiscalía”. Al día de hoy, no hay denuncia de parte de la entidad ni de su presidente, Roberto Ibáñez.

De acuerdo con el ministerio, FedeGuayas tenía que implementar acciones que garanticen la protección inmediata ante este caso, evitando la revictimización, pero eso tampoco ocurrió. De hecho, no fue hasta que Teleamazonas denunció el caso, este 13 marzo, que las representantes de las víctimas supieron que “habían mandado de vacaciones 15 días” al presunto agresor de sus hijas.

Al día siguiente del escándalo, en un comunicado en redes en el que aseguraba que su “principal objetivo siempre será velar por la integridad de los atletas”, FedeGuayas informó, recién, que “el involucrado ha sido separado de cualquier contacto con todos los deportistas de la disciplina”. Esto aunque Ibáñez sabía del caso desde el último trimestre de 2021.

FedeGuayas envió a Diario EXPRESO el protocolo que asegura haber seguido en este caso desde que las madres llegaron, en septiembre, a hablar sobre los hechos. Entre otros puntos, el documento, denominado ‘Protocolo de atención de denuncias por cualquier tipo de violencia’, contempla la recepción y atención verbal o escrita presentada por el denunciante, la notificación a las direcciones técnicas involucradas, la separación del presunto agresor de la víctima y el entorno, evaluaciones psicosociales y la implementación de un plan de acción.

Ninguna se cumplió, además de la escueta reunión que les regaló el presidente al poner el caso sobre la mesa. No solo que el agresor se mantuvo al frente de los demás federados menores de edad, sino que las madres de las niñas indican que jamás hubo una evaluación psicológica todo este tiempo, hasta que se conoció el hecho de forma pública.

Sin embargo, todo eso lo niega Roberto Ibáñez, presidente de FedeGuayas, quien sostiene que “de inmediato”, al conocer el caso, “se accionó el protocolo” y se dispuso que el involucrado entrene con mayores de edad. Reconoce que no ha puesto la denuncia porque no puede hacerlo “sin tener pruebas de eso”. Además, dice que hay padres y federados que defienden al supuesto agresor, y que él debe “actuar dentro” de sus competencias.

Se excusa de haber demorado la separación del entrenador de todos los deportistas hasta ahora (acción sugerida por el ministerio este marzo, tras el escándalo), con el argumento de que ya hubo un caso de estos en 2019, cuando él no asumía el cargo todavía, y en ese hecho, de presunta violación, el investigado fue absuelto y regresó a pedir su cargo a la Federación.

Para el abogado de las niñas, Joselito Argüello, es indudable que hubo una despreocupación total respecto a las acciones de corte administrativo por parte del presidente de la Federación.

“No procuró alejar a las presuntas víctimas del supuesto agresor. Las cambió de horario, pero coincidían con él. Debe comparecer el presidente y deben hacerlo los demás trabajadores involucrados que callaron y que tenían la obligación de denunciar. El argumento de Ibáñez no tiene validez. Como directivo, tenía la obligación de poner la denuncia. Él. Ese es el accionar correcto. No hay justificación. Ni siquiera actuó en el ámbito administrativo. Ni siquiera alejó al involucrado de los menores”, increpa.

Además, especifica que si ya había una noticia de personas que sufrieron la agresión, debió deducir que potenciales presuntas víctimas eran todos los entrenados y actuar para preservar su integridad.

Las madres tildan la inacción de la Federación como quemeimportismo, y dicen que, aunque no pueda creerse, a quienes separaron del grupo de deportistas, y cambiaron de horario y de entrenador, fueron a las federadas.

Las denunciantes mostraron a este Diario que las denuncias en Fiscalía (porque son dos, una por cada caso) fueron puestas en noviembre de 2021 y este marzo. Y fue la desesperación de que nada avanzaba y todo seguía igual la que las hizo buscar la mediatez de las redes sociales.

La fiscal que lleva el proceso ahora es Emily González, pero desde Fiscalía se explicó que en estos casos, con una investigación previa en camino, no es posible dar declaraciones.

El presidente de FedeGuayas asegura no haber recibido ninguna notificación de Fiscalía aún. Está última entidad tiene tareas pendientes, a decir de la abogada y activista feminista Soledad Angus, quien explica que según la ley penal, en casos de violencia sexual, el fiscal debe solicitar y el juez ordenar de manera inmediata medidas de protección, como prohibición a la persona procesada de concurrir a determinados lugares y de acercarse a la víctima, testigos y a determinadas personas.

Eso, por supuesto, no exime a la Federación ni al Ministerio del Deporte, entidades que de acuerdo con esta experta deben estar informadas de la existencia de dichas medidas de protección y velar por su cumplimiento, “pues son los garantes de la seguridad de estas adolescentes al estar en su institución”.

“Por principio constitucional de interés superior de las adolescentes, no pueden excusarse en la presunción de inocencia, porque el deber primordial del Estado es proteger a las víctimas”, añade.

El pasado 9 de marzo, la cartera de Deporte extendió una solicitud de información sobre el protocolo y las acciones adoptadas en cumplimiento a este instrumento en torno a las denuncias presentadas. FedeGuayas asegura tener lista la documentación, pero es reservada. Dice que la dará solo si Fiscalía así lo exige, en la investigación.

SOLO EN GUAYAS SE INVESTIGA TRES CASOS

Desde el 24 de mayo del 2021, el Ministerio del Deporte registra tres casos específicos sobre denuncias de presunto abuso y acoso sexual en escenarios de entrenamiento, en las disciplinas de remo, taekwondo y escalada, en Guayas.

Al ser abordada esta cartera sobre los trabajos en prevención que realiza, explicó que en los Juegos Nacionales Juveniles y Juegos Nacionales de Deporte Adaptado 2021, que se llevaron a cabo en Imbabura entre noviembre y diciembre, arrancó “el proceso de sensibilización a los dirigentes y equipos de las organizaciones deportivas, respecto a la violencia y abuso en todas sus formas contra las y los deportistas”. Allí, asegura, se socializó el protocolo que FedeGuayas no respetó y se explicó, paso por paso, la ruta que debía activarse.

Al respecto y luego de analizar todo lo ocurrido, la abogada Soledad Angus lamenta que en el país no se proteja a las víctimas pese a que existe la orden constitucional de aplicar ese principio. “No tenemos una cultura de enfoque de género ni de protección de derechos humanos”.

Un caso emblemático de aquello fue la sentencia de 2020 en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró al Estado ecuatoriano responsable por la violencia sexual contra Paola Guzmán, una adolescente que se suicidó tras quedar embarazada por la violación que sufrió en su centro educativo, hace 20 años.

Allí de determinó que el Estado era responsable por la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la protección de la honra y de la dignidad, y por el incumplimiento de las obligaciones de prevenir actos de violencia contra la mujer.