El federalismo en Ecuador, un camino largo y complejo por recorrer, sostienen constitucionalistas

Los términos "autonomía" y "federalismo" se han aludido en un sinnúmero de veces en la historia del país, sobre todo, desde sectores políticos y sociales guayaquileños, ante los problemas económicos que han afectado a la nación y que han repercutido en la urbe porteña. En más de una ocasión, esas voces, por lo general de alcaldes de esta y otras ciudades, han removido el tema cuando han cuestionado al gobierno central por la demora en la entrega de las rentas que por ley les corresponde.

La mención más reciente proviene de un exalcalde, de Jaime Nebot, quien en un mensaje al país, que se difundió la noche del 6 de julio pasado en redes sociales, dijo que la coyuntura actual que vive el país después del paro indígena es el momento indicado para poner en marcha un proceso para cambiar el sistema político del Estado a un país regido por el federalismo.

La Real Academia Española de la Lengua cita al federalismo como el sistema de organización federal de algunas corporaciones o Estados. Hay otras acepciones que describen al federalismo como la doctrina política que plantea la creación de un Estado múltiple, diverso, en el que diversos estados, provincias, cantones o regiones se asocien para constituir un gobierno único, según la analista Julia Máxima Uriarte.

En ese sentido, Édison Pozo, abogado especializado en Derecho Constitucional, refiere que en la historia de la república hay antecedentes de formas de gobierno donde se evidenció la dirección dispar que tenía el país cuando se trataba de reducir el centralismo.

"Hasta 1859, cuando llega García Moreno el Ecuador estaba fragmentado, había una provincia federal de Loja, Azuay, Guayas y Quito. Se declararon gobiernos federales, cada uno tenía su gobernante. Cuando García Moreno llegó al poder inclusive pide ayuda de Francia. El quería declarar un protectorado francés porque el quería evitar esta división, lo que iba a facilitar que Colombia y Perú lo invadan. Entonces, él crea la Ley de División Territorial para dividir al país en provincias", rememora Pozo.

El especialista sostiene que el territorio en el que se asienta Ecuador presenta una complejidad de conviviencia y desarrollo, desde antes de que sea considerado como república, por la diversidad de pueblos, con sus tradiciones y costumbres, algo que se ha presentado como reto para las autoridades de turno. 

MECANISMOS

Ante el llamado de Nebot de impulsar un nuevo sistema político del Estado a través de un plebiscito, Pozo considera que dicho cambio debe encaminarse, más bien, con una asamblea constituyente.

"Yo creo más bien que se debe buscar una consulta popular para que se pueda llamar a una asamblea constituyente, porque el artículo 1 de la Constitución del Ecuador es claro y dice que Ecuador es un estado constitucional, de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente y unitario. Entonces si es federal ya no sería unitario y habría que modificar necesariamente la estructura del Estado. Y además el artículo 1 dice que se organiza de forma de república y descentralizada", explica el constitucionalista.

Ismael Quintana, especialista en Derecho Constitucional, avisora que si gana adeptos la propuesta de Nebot se generaría un debate jurídico interesante, ya que dicho cambio representará una reforma estructural del Estado.  

"¿Estamos listos para eso? Esa es la gran pregunta. En lo jurídico, insisto, va a ser qué mecanismo debemos adoptar. Si es una alteración total del texto constitucional, al menos en la parte orgánica de la Constitución, esto se lo podría hacer vía de una reforma parcial o se requiere necesariamente de un cambio de texto constitucional", analiza Quintana.

Evidentemente, dice el especialista, esa consulta se tendrá que hacer a la Corte Constitucional (CC), con la presentación de un proyecto. "Probablemente, la discusión pasa a ser entre el proceso de reforma parcial (sin ir a un proceso más complejo), previsto en el artículo 442 de la Constitución, o ir por una asamblea constituyente. Una consulta plebiscitaria no alcanzaría para eso", insiste el abogado. 

Si se define que el camino es el de una reforma parcial, especifica Quintana, el proyecto deberá ser analizado y debatido en la Asamblea Nacional con doble debate y con un plazo de 90 días entre esas discusiones, cuya aprobación debe ser consignada por mayoría absoluta. "Ahí iríamos a un referéndum para que el pueblo ratifique o no la propuesta de reforma a la Constitución. Entonces, como usted, entra en juego la voluntad de las organizaciones políticas".

El otro escenario que se abriría es que la CC determine necesaria que una asamblea constituyente intervenga en los cambios. "El problema ahí es que si el Presidente no acoge el pedido para convocar él a la constituyente, lo tendría que hacer la ciudadanía, el Partido Social Cristiano y todos quienes se unan a esta propuesta, y eso significa que habría que recoger el equivalente al 12 % de las firmas de los integrantes del padrón electoral", detalla el constitucionalista.

Esos son los mecanismos para viabilizar un posible cambio en la Constitución. De fondo también hay un sinnúmero de temas que abonan la complejidad de poner en marcha la nueva forma de administración del Estado.

"Implicaría una profunda reforma jurídica y política a las instituciones del Estado. Tanto es así, que como insisto, manteniendo la idea de un Gobierno central, de un congreso nacional, y de una corte suprema de justicia, supondría la idea también de crear poderes ejecutivos, legislativos y judiciales a nivel de provincias, de regiones o de estados federados", adelanta Quintana.

ASPIRACIONES

La propuesta de Jaime Nebot ha removido el debate que esporádicamente surge en conversaciones de amistades, gremios y otros sectores de la sociedad, así como en las redes sociales.

Juan Jiménez, concejal de Durán, expuso su lectura del tema en el ámbito digital. Él dijo que el federalismo podría solucionar problemas de larga data que atañen a ese cantón, como la administración de recursos para dotar de agua potable a toda la jurisdicción. 

"Permitiría que se acaben las trabas burocráticas que hoy se mantienen concentradas en el Estado central, que tiene otro tipo de prioridades, y así vengan los recursos más cerca y sea dentro del estado federado o provincia federada, junto con el trabajo del cantón y sus autoridades, permitan autorizar y brindar la gestión de créditos y accesos a fondos internacionales y locales", comentó el edil.

La propuesta del líder del PSC ha levantado expectativas de diferentes sectores que buscan alternativas para sortear los problemas de fondo que ahondan las necesidades en servicios públicos y políticas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.