Femicidios, aborto y educación sexual: deuda que advierten las feministas quiteñas

“La violencia atraviesa la vida entera”. “En este país, violan y embarazan a las niñas”. “La penalización del aborto es un problema crítico de justicia social”. “¡Las queremos vivas!”. Lo dijeron tres mujeres que luchan contra una pandemia que lastima-desgarra-asesina. Son las quiteñas Geraldina Guerra Garcés, Virginia Gómez de la Torre y Ana Cristina Vera. Juntas suman más de 80 años de activismo. Y este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cuentan cómo ha sido recorrer el camino –en pendiente– hasta aquí.

Geraldina visibiliza los femicidios

Cuando se googlea el nombre de Geraldina Guerra Garcés, lo primero que aparece en el buscador es que preside la Fundación Aldea y que fue reconocida entre las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo por la BBC, en 2022.

Nació hace 48 años en el antiguo barrio América. Su papá, Edmundo Guerra Vivero, fue uno de los fundadores de la editorial El Conejo. También era sindicalista. Entonces, Geraldina –cuyo nombre fue puesto en honor a la hija de Charles Chaplin– creció en un ambiente de marchas, carteles y aprendió a escribir. Cuando ingresó a la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Comunicación Social, se vinculó al movimiento estudiantil, revisaba lo que hacía Amnistía Internacional y todo sobre los derechos.

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Al terminar su carrera, cuando había cumplido 22 años, se fue a Saraguro, un pueblo de la nacionalidad kichwa, situado en Loja. Allí hizo su primera investigación sobre la situación de las mujeres saraguras. “Me di cuenta de que existían brechas de desigualdad, pero también algo repetitivo que ocurría en la universidad: la narración continua de que las mujeres se sienten excluidas, discriminadas y que viven violencia, sobre todo, en sus relaciones íntimas o de pareja, dentro de la familia”, dice.

Luego, viajó por América Latina, donde las historias se repetían. Su teoría era que había una comunicación perversa como una forma de violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja. Fue ese el tema de su tesis. Y –desde entonces– se fue vinculando más y más al activismo. “Las mujeres teníamos muchas cosas en común. Somos Diversas, pero la violencia nos atraviesa en todas sus formas. Eso me inspiró a generar cosas desde la comunicación, porque soy una apasionada comunicadora”, señala Geraldina, madre de tres hijos.

Casi 20 años después, pese a que ha habido retrocesos, asegura que también ha visto avances en cuanto a normativas escritas. Se ha visibilizado la violencia, se habla del tema. A la lucha se han sumado muchas mujeres. “A veces no se las conoce, pero están en todos los rincones… Hay muchas lideresas que van marcando un camino, pero parece que es largo todavía, porque las cifras nos espantan”, advierte.

Geraldina es vocera de la Red Nacional de Casas de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia desde 2012. Y también es parte de la Alianza Feminista para el Mapeo de Femi(ni)cidios en Ecuador. En 2017, cuando habían pasado tres años de la tipificación del femicidio en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), le escribían desde las casas de acogida para alertarle que estaban ocurriendo muchos crímenes… En una conversación con una amiga geografía, ella le propuso hacer un mapa para “generar algo que toque las almas”. Exponer. “Tal vez funcione”, pensó la activista.

En abril de ese año lanzaron el primer mapa. Había más de 59 femicidios. Fue tan potente que continuaron utilizando esta herramienta. “Está ahí donde vives, donde tienes hijas (...) pero no es grato. Es doloroso”, asiente. Sin embargo, posicionar esta escalada mortal de violencia sirve para la prevención, para nombrarlas. Y para exigir una política pública real. “Nosotros queremos interpelar al Estado en la concreción de sus políticas públicas para la defensa de los derechos”, insiste Geraldina.

Interpelar al Estado también significa que llame a las cosas por su nombre. Por ejemplo, después de la pandemia se repuntaron las muertes violentas de mujeres con armas de fuego, involucradas en sistemas criminales. “Estos también son femicidios, porque existe una exacerbación de la misoginia, del odio. Sus cuerpos son usados como botines de guerra entre bandas. El Estado no quiere nombrar eso”, señala la activista.

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Hace varios años, Geraldina se mudó a Mindo, una parroquia de Pichincha. Dice que el verde le hace bien: caminar, ir al río, a la cascada. Descargar lo agotador que resulta siempre hablar de violencia. Eso le ha permitido conocer a lideresas del Chocó Andino. Y también ha evidenciado –mucho más– los desaciertos de una política pública hecha en escritorios. Funcionarios que no han viajado se imaginan que una señora que vive en Pacto –o la ruralidad– pueda ir hasta Calderón (más de tres horas) para pedir una medida de protección, a pesar de que ni siquiera hay transporte.

• Las mujeres son el 52 % de la población. 
• 9 de cada 10 mujeres que acuden a servicios de protección no reciben atención. 
• 7 de cada 10 casos de violencia sexual contra menores ocurren en la familia. 
• Hay niñas de 12, 13, 14 años, viven en ‘matrimonio’, como si fuera normal. 

La violencia afecta la integralidad de la vida, por eso las respuestas deben ser integrales, según Geraldina. Pero no le prestan la atención debida. Hace poco, el presidente de la República, Daniel Noboa, redujo el presupuesto del Ministerio de Mujer. “Tenemos asambleístas que no conocen este país y que se atreven a decir que es mejor eliminarlo (...) ¡No lo vamos a permitir!”, advierte.

“Hago un llamado para buscar, reconocer y nombrar a las lideresas que vayan a leer esta nota. Y ponerles una placa porque han marcado historia”, concluye Geraldina.

Virginia, en defensa de la educación sexual

Virginia Gómez de la Torre, madre de dos hijos, nació hace 68 años en el barrio La Loma Grande. Un sábado, sentada en el comedor de su casa, en el sector La Kennedy, asegura que es activista desde hace más de cuatro décadas. Hoy es directora de la Fundación Desafío.

Tras terminar sus estudios de Medicina en la Universidad Central, se marchó a hacer la rural. Allí se dio cuenta de la falta de presencia del Estado, de la realidad que enfrentaban las mujeres y los niños. Fue entonces cuando se topó con una compañera que la introdujo a la lucha política. Con ella empezaron a tener contacto con mujeres que trabajaban dentro de partidos políticos. “Eran pocas y tenían mucha inconformidad de cómo se las trataba”. Entonces, ellas decidieron militar por la defensa de las mujeres en temas concretos, como la violencia.

En esa época, ya se discutía por qué solo las mujeres eran las responsables del cuidado de los hijos, de la vida cotidiana. Le llaman la doble o triple jornada. Más de cuarenta años después, no ha cambiado mucho. Son unas 16 horas adicionales en las que las mujeres trabajan más que los hombres. “¡Es injusto!”, replica. Ellos aún no tienen la capacidad de entender que la responsabilidad es compartida, lamenta.

Sin embargo, para Virginia, con el activismo y la lucha por los derechos de las mujeres se ha conseguido mucho. “Las mujeres hemos crecido en entender que somos seres humanos. Que nuestras vidas son tan importantes como la vida de los hombres”, indica. Las jóvenes de ahora no son igual que las de hace 42 años. El movimiento feminista ha hecho que ya no vean la maternidad como un destino, sino como una opción.

Un aporte importantísimo ha sido cambiar los imaginarios de que la familia eran papá, mamá e hijos, el perro o el gato. Y también que las mujeres son capaces de llegar a ser presidentas, ministras, de seguir carreras técnicas que antes estaban vetadas. Pues han contribuido con la ciencia, son inventoras, artistas, políticas… Y, por supuesto, han conseguido leyes para mejorar los derechos reproductivos.

Aún faltan. Por ejemplo, despenalizar el aborto totalmente, dice. Desde la Fundación Desafío, cuya directora es Virginia, junto a la Coalición Nacional de Mujeres, se envió la primera demanda con la que la Corte Constitucional despenalizó el aborto en casos de violación en 2021.

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Pero para ella, hay otro desafío. La activista reprocha que la Iglesia y grupos antiderechos puedan pensar que es malo informar a una niña sobre la violación, violencia sexual, incesto, riesgos en las familias, a diferenciar lo que es una caricia sana de una incestuosa. “La educación sexual sí es un objetivo para mí, como persona y profesional”, manifiesta.

La fundación trabaja con organizaciones populares de mujeres en Santo Domingo, Ambato, en Manabí, impartiendo información que tiene que ver con la educación sexual, para que ellas puedan replicar estos conocimientos con sus pares e, incluso, aprendan a defender el derecho que tendría sus hijos cuando van a las escuelas, cuando son violentados, dice.

Virginia cuenta que la primera investigación que hicieron en el país se llamó ‘Vidas Robadas’, que reveló que en Ecuador “a las niñas las violan y las embarazan”. Son niñas –dice– a las que se les obligó a parir producto de un crimen. Y el problema se ha extendido debido a la situación actual: la migración. “Ecuador expulsa a sus ciudadanos, en el trayecto violan a las niñas, a las mujeres. También están aquellas que se quedan en las manos de sus abuelos, tíos, y que corren riesgo”, lamenta.

En otros casos, las matan. Febrero fue un golpe al país entero. Dos niñas fueron halladas enterradas. Otra apareció en una cisterna. Las desaparecen. Las asesinan. Según Virginia, en 2023, la muerte violenta de niños y niñas aumentó en un 640 %. Además, hay casos de trata, de explotación sexual, de esclavitud laboral. “Cuando ellos deberían estar jugando, estudiando, soñando…”, asiente.

Falta cambiar el imaginario social. “La creencia de que las personas que tienen poder y actitudes patriarcales definen la vida de las personas (...) Hay que cambiar los estereotipos, las formas de pensamiento machista. Eso es lo que le hace falta al mundo”, concluye. Poco después, muestra sus jardines perfectamente cuidados. Por ahí, destaca un árbol de higo. No da frutos. Pero está segura de que más adelante podrá cosechar más de uno.

Ana y la lucha contra la criminalización del aborto

Ana Cristina Vera nació en Quito hace 39 años y tiene un hijo. Cuando tenía 19 empezó a militar en el feminismo, a partir de espacios reflexivos con otras compañeras. “Comenzamos a pensar en el tema de la justicia, cómo estaba distribuido el mundo”, detalla.

“Pero cuando nosotras comenzamos, casi nadie quería nombrarse como feminista”. En el proceso se evidenció que el feminismo es una lucha de reivindicación por los derechos humanos de las mujeres, por la igualdad social, que no pretende generar ninguna opresión. Casi 20 años después, ha habido un cambio muy fuerte. Muchas mujeres se identifican con el movimiento. Y eso la hace sentirse orgullosa.

Si antes acudían a las marchas apenas 60 mujeres, hoy son más de 10.000 en Ecuador. Lucen un pañuelo verde, gracias a un proceso –colectivo– de ir abriendo caminos, admite Ana Cristina. “No somos un movimiento homogéneo, sino uno muy diverso, que intenta interpelarse a sí mismo, y que históricamente más transformaciones ha traído, como cambiar las condiciones de vida de las mujeres y de las personas de las disidencias sexuales”, agrega. “Hace 100 años no podíamos ni votar, salir solas o usar pantalones”, lamenta la activista.

Ana Cristina, abogada por la Universidad Técnica de Loja y socióloga por la Católica, es parte de Surkuna, una organización feminista que se creó en 2014. Se enfoca principalmente en temas relacionados con el aborto y la violencia basada en género.

La activista y su equipo, además de varios servicios, defienden legalmente a las mujeres criminalizadas por aborto y complicaciones obstétricas. Pues considera que la penalización del aborto es una grave violación a los derechos humanos y que las mujeres empobrecidas, jóvenes con menos recursos, son las afectadas, las que se arriesgan a morir o enfermar en procesos inseguros.

También acompañan a niñas y mujeres que quieren acceder al aborto en las causales actualmente existentes en Ecuador. Eso les ha permitido evidenciar que existen barreras al punto de poner en riesgo sus vidas. “La posibilidad de que les nieguen el procedimiento por desconocimiento, por prejuicio, es tan alta que es súperimportante esta labor de acompañar e ir generando cambios en el sistema de salud”, advierte Ana Cristina.

El lunes 4 de marzo, Francia se convirtió en el primer país del mundo que consagró el derecho al aborto en su Constitución. Para la activista, es un logro histórico. “Si hay algo que sabemos las feministas es que nadie nos regala nada. Y eso es fundamental porque la lucha no puede terminar”, asiente. Pero no solo en Europa se ha visto un avance, sino también en la región, como en Colombia (con la despenalización del aborto voluntario) o Argentina. En Ecuador, la despenalización del aborto por violación es significativo, dice, pero Francia demuestra que siempre se puede ir más allá.

En el país, según la activista, la penalización se ejerce principalmente contra determinadas mujeres. “Jamás he tenido un caso de una mujer que haya sido criminalizada desde una clínica privada, pero sí de las que van a hospitales públicos. El 70 % de mujeres criminalizadas son afros (...) sin ninguna prueba, así las condenan, porque no lloraron, porque (dizque) no actuaron como una mujer debe actuar cuando pierde un embarazo (...) Y cuando no las mandan a la cárcel, las ponen condenas como cuidar niños en el orfelinato, para ver si así desarrollan el instinto maternal”, sostiene.

Ahí juega un papel crucial el feminismo. Pero es un momento de mucho auge de los feminismos, donde, según Ana Cristina, es importante aprender a escucharlos. El reto está en establecer diálogos que permitan modificar la práctica, pero también ser capaces de responder si están o no de acuerdo.

Finalmente, la activista considera que es urgente despenalizar el aborto en todos los casos. Que haya medidas que permitan prevenir los embarazos no deseados, es decir, educación sexual integral. También se debe pensar en políticas económicas redistributivas: la precarización de la vida, la violencia del crimen organizado, el desempleo y subempleo afecta de forma desproporcionada a las mujeres. Priorizar políticas de salud y educación para mejorar la sociedad. “Creo que desde la sociedad civil, aunque sea chiquito, lo vamos logrando. El Estado podría hacerlo en grande, si de verdad tuviera compromiso político para hacerlo”, concluye.

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