Los femicidios se disfrazan de sicariato: una creciente realidad en Ecuador

Han pasado más de nueve meses desde que Ayme Janeth Solórzano Montecé, de 29 años, fue asesinada con cinco disparos, uno de ellos en el rostro, por sicarios en moto en el suroeste de Guayaquil. Su familia aún no encuentra consuelo, mientras que los responsables, tanto el autor intelectual como los ejecutores, continúan en libertad.

Ayme fue la primera víctima de femicidio en Ecuador en 2024. El crimen, ocurrido el 3 de enero cuando ella estaba afuera de su domicilio, fue presentado como un acto de delincuencia común debido a la manera en que se ejecutó, aunque se trata de un femicidio.

Sus seres queridos sostienen que el autor intelectual es su expareja y padre de sus hijos, Steveen Martínez. A pesar de las pruebas y sospechas, la justicia no ha logrado capturar a los responsables. La familia de Ayme sigue exigiendo que se haga justicia.

El día del asesinato, Ayme había recibido un mensaje de Martínez, quien le pidió que saliera a recoger dinero para sus hijos. Fue entonces cuando dos hombres en una motocicleta la interceptaron y uno de ellos le disparó.

"Mi hermana intentó huir, pero no lo logró. Él ya la había amenazado de muerte, pero jamás pensamos que lo cumpliría. Incluso tenía una boleta de auxilio. La maltrataba física y psicológicamente. Hasta ahora, no hay detenidos", lamenta su hermana.

El 14 de junio, Martínez, el principal sospechoso, se fugó a Chile, aprovechando la ausencia de una boleta de captura en su contra. "Él intentó encubrir el femicidio. Nosotros fuimos quienes denunciamos. El caso sigue estancado. Solo pido justicia para ella", ruega la hermana.

Este no es un caso aislado. En Ecuador, otros femicidios han sido disfrazados como crímenes de delincuencia común. Los autores intelectuales, en lugar de cometer los asesinatos directamente, han contratado sicarios para llevar a cabo el crimen.

Cortina de humo en el sistema de justicia de Ecuador

En 2019, Valeria Vargas fue asesinada en lo que inicialmente se creyó que era un secuestro. Tres años después, en 2022, en Ibarra, un hombre ordenó el asesinato de su expareja y su hija de 9 meses. En 2023, en Quito, la comerciante Paola Ortega fue asesinada bajo la apariencia de un robo.

Geraldine Guerra Garcés, presidenta de Aldea, y Soledad Angus, abogada del Centro de Promoción y Acción de la Mujer (Cepam Guayaquil), coinciden en que los femicidios han evolucionado en su forma de ejecución, con el uso de sicarios como una nueva modalidad.

"Los femicidios mediante sicariato sirven como cortina de humo. El sistema judicial los clasifica como simples sicariatos, lo que produce cifras oficiales engañosas. Afirman que los femicidios han disminuido, pero en realidad están siendo camuflados bajo otros tipos penales. El Estado no está cumpliendo con su deber de investigar correctamente desde el inicio", advierte Guerra.

Se invisibiliza la violencia de género

Casos como el de Valeria Vargas o el de Paola Ortega fueron esclarecidos gracias a las cámaras de seguridad y a la perseverancia de las familias. Sin esas pruebas, habrían quedado impunes, agrega Guerra.

"La muerte de Ayme Solórzano también apunta a un femicidio. Sin embargo, al abordarse bajo otro tipo penal, se permitió que el autor intelectual escapara", enfatiza.

Angus añade que históricamente las muertes violentas de mujeres se contabilizaban en una sola categoría, lo que invisibilizaba la violencia de género. Explica que el femicidio se tipificó en 2014 en el Código Orgánico Integral Penal para diferenciar estos casos de otros crímenes, como homicidio o sicariato.

"A medida que el crimen organizado crece, es más difícil identificar los femicidios motivados por razones de género. Los agresores buscan disfrazar estas muertes, lo que facilita la impunidad del autor intelectual", concluye Angus.

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